El secreto bancario uruguayo en jaque – Por Eduardo Camín

A fines del mes de marzo del 2009, durante la Cumbre Progresista llevada a cabo en Viña del Mar (Chile) el primer presidente de la “izquierda” uruguaya Tabaré Vázquez , – hoy reelecto por un segundo mandato- acuñó un mensaje inequívoco en materia de secreto bancario “Durante mi gobierno el secreto bancario no va a ser tocado, hay que ser muy cuidadosos con este tema, porque puede tener un impacto negativo puntual”, afirmo.

Luego de reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. “Hay que saber cuándo uno toca estos temas. Se debe hacer con mucha mesura, con mucho argumento, con mucho conocimiento y sin ningún tipo de improvisación”, agregó Vázquez en declaraciones a la prensa, siguiendo la misma línea de razonamiento de Danilo Astori cuando unos días antes cuestionó con dureza a José Mujica por su propuesta de negociar con los socios del Mercosur el levantamiento del secreto bancario. “Mientras yo esté al frente del gobierno del Uruguay, la economía y el relacionamiento con los actores económicos y financieros de nuestro país va a seguir siendo tratado como lo fue hasta ahora. Lo dije en el discurso del 7 de marzo: no va a haber cambios”, afirmó el presidente.

Pero la agenda internacional es caprichosa y la falta de liquidez de las grandes economías capitalistas occidentales pone en el tapete estas prácticas opacas de la actividad bancaria y financiera como lo es el secreto bancario.

La crisis financiera actual y la revelación de una serie de dudas sobre los instrumentos diseñados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la crisis del sudeste asiático como la banca de las sombras, los centros financieros extraterritoriales u offshore, agudizaron el desarrollo de políticas donde la opacidad de las finanzas está socavando la democracia.

Uno de los guardianes del templo económico, paladín del secreto bancario Suiza, que fue ampliamente criticado en los últimos años, podría desaparecer definitivamente en 2018, con la aplicación del primer intercambio automático de informaciones bancarias.

El gobierno suizo adoptó recientemente una serie de medidas que incluyen los mandatos de negociaciones con países socios, como la Unión Europea o Estados Unidos, para aplicar la nueva norma internacional que rige el intercambio automático de informaciones en materia fiscal. Según un portavoz del secretariado de Estado para los asuntos financieros internacionales (SFI), la norma podría entrar en vigor en 2017 y las informaciones recogidas este año podrían ser transmitidas en 2018 a las autoridades fiscales de los países implicados.

Suiza se comprometió en el Foro mundial sobre la transparencia y el intercambio de informaciones con fines fiscales, a tomar las medidas necesarias para estar lista en 2017 con el fin de recolectar datos sobre las cuentas pertenecientes a extranjeros. No obstante bajo la presión internacional, Suiza entregó recientemente a Francia y a Estados Unidos las listas de los que tienen cuentas no declaradas. Los bancos suizos piden ahora a sus clientes ponerse en regla con sus fiscos respectivos, bajo la amenaza de que sus cuentas serán bloqueadas.

Por otras parte y gracias a una iniciativa del Gobierno Francés, la AFIP Argentina hizo realidad el sueño más acariciado por cualquier recaudador de impuestos: tuvo acceso a un listado con los nombres de 3.900 argentinos con cuentas secretas en Suiza y salió a la caza de presuntos evasores. En estos días, la agencia tributaria argentina está enviando cartas a las personas que figuran en la lista, en la cual se les notifica que el fisco nacional sabe que tienen en el sistema bancario suizo dinero no declarado y los “invita” a regularizar su situación. Esa normalización implicaría la admisión de la evasión cometida y la repatriación de las divisas al sistema financiero local, es decir una amnistía fiscal.

En todo caso, lo que está ocurriendo en estos días tiene una fuerte significación política porque marca un punto de inflexión respecto del -hasta ahora- inquebrantable secreto bancario suizo. Más allá de que se consiga la repatriación de los fondos no declarados, el mensaje que está recibiendo el conjunto de los contribuyentes es que la AFIP está obteniendo éxito en su intento de extender la lupa fuera de fronteras, y con especial énfasis en los “paraísos fiscales”. Lo de Suiza, “es como una señal” para el resto de los países.

El caso uruguayo

En todo caso autoridades de gobierno uruguayo ya transmitieron a algunos actores del sector privado que en los próximos dos años, Uruguay deberá ir hacia el intercambio automático de información tributaria y por ende al fin del secreto bancario para el fisco. Si bien, se puede avanzar en forma sucesiva, habrá que ir hacía allí, entienden en el Poder Ejecutivo, según indicaron fuentes del sector privado.

Actualmente, el intercambio de información que practica Uruguay con aquellos países con los que tiene acuerdo es a pedido del fisco y con levantamiento del secreto bancario autorizado por la Justicia y en procesos que llevan varios meses. El intercambio automático que se viene, supone que el fisco extranjero acceda a la información que requiera “en línea”.

El profesor de Fiscalidad Internacional y de Derecho Financiero en la Universidad Católica y socio del Estudio Brum-Costa Abogados, Leonardo Costa, dijo a la prensa que Suiza, país paradigma en materia de secreto bancario “va hacia el intercambio de información tributaria en forma automática”. Eso significa que un fisco extranjero podrá acceder a “toda la información bancaria” que requiera de Suiza.

Sin embargo los defensores del neoliberalismo de izquierda o de derecha pregonan algunas visiones criticas, antes que Uruguay pueda estar en condiciones de avanzar en acuerdos automáticos de información fiscal sin orden judicial previa con terceros países (fines de 2017 o 2018), deberá “modificar” la ley de acceso del secreto bancario, precisó una fuente del Poder Ejecutivo.

Para tributarias y expertos consultados en materia de fiscalidad declaran que este no es un tema menor que cambia las reglas de juego actual sobre las cuales venía transitando el país para cumplir con las recomendaciones del Foro de Transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El tributarista de Guyer & Regules, Juan Bonet, advirtió a la prensa sobre “los cambios” que primero deberá realizar Uruguay sobre el “secreto bancario”, para estar en condiciones de “cumplir” con el compromiso que asumió en Berlín ante la OCDE para ir hacia acuerdos automáticos de información fiscal sin orden judicial. Para el experto, la nueva obligación que asumió Uruguay “va en contra de toda la normativa interna y de negociación de convenios” -de intercambio de información y para habilitar la doble imposición tributaria- que Uruguay venía impulsando hasta ahora. Bonet explicó que la política de intercambio de información que aplica Uruguay, “se hace previo requerimiento y caso por caso, sin pedidos al barrer (conocidas como “expediciones de pesca”) para acceder a información de los contribuyentes”. Según evaluó el experto, el nuevo esquema que persigue la OCDE con los intercambios automáticos “va en contra de esa política”. Recordó que Uruguay no ha avanzado hasta el momento en esa línea, porque “ha optado por preservar garantías constitucionales” como el derecho a la privacidad, intimidad, y las garantías del debido proceso, para que se pueda controlar la información que se está enviando al exterior. “El intercambio automático tiende a considerar la no preservación de esos derechos. Entendemos que el mundo va para ese lado, pero no fue la política que aplicó Uruguay hasta el día de hoy”, cuestionó.

En la misma línea, los catedráticos de Derecho tributario de la Universidad ORT, Alberto Varela y Gianni Gutiérrez, expresaron su visión crítica sobre los cambios que promueve la OCDE en países como Uruguay. “La presión para intercambiar información bancaria en forma automática viene de la OCDE. La OCDE es un club de países ricos, que atraviesan una larga crisis y por ello están desesperados por cobrar más impuestos. Uruguay no es un país rico, ni está en crisis, por lo que esta presión le es totalmente ajena a sus intereses”, cuestionaron los expertos.

Para Bonet de Guyer, toda la normativa que se sancionó a partir de 2011, previendo el relevamiento del secreto bancario por la firma de convenios con el exterior, “de alguna manera debe ser ajustada” porque está diseñada para intercambios “caso a caso”, y “previo requerimiento” que prevé que una autoridad uruguaya “controle” la pertinencia de cada pedido de un fisco extranjero.

Por su parte, para el economista Gustavo Licandro, director de Licandro Servicios Financieros, “un mecanismo automático sin las garantía que otorga la participación del Poder Judicial, puede ser tremendamente arbitrario, tanto como arbitrarias sean las administraciones de otros países con aquellos contribuyentes a quienes quieran perjudicar por razones de cualquier tipo”. A su juicio, la OCDE “solo se preocupa por frenar los flujos de capitales hacia las economías emergentes”. En Uruguay pasó del 3% al 6% del PIB en los últimos años, recordó. “Un parte de ese ingreso de capitales proviene de Argentina, buscando seguridad jurídica en nuestro país donde se respeta el derecho de propiedad. Es inocultable el daño que podría causarnos la OCDE, si el flujo de capitales se enlentece por esta razón”, alertó Licandro.

Fuentes del Poder Ejecutivo aseguraron que el compromiso que firmó Uruguay ante la OCDE en Berlín el pasado viernes “no implica abrir las puertas” para que terceros países (como Argentina) soliciten datos a Uruguay, sin necesidad de contar con una orden judicial. “Aún no hay ningún compromiso firme (ante la OCDE) y que sea de inminente aplicación para Uruguay”, precisaron las fuentes. “El compromiso de avanzar en el intercambio automático de información fiscal dependerá de la próxima administración de gobierno”, indicaron. Asimismo, comentaron que si Argentina “tiene intensiones de avanzar” en un acuerdo de intercambio de información automático con Uruguay, hay que “negociar” un “nuevo tratado” tributario con la vecina orilla, ya que el que está vigente hoy no contempla esa posibilidad. “Esto no es un trámite. Es un proceso complejo”, afirmaron las fuentes del Ejecutivo.

Del otro lado del Plata no lo ven con los mismos ojos ya que en sólo dos años, la Argentina podrá pedir información bancaria a Uruguay sin el aval judicial. Así se desprende del nuevo sistema de intercambio automático de información que tanto Uruguay como la Argentina firmaron en Berlín, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y de hecho, gracias a ese compromiso, Uruguay deberá levantar el secreto bancario sin necesidad de un aval de la Justicia. Hasta la fecha, el acuerdo que se mantiene vigente entre Argentina y Uruguay necesita que el pedido de información cruzada sea avalado por los gobiernos. Pero de concretarse lo antes expuesto, si la AFIP solicitara información a un banco en Uruguay, no habría obstáculos a partir de 2017.

El nuevo sistema permitirá a las entidades recaudadoras intercambiar una amplia gama de información de entidades financieras (bancos, sociedades de bolsa y ciertas aseguradoras) referidas a cuentas de “no residentes”, incluidos los saldos y la propiedad efectiva.
Entre los más de cincuenta países que firmaron el acuerdo también están incluidos Luxemburgo, las islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles y Suecia. AFIP suscribió en Berlín el convenio en el que participan cincuenta países y que permitirá a la entidad recaudadora acceder a información bancaria y financiera, incluidos los saldos de las cuentas y la propiedad efectiva.

El modelo fue pergeñado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una organización internacional que se ha convertido en un activo promotor del intercambio multinacional de información sobre cuentas financieras y otros activos en poder de personas en países fuera de su domicilio habitual. OCDE produjo el 13 de febrero de este año el documento “Estándar para el intercambio automático de información de cuentas financieras – Estándar de Reporte”, que promete revolucionar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y los controles del delito financiero en todas las regiones del mundo.

El programa de la OCDE aparece casi cuatro años después de que Estados Unidos promulgara la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero de EE.UU., comúnmente llamada Fatca. El Estándar de la OCDE entro en vigor el primero de julio de 2014, fecha en que entra en vigencia la ley Fatca, por menos de cinco meses. El Estándar de la OCDE ofrece un marco sobre cómo las instituciones financieras y otros negocios deben llevar a cabo la debida diligencia sobre los propietarios de las cuentas financieras y cómo esta información será compartida con otros países.

Este nuevo estándar mundial propuesto por la OCDE tiene por objeto descubrir evasores fiscales a nivel internacional. Su amplio alcance cubre individuos, fundaciones, fideicomisos y empresas pantalla a través de un procedimiento de registro. Este procedimiento no se pronuncia sobre el requisito para nombrar a beneficiarios finales. OCDE se mantiene en silencio sobre los mecanismos de cumplimiento. Pero pronto habrá más novedades.

Mientras, el gobierno uruguayo monitorea el proceso de auditoría del Foro Global de Transparencia fiscal al que es sometido Uruguay -conocido como Fase II- también está atento a hacia dónde va el mundo en materia de intercambio de información tributaria: como el fin del secreto bancario. “En el gobierno son conscientes de este aspecto”, advirtió una fuente del sector privado. El intercambio de información tributaria entre organismos de recaudación de diferentes países ya es un “estándar” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El profesor de Derecho Financiero y de Tributación Internacional en la Universidad de la República y en la Universidad de Montevideo y socio del estudio Sanguinetti/Foderé, Carlos Loaiza, dijo recientemente que el intercambio automático es “el fin del secreto bancario”. Si bien “no es una discusión que Uruguay tenga que resolver ya”, sí se va a procesar “en los próximos dos años”, lo que implica “en Uruguay un serio debate sobre el secreto bancario”. afirmó Loaiza. Con ese diagnóstico coincide Costa. “Hay modificaciones legales que habrá que ir procesando” en un lapso de “dos años”, afirmó.

Este cambio que impulsa la OCDE obligará también a renegociar los 27 acuerdos de intercambio de información tributaria que tiene Uruguay con países como Alemania, Argentina, Australia, Brasil, España, Francia, Inglaterra, México y Suiza entre otros.

Para el catedrático de Derecho Tributario en la Universidad ORT e integrante de Ferrere Abogados, Alberto Varela, el “intercambio de información tributaria en forma automática es un disparate” porque implica dar “información al barrer” cada cierto tiempo. Loaiza apuntó que este esquema con la eliminación del secreto bancario “va en contra de nuestros principios jurídicos, incluso de la Constitución” y dijo que genera un “gran desafío operativo” porque requiere que los dos fiscos “estén interconectados mediante un software”.

Mientras espera por como decantará la situación del secreto bancario, el gobierno uruguayo juega otro partido: el de la revisión de la Fase II del Foro Global de Transparencia fiscal y que audita si las leyes y procedimientos que tiene el país realmente permiten intercambiar información tributaria con otros países.

Para el profesor Loaiza “no va a haber problemas por el lado de la Dirección General Impositiva (DGI) -que es la encargada de intercambiar datos con fiscos extranjeros- pero sí en otras oficinas como la Auditoría Interna y el Registro” y también por el lado “del manejo del secreto profesional” que para OCDE debería ser más restrictivo”. En el gobierno -que ya contestó el formulario inicial del organismo- se entiende que va a haber algún inconveniente con el hecho de que Uruguay proporciona información desde la fecha que entra a regir el tratado y no en forma retroactiva, según dijeron fuentes del sector privado que conocen la situación. Este es uno de los planteos que puede cuestionar Argentina.

La posibilidad de integrarse a la OCDE en la visión de los expertos

El profesor de Derecho Financiero y de Tributación, Carlos Loaiza publicó a fines del año pasado el libro “Ser o no ser: Uruguay y su camino hacia la OCDE” en el que explora las alternativas que tienen Uruguay para ser parte de este club de países desarrollados y recomienda su adopción. Según Loaiza el país debería seguir el camino de Chile que terminó convirtiéndose en miembro pleno de esa organización. Eso lo llevó a cabo el gobierno de centro-izquierda de la Concertación y le permitió poder procesar reformas económicas que de otro modo no habrían sido llevadas a cabo, indicó. Si bien, Uruguay no puede convertirse ya en miembro pleno de la OCDE, Loaiza sugiere que comenzar por dar pasos en ese sentido -como ser observador en órganos técnicos- ligados a una “agenda de política exterior uruguaya”. Por su parte, el profesor de Derecho Tributario, Alberto Varela opinó que la OCDE es “un superpoder que somete a las naciones a cambios legislativos y a veces hasta constitucionales en beneficio de un grupo de países poderosos que hoy están en problemas”.

Es evidente que los grupos ligados al poder –defensores por otra parte de cuanto mega-proyecto anda en la vuelta- (megamineria, plantas de celulosa, puertos de agua profundas etc.). Aun niegan los mecanismos de los paraísos fiscales offshore, la banca de la sombras el lavado de capitales y el secreto bancario a pesar de las evidencias acumuladas. Aunque generalmente lo hagan de modo sutil o indirecto, al reducir las críticas al aspecto más general como es su incidencia en la opacidad y el descontrol de los negocios financieros. Cada vez existen más estudios y análisis críticos solventes sobre las crisis que señalan el papel de los paraísos fiscales como parte del sistema bancario de la sombra. El capitalismo libra sus batallas en todos los frentes pero ahora entre sus aliados.

Eduardo Camin*
*Periodista Uruguayo Jefe de Redacción Internacional Hebdolatino y miembro de la Plataforma Descam, Ginebra.
Columnista de Nodal