Bolivia y Chile en La Haya. Opinan Máximo Quitral y Eduardo Paz Rada

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Chile y Bolivia: tan lejos y tan cerca – Por Máximo Quitral

Comenzaron los alegatos en La Haya entre Bolivia y Chile para que el tribunal internacional se defina competente o no sobre el diferendo marítimo que ha enemistado por varias décadas a ambos países. Esta decisión, conocida como excepciones preliminares, ha sido sustentada por Chile en razón del Tratado de 1904 que, a juicio del Canciller Muñoz y como ha sido replicado a lo largo de la historia, zanjó cualquier tipo de diferencia diplomática.

Sin embargo, desde lado el boliviano, esta tesis negacionista que se ha impuesto como construcción discursiva estructural en Chile, ha sido severamente cuestionada, porque, a juicio del vocero oficial de la demanda marítima boliviana, el ex presidente Carlos Meza, “el fundamento jurídico de nuestra demanda son los actos unilaterales de los Estados, que en el caso de Chile se hicieron al margen del Tratado de 1904 y, en innumerables oportunidades, estableciendo actos y compromisos formales del Estado chileno de negociar con Bolivia para entregarle un acceso soberano al mar”.

Al inicio, Bolivia instaló comunicacionalmente este término bajo la idea de los derechos expectaticios, pero, con el correr de las semanas, se tradujo en “actos unilaterales entre los Estados”. Si nos centramos en esta figura internacional, los actos unilaterales podrían ser entendidos como aquellas manifestaciones de voluntad emanadas desde los Estados y que buscan provocar efecto jurídico. En esta materia, los actos unilaterales han sido objeto de examen por la doctrina internacional desde hace largas décadas, siendo uno de los primeros trabajos el de Anzilotti en 1929, como también los estudios de Pfluger, Venturini, Biscottini, Degan, Suy, Guggenheim, Cahier, y de hispanoamericanos como Barberis, Villagrán Krammer y Miaja de la Muela. Un ejemplo de utilización de los actos unilaterales se produjo en 1974, sobre los ensayos nucleares realizados por Francia en el Pacífico, cuando Nueva Zelanda y Australia solicitaron a la Corte que declarara que esos ensayos eran contrarios al derecho internacional y, por ende, debían cesar. La Corte concluyó que algunas declaraciones de ciertas autoridades francesas eran vinculantes jurídicamente y que obligaban al Estado francés a comprometerse en su responsabilidad internacional.

Ahora bien, Bolivia argumenta en su demanda que, a través de la historia diplomática de ambos países, se han producido espacios de acercamientos bilaterales tendientes a buscar una solución al encierro geográfico boliviano. Acá las conversaciones sostenidas por Chile y Bolivia bajo los gobiernos de Gabriel González Videla por lado chileno (1946-1952) y de Enrique Hertzog por lado boliviano (1947-1949); el Abrazo de Charaña de 1975, encuentro bilateral entre los dictadores Augusto Pinochet de Chile (1973-1990) y Hugo Banzer en Bolivia (1971-1978); y la agenda de los 13 puntos iniciada bajo el Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), serían un ejemplo de estos acercamientos políticos que se enmarcarían en la tesis de los actos unilaterales.

De todas maneras, es algo que no podremos saber en el breve plazo, pues la CIJ podría demorar en entregar sus observaciones, algo así como 7 meses. Pero, ¿qué escenarios se abren con este microjuicio? Podrían darse tres. El primero sería que la Corte acepte la objeción preliminar chilena, es decir, que La Haya se declare incompetente y rechace la demanda boliviana. El segundo es que la CIJ se declare competente y vaya al fondo de la demanda boliviana presentada en abril de 2013. El tercer y último escenario, podría ser distinto a los dos anteriores y se resume en que la Corte decida conocer todos los antecedentes de la demanda para tomar una decisión final.

Pero al margen de estos episodios, la Cancillería chilena tiene un tremendo desafío por delante, el que apunta a desarrollar una estrategia política que permita recomponer las confianzas y acercar posiciones con Bolivia, sostener una política internacional de Estado y no de Gobierno, y dotar a su política regional de una identidad latinoamericana. Esto implica un proceso de modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que hasta el momento las autoridades chilenas han decidido postergar.

El Mostrador

Bolivia y Chile: Frente a frente en La Haya – Por Eduardo Paz Rada

La importante iniciativa política internacional del gobierno boliviano, en los últimos años, en relación al derecho a un acceso soberano al océano Pacífico ha interpelado directamente a las autoridades chilenas que, como en ningún otro momento de la historia, deberán responder con claridad y compromiso efectivo ante un diferendo originado en la invasión militar de 1879, que significó la apropiación de 400 kilómetros de costa, soberanía marítima y 120 mil kilómetros cuadrados de territorio rico en recursos naturales que pertenecían a Bolivia desde su formación en 1825 y que el propio gobierno de Santiago lo reconoció hasta la Guerra del Pacífico.

La agresión fue impulsada por los intereses imperialistas ingleses aliados a los de la oligarquía chilena, los que buscaban controlar la explotación de guano y salitre destinados a los mercados de producción agrícola de Europa, y aceptada en silencio cómplice por la oligarquía boliviana. Los pueblos de Chile y Bolivia demandan, ahora, a través de manifestaciones realizadas en Santiago y varias ciudades de Bolivia, una solución en el marco de la solidaridad internacional.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, considerado el más alto tribunal que conoce y resuelve controversias y conflictos entre Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), será la instancia que del 4 al 8 de mayo de 2015 escuchará los alegatos de los representantes de los dos países: Felipe Bulnes de Chile y Eduardo Rodriguez de Bolivia, quienes, en esta etapa, harán conocer sus argumentos en torno a la competencia o no de la CIJ de conocer y juzgar. Sobre este punto la Corte deberá pronunciarse hasta finales del año que transcurre.

La petición de fondo de Bolivia es muy clara y sencilla: que el gobierno de Chile se reúna con el de Bolivia para dialogar en torno al derecho boliviano a tener una salida al mar. Sin embargo este requerimiento de “voluntad de conversar” derivó en una primera respuesta evasiva de las autoridades de Santiago al plantear como asunto previo el de la competencia o no de la CIJ, postergando así cualquier conversación y negociación sobre el tema de fondo que, sin duda, significará un proceso más profundo y de largo aliento.

La posición del gobierno chileno es contradictoria, sobretodo porque durante décadas negó toda posibilidad de negociación multilateral con mediación de instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), afirmando que se trata de un “tema bilateral”. Ahora que Bolivia plantea el diálogo bilateral, tomando en cuenta múltiples declaraciones públicas de Presidentes, Ministros y Parlamentarios chilenos que manifestaron, en los últimos cien años, su disposición a solucionar la demanda boliviana, las autoridades de La Moneda dan muchos pasos hacia atrás sin ningún argumento y, al parecer, reivindicando la fuerza como argumento de su política internacional.

El proceso latinoamericano de la última década, marcado por esfuerzos de integración de los pueblos y los países, de voluntad de solucionar problemas pendientes, de acercamiento para desarrollar proyectos emancipadores comunes, de defensa frente a la agresión de las potencias imperialistas –como el caso de las Malvinas Argentinas, de la Cuba bloqueada o de la Venezuela asediada—y de apertura al diálogo sobre temas políticos, históricos, culturales, sociales, diplomáticos, financieros, militares o económicos, compromete a los gobiernos a dialogar con apertura y disposición para solucionar conflictos y construir la Patria Grande impulsada por OHiggins, Santa Cruz, Bolivar y San Martín.

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