Ante el fallido intento de reforma tributaria, el Gobierno inicia plan de recortes

El primer ejecutivo se reunió ayer con la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta y a la jueza administradora de la Oficina de la Administración de Tribunales, Isabel Llompart, para discutir recortes en la Rama Judicial.

El gobernador Alejandro García Padilla continuó ayer la discusión del presupuesto en diversas reuniones en La Fortaleza con su equipo fiscal y se confirmó que su administración espera ahorrar $50 millones con la reducción de 15 horas de la nómina mensual de los empleados públicos.

La medida excluiría a los policías, maestros y oficiales correccionales, confirmó el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz.

Mientras a la Rama Judicial, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios se les reduciría 20 por ciento de las asignaciones que reciben a través de su fórmula de financiamiento. Esta medida pudiera totalizar recortes de $300 millones. Actualmente, “estas tres fórmulas totalizan $1,500 millones. Se ajustaría esa cantidad en 20 por ciento”, apuntó

Precisamente ayer, el primer ejecutivo recibió en la Mansión Ejecutiva a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta y a la jueza administradora de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT), Isabel Llompart, para discutir los posibles recortes al presupuesto de la Rama Judicial.

La reunión duró casi dos horas y aunque no hubo un compromiso del primer ejecutivo, la jueza Llompart dijo sentirse esperanzada en que los recortes no se concretarán.

Llompart confirmó que la propuesta es recortar $69 millones del presupuesto de la Rama Judicial que totalizarían $97 millones con la congelación de la fórmula de financiamiento vigente desde el año pasado tras la aprobación de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal.

La jueza administradora dijo que de concretarse el recorte se pudiera cerrar todas las salas municipales, las salas de primera instancia que no son centros judiciales y reducir la jornada laboral. Además, no se descarta la reducción de beneficios al personal y limitar el horario de las salas de investigación que trabajan de noche, fines de semana y días feriados.

De acuerdo con Llompart, “las alternativas (para reducir la jornada laboral) son recortar el horario o eliminar días de trabajo”.

La jueza administradora informó que en la actualidad ya se han cerrado 11 salas municipales y solo quedan 15 abiertas.

“Todo esto afecta el acceso a la justicia porque esas salas que se han cerrado, esas personas que están en esos pueblos, tienen que ahora ir más lejos para buscar esos servicios”, sostuvo al salir de la reunión con el primer ejecutivo.

Sin embargo, la jueza administradora descartó que el recorte de presupuesto pueda afectar el derecho de los acusados a un juicio rápido. “Los derechos de los acusados y los derechos de las víctimas y testigos se van a garantizar de la misma forma”, concluyó.

La Rama Judicial cuenta con 5,300 empleados, 253 jueces superiores, 85 jueces municipales y 39 jueces de apelaciones, informó la OAT.

El vocero

Piden a García Padilla​ que no recorte fondos a la cultura

La Junta Directiva del Colegio de Actores de Puerto Rico reclamó el jueves, de forma contundente que no se toquen los fondos de la cultura en el próximo presupuesto pues dicha acción redundará en disminuir aún más los pocos empleos temporeros para actrices, actores y todo el andamiaje de trabajadoras y trabajadores que constituye las valientes empresas de teatro y cine puertorriqueño.

“Ante el anuncio de más recortes a la cultura en general y a las organizaciones sin fines de lucro donde también se generan trabajos temporeros para el cine y el teatro puertorriqueño, exigimos que se dé a la cultura la misma consideración que el gobernador Alejandro García Padilla ha expresado tendrá con la agricultura. Las artes representativas producen manufactura tangible e intangible que generan ganancias directas a sus trabajadores y trabajadoras. La debilidad de nuestro sector es por la ausencia de política pública que lo proteja, o del uso saludable de la ya existente, hasta maximizar sus capacidades que generarían riqueza al erario público”, dijo Anamín Santiago en un comunicado de prensa.

Mencionó que no basta con medidas que conviertan en patrono autogestor al artista. “¿Acaso puede todo el mundo ser patrono? Se necesita toda una estructura que lleve a niveles industriales la producción artística y que vea como médula de la misma a la fuerza de trabajo compuesta por actores, bailarinas, cantantes, técnicos, directoras, coreógrafos, asistentes, entre otros y otras. El mismo interés que se ha puesto en la agricultura traería beneficios económicos al país y a la calidad de vida si se le da a la cultura”, demandó.

Sostuvo que esto coincide con lo planteado en el informe original de la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) en la sec. 3.4.4 que dice

¨Los trabajadores creativos –principalmente bailarines, actores, músicos, escultores, pintores y escritores- se encuentran en el punto original de la cadena de valor. Ellos suplen el material crudo creativo que puede ser vendido como un producto final al consumidor o en otras ocasiones como un impulso a la siguiente etapa en cualquier secuencia de producción. Sin importar si se encuentra en un país desarrollado o en vías de desarrollo, el contenido artístico a menudo es representado en formas culturales y prácticas pertenecientes al país o comunidad local correspondiente. A pesar de los altos niveles de habilidad que estas personas tienen, su recompensa en términos financieros es baja, no obstante, la práctica de estas artes otorgan un gran valor cultural y los beneficios no comerciales que los artistas otorgan, necesitan ser reconocidos y promulgados en estrategias políticas hacia el sector cultural¨, añadió.

“Ya son precarias nuestras condiciones laborales temporeras y mal pagas. Si se reduce aún más el apoyo gubernamental se nos lanzará a la miseria y al exilio”, dijo Santiago.

“Para muestra un botón. Veamos la situación de las actrices y actores del país: las políticas públicas en nuestro país han destinado el ejercicio de la actuación a 3 festivales teatrales del ICP y a algunos municipales, a efímeros proyectos apoyados por Donativos Legislativos, Departamento del Trabajo y Apoyo a las Artes, a estar casi ausentes de la TV local, a 2 escenas en las películas norteamericanas que se filman en PR con incentivos locales, de lo contrario la actriz y el actor tienen que ir a USA a audicionar aunque se filmen en Puerto Rico, ha sido condenada a la subcontratación en la radio pública que cada tanto les deja sin contrato y trabajo, está prohibida en los espacios públicos abiertos o a merced de contratos temporeros y simpatías con la administración municipal de turno intervenida por el partidismo, cobro por parte del Cuerpo de Bomberos de 75 dólares por función aunque no haya fuego, se eliminó la industria del doblaje y la compañía teatral de maestros, totalmente ausente de plazas de trabajo con días por enfermedad, vacaciones ni mucho menos retiro, entre otras restricciones y prohibiciones”, continuó argumentando.

Los casi 30 años de trabajo a profundidad del Colegio de Actores de Puerto Rico nos enseñan que no hace falta crear muchas más leyes sino poner a funcionar al máximo las que existen.

Reivindicaciones para elevar la calidad de vida del actor y actriz puertorriqueña a 10 años:

A) Que los productos dramáticos de WIPR se vendan a países interesados en nuestra cultura como España, República Dominicana y otros. Productos enfocados en esos mercados generarían ganancias y empleos.

1) Que se practique el sistema de regalías por los productos fílmicos para Tv, Cine o Internet

B) Que se exija a las producciones extranjeras de cine y teatro por cientos equitativos de participación de artistas y técnicos locales, acorde con los incentivos contributivos que les damos. Esto cambiaría dramáticamente el desempleo en nuestro sector.

C) La creación por ley de compañías teatrales y de cine sin fines de lucro, municipales, regionales y nacionales que trabajen todo el año y generen empleos y ganancia pública.

D) Uso de las artes representativas en las campañas preventivas y educativas de las instituciones públicas con los fondos ya existentes:

1) Que se reactive la Compañía teatral de maestras y maestros en el Departamento de educación, donde los actores y actrices tenían plazas de trabajo como las que tiene el magisterio regular, llevando teatro a todo el país todo el año. Su contenido debe ser acorde con las necesidades educativas y sociales que ocupan al Departamento de Educación

2) Que el modelo de la Compañía de maestros y maestras sea replicado por el Departamento de Salud, Departamento de Familia, la Compañía de Turismo, ASSMCA, entre otras instituciones gubernamentales.

3) Algunas procuradurías pueden crear sus compañías teatrales permanentes para sus divisiones educativas y preventivas, entiéndase pero no se limita, a la Procuraduría de la Edad Avanzada, la Procuraduría de personas con impedimentos, Procuraduría de la Mujeres, entre otras.

E) Que se liberen los espacios públicos abiertos y estos puedan ser ocupados por artistas independientes continuamente. Que el dinero que esos artistas recojan en sus cajas o sombreros no sea tributable ni sus artistas estén obligados a sacar patentes municipales, exención contributiva, exclusión de licencia de promotor, ni poseer contratos ni permisos del municipio. Todo acorde con la ley de revitalización de cascos urbanos que no ha sido puesta en práctica al máximo y la protección a las PyMes.

F) Que se liberen los teatros públicos que están en desuso o destinados a actividades no teatrales para el fortalecimiento de la dramaturgia local. Este posible proyecto de Ley se discute en estos momentos en el Círculo Puertorriqueño de Dramaturgos y dramaturgas, s. 21, el escritor y escritora de teatro local vendría a escenificar sus obras con el apoyo de los municipios, quienes proveerían los permisos de uso, seguros, técnicos, publicidad. No se venderían boletos sino que se practicaría el donativo antes o después de las funciones y éste se repartiría en el elenco y equipo de trabajo, bajo previo acuerdo, por horas de trabajo invertido.

G) Que se oficialice la devolución de la exención contributiva a las productoras y productores de teatro, con la cual se tiene acceso a los fondos para la producción teatral del país (ICP, Fondo Legislativo, Departamento del Trabajo, etc) de lo contrario desaparecerían la mayoría de las compañías teatrales.

H) Que se otorgue un periodo moratorio de 10 años sin rendimiento de IVU en todos los puntos de la cadena de producción de teatro y cine sin fines de lucro, incluyendo compras exentas, de tal forma que entremos al desarrollo económico del país cuando nuestro sector de muestras de solidez financiera y alta creación de empleos y plazas de trabajo bien remunerados.

Metro