Amenazas a la competencia en nueva ley electoral – Diario La Tercera, Chile

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

En ceremonia oficial en La Moneda, la Presidenta de la República promulgó ayer el proyecto de ley que pone fin al sistema binominal y lo reemplaza por otro proporcional. Los defensores de esta reforma legal han señalado que con ella se promoverá la competencia en el sistema político y permitirá mejorar sustancialmente el nivel de representatividad, pues terminará con la hegemonía de dos coaliciones y se aumentará el número de parlamentarios, todo ello sin supuestamente representar gastos adicionales para los contribuyentes.

Si bien es deseable aumentar la competencia electoral, parece improbable que la nueva ley logre satisfacer tales expectativas y supere las debilidades del binominal. En particular, porque no corrige la mayor falencia del actual sistema, que es la excesiva entrega de ventajas y privilegios -particularmente por la vía de asignaciones y restricciones a las campañas- a los parlamentarios que ya ocupan el cargo en desmedro de aquellos que aspiran a desafiarlos.

La nueva ley no toca ninguno de dichos privilegios; sin embargo, sus promotores insisten que la mayor competitividad está asegurada, pues se aumenta el número de cargos a elegir según el número de habitantes y en nuevos distritos que ahora serán territorialmente más amplios; asimismo, se podrán presentar tantos candidatos como cargos a elegir. Es fácil advertir que el aumento del número de diputados y senadores, además de ser altamente impopular entre la ciudadanía, en los hechos probablemente consagrará el statu quo, pues aquellos parlamentarios ya electos difícilmente verán amenazado su cupo. Peor aún, el que se pretenda terminar con cualquier aporte de empresas a las campañas y descansar en el financiamiento del Estado, hará mucho más difícil desafiar a los incumbentes, pues al ser territorios más grandes, las campañas serán más costosas, y los fondos estatales serán insuficientes para compensar las asignaciones parlamentarias.

Inexplicablemente la nueva ley debilita uno de los avances más interesantes que había logrado nuestra democracia, como el haber introducido el mecanismo de las primarias vinculantes para cargos de elección popular. En efecto, la ley promulgada consagra cuotas de género en favor de la mujer, y para garantizar que se cumpla con dicha cuota, se prohibirá someter a primarias hasta 2029 a más de un 40% de las candidaturas a diputados y senadores. Ello supone un evidente retroceso, y no hubo explicación plausible que justificara la preeminencia de una disposición por sobre la otra.

Una de las ventajas más importantes del binominal era el hecho de que forzaba la existencia de dos grandes coaliciones, lo que favorecía la gobernabilidad. El sistema proporcional que se introducirá no termina del todo con ello, pero tenderá a la atomización de las fuerzas políticas, dando un poder excesivo a grupos poco representativos. Incluso se flexibilizan los mecanismos para constituir partidos políticos, al rebajarse de 0,5 a 0,25% el número de electores necesarios en una región. La tentación a formar partidos -y por esa vía nominar candidatos y obtener fondos estatales- será alta, sin que dicho efecto haya sido apropiadamente calibrado.

El Ministerio del Interior insiste que la nueva ley -pese al aumento de parlamentarios- no implicará un aumento de fondos públicos, y que ello se podrá compensar reasignando el presupuesto ya existente. Tal objetivo parece improbable, pero de ser posible, querría decir que el actual presupuesto parlamentario ha sido exagerado, lo que debería ser aclarado.