Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador: “No ganamos las elecciones para hacer realidad el programa de la oposición”

La titular de la Asamblea señala como politiquería el pedido de revocatoria de Blasco Peñaherrera. Valora que el bloque de PAIS (de 100 asambleístas) no haya tenido ni una sola deserción en dos años.

¿Cuál ha sido el rol político del Poder Legislativo luego de 2 años de su gestión al frente en medio de una confrontación permanente con la oposición?

La Asamblea Nacional tiene un reto fundamental al colocar en el debate nuevos referentes políticos. Indudablemente la Asamblea de hoy representa el cambio de esos viejos estereotipos de la política nacional relacionada con peleas e insultos para transformarse en un espacio de debate, de modo que la madurez que hemos alcanzado como sociedad se manifieste en la construcción conjunta de la normativa. En estos 2 años se ha implementado una metodología hacia afuera a través de audiencias públicas y las comisiones sesionan permanentemente en las provincias. También está la consulta prelegislativa, que son instrumentos de participación ciudadana y convocan a la población ecuatoriana a construir de manera colectiva las leyes. Sin duda, en esa lógica, vamos a topar temas fuertes y nuestro papel aquí no es solo administrar la Asamblea, sino proponer un debate que altere las estructuras mismas del sistema al que seguimos combatiendo.

¿Y para qué ha servido tener 100 asambleístas cuando los que más hablan a través de los medios comerciales son los pocos que militan en la oposición?

Ahí hablamos de dos cosas. La vieja táctica de los medios monopólicos que promueven a la oposición a través de sus espacios, y otra cosa es el manejo de 100 asambleístas de Alianza PAIS, que tiene sus vocerías que no necesariamente aparecen en esos medios de comunicación, pero que sí están en contacto permanente con las bases, en los barrios o parroquias, y desde ahí hacemos un contrapeso a la falta de espacios en esos medios. Quizá tenemos que aplicar mejor la Ley de Comunicación para exigir
-no solo los asambleístas sino todos los ciudadanos- el mismo respeto. El otro día le escuché a una compañera que decía: “Debate sí, pero no cargamontón”, porque lo que se acostumbra a hacer en los medios es justamente cargamontón para que prevalezca, a través de la demagogia y la mentira, una postura política del país que no es la misma que en realidad siente le gente.

Pero al ser mayoría, la oposición también ha responsabilizado a Alianza PAIS por la aprobación de leyes que ella califica de atentatorias, por ejemplo, la Ley de Justicia Laboral. Y por ello ya existe un pedido de revocatoria de mandato con los legisladores de Pichincha. ¿Qué opina al respecto?

De una u otra manera hemos sido los legisladores de PAIS quienes asumimos la responsabilidad que el proyecto político ha demandado y que no es nada improvisado.

La universalización de la seguridad social y el aseguramiento a las amas de casa fue parte de la oferta de campaña de 2013, pero para la oposición cualquier tema será válido con el fin de desestabilizar a las instituciones del Estado.

La Asamblea Nacional, con base en esos procesos de transformación política, ha transformado diferentes conceptos, por ejemplo el del trabajo, que ya no debe ser visto como la actividad del ser humano que alimenta al mercado y al capital. En lo personal, me rehúso a seguir creyendo que el trabajo es solo un producto para alimentar un mercado. ¿Qué proponemos? Que la conceptualización del trabajo sea toda actividad que realiza el hombre y la mujer que aporta al desarrollo del país que queremos. En esa conceptualización estamos valorando el trabajo del migrante retornado, de las personas con discapacidad, de los pueblos y nacionalidades, así como del agro y el campesinado, y de las amas de casa, que aportan el 15% del PIB. Esa responsabilidad asumimos los legisladores de PAIS y la estamos haciendo realidad. Nosotros no ganamos las elecciones para hacer realidad el programa de la oposición, sino el que recibió el respaldo de la ciudadanía.

Y precisamente por eso Blasco Peñaherrera (presidente de la Cámara de Comercio de Quito) pide la revocatoria…

Debatamos y discutamos cuál es el fondo de esa revocatoria, ¿o es acaso una cortina de humo para no evidenciar que los intereses privados estaban detrás del 60% del fondo para pensiones (del IESS) que quedaba libre?

Veamos cuáles son los verdaderos intereses, pese a que durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén se hizo una consulta popular para que la gente decidiera si quería o no la privatización de la seguridad social y el pueblo ecuatoriano dijo ‘No’. Aun así quedó anclado un 40% al Estado, entonces nos preguntamos, ¿el 60% en manos de quiénes iba a quedar? Ahora la Constitución establece la responsabilidad del Estado de cubrir el fondo de pensiones.

¿Entonces cómo se entiende la actuación de Blasco Peñaherrera? ¿Es una provocación?

Si es que hay afirmaciones documentadas en contra de cualquiera de los asambleístas o actor político de este movimiento, tendrá que presentar pruebas, caso contrario el Código Orgánico Integral Penal es absolutamente claro en la tipificación de delitos, y tenemos que garantizar la aplicación de la normativa. Pero además, que seamos 100 de 137 asambleístas fue producto de un sistema en democracia y del cumplimiento de una oferta de campaña en 2013. Si hay dudas al respecto, les pedimos investigar bien para que no desinformen. No permitiremos que un tema tan sensible y de importancia se convierta en arma de politiqueros frente a una necesidad de 1,5 millones de mujeres que ahora ingresarán a la seguridad social.

Varios legisladores de su propio movimiento cuestionan, casa adentro, que los bloques aliados como Avanza no hayan sido parte de ese proceso. ¿Qué ocurrió?

Es la postura de PAIS reprochar las diferentes tácticas basadas en una supuesta alianza de oportunismos. Es decir, cuando es oportuno participamos, y cuando no, nos hacemos a un lado. Eso definitivamente no va con una política de alianzas ni con el proyecto político que el pueblo ecuatoriano eligió en 2013.
Como bloque hemos aprobado las leyes con la mayoría que nos otorgó el pueblo ecuatoriano. Los demás partidos tendrán que dar cuenta a la ciudadanía sobre las razones de su votación frente a leyes sustanciales. Mientras tanto, seguimos trabajando y, gracias al apoyo del pueblo que nos dio la mayoría, podemos hacer cambios sustanciales, como la Ley de Comunicación, el Código Integral Penal, la Ley de Recursos Hídricos o la Ley de Tierras, que está ya en tratamiento. Además, hemos podido hacer frente a leyes económicas urgentes, que son necesarias para garantizar la sostenibilidad económica y financiera.

¿Cómo se entiende que un bloque de 100 asambleístas, después de 2 años de trabajo, no haya sufrido un proceso de desgaste o de deserciones?

Es gracias al trabajo conjunto. En esta Asamblea, que por primera vez está administrada por tres mujeres, hemos cohesionado los temas sustanciales en un debate muy profundo en el bloque. Hay discusiones fuertes y muchas veces contrarias, pero cuando se toma una decisión de mayoría actuamos como bloque, y eso demuestra la organicidad y disciplina, lo que también ha permitido que seamos coherentes con la política. Es un bloque que se mantiene con trabajo en territorio y que está fortaleciendo su participación política, porque no todos venimos de procesos anteriores, a diferencia de compañeros que trabajaron desde la Constituyente de Montecristi y tienen un cúmulo de experiencias. Otros nos sumamos en el camino y venimos de las organizaciones locales. Y es la primera vez que el  Parlamento se parece a la diversidad de su gente con 42% de participación femenina; de 137 legisladores, 23 somos menores a 35 años y 16 son representantes de pueblos y nacionalidades. Sin duda es un escenario positivo para plasmar temas sustanciales.

En cuanto al tratamiento de las enmiendas constitucionales, ¿cuánto ayuda la socialización del tema? ¿Cuánto podría variar la reforma que ya fue planteada?

Cuando presentamos las 17 propuestas de enmienda constitucional a la Corte Constitucional (CC) lo hicimos con la convicción de que son temas sustanciales que la dinámica de la sociedad exige. Y una vez que la Corte resolvió que se podía dar paso a 16 enmiendas, nosotros  decidimos ciudadanizar el proceso porque así se construyó la Constitución de Montecristi. Lamentablemente el tema se ha centrado en una pregunta que es una amenaza para los sectores políticos de la derecha, que saben que en las urnas no pueden ganar a un candidato como Rafael Correa.

¿Es posible que no necesariamente la Asamblea tramite las 16 enmiendas constitucionales?

Si los 16 artículos se mantendrán intactos no tendría sentido la ciudadanización de las enmiendas. Promovemos que la Comisión de Enmiendas plantee si es uno o 15 los artículos de la Constitución que deben modificarse, sin que afecte su sentido. Y ahí la CC deberá resolver si la reforma es o no constitucional.

El Telégrafo