Comitivas de Bolivia y Chile alistan viaje para inicio de alegatos en la CIJ

El presidente del Senado, Luis Alberto Gonzales, informó ayer que una delegación de ocho autoridades acompañará al equipo de juristas que viajará esta semana a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para la etapa de alegatos orales. De acuerdo a información que pudo conseguir el periódico digital Oxígeno.bo, la comitiva boliviana viajará el viernes. Los alegatos empiezan el 4 de mayo.

La comisión nacional estará compuesta por el canciller David Choquehuanca, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, el procurador Héctor Arce, el director de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón, la presidenta de la Comisión de Política Internacional, Patricia Gómez, una representante supranacional y el presidente del Senado.

“Ese es el equipo que va a estar participando en el caso concreto nuestro, no somos los protagonistas de la demanda, esa tarea estará a cargo del doctor (Eduardo) Rodríguez y de los cuatro abogados (internacionales)”, informó Gonzales en conferencia de prensa.

El presidente del Senado descartó la presencia del mandatario del Estado, Evo Morales, en la delegación de Bolivia como hace una semana anunciaron medios de chilenos. “El Presidente (Evo Morales) no va, no conozco de dónde surgió esa versión que en algún medio chileno tuvo repercusión. Nunca hubo esa posibilidad en mesa”, aseguró.

En Chile

En tanto, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, se reunió ayer con un comité asesor con el fin de afinar los detalles de cara a los alegatos orales que se efectuarán en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la demanda marítima boliviana a partir del 4 de mayo próximo.

“Hemos conversado sobre diversas iniciativas que estamos realizando”, afirmó el jefe de la diplomacia chilena al término de una cita en la que participaron académicos y abogados que trabajan con el equipo que representa a Chile ante la CIJ.

El Canciller reiteró que la defensa de Chile se concentrará en presentar “argumentos de manera clara, contundente, para convencer a la corte de que no tiene jurisdicción para conocer de un asunto que fue resuelto por un tratado válido y vigente desde hace 110 años.”

Los Tiempos