Marco Arana Zegarra, líder del movimiento Tierra y Dignidad (Perú): “El pedido es que Tía María se suspenda indefinidamente”

Por Mariella Balbi

Sostiene que la pausa de 60 días propuesta por Southern no arreglará el conflicto. Insiste en revisar el EIA de Tía María y en que se suspenda indefinidamente el proyecto.

¿El mensaje del presidente sobre Tía María y la decisión de Southern de hacer una pausa de 60 días para dialogar disolverán la violencia en Arequipa?

Puede bajar, todos estamos preocupados y nadie quiere más violencia. Pero que sea una solución para que el proyecto pueda continuar, lo dudo. En esta segunda oleada de conflictos, las relaciones se han deteriorado aun más con la minera.

¿Terminarán la paralización y el enfrentamiento con las fuerzas del orden?

Tengo entendido que los alcaldes están reuniéndose entre ellos y deben evaluar con sus asambleas, tanto en Arequipa como en Islay, el anuncio presidencial. De acuerdo con ello tomarán decisiones sobre cómo canalizar el camino del diálogo y del conflicto. Evidentemente, el pedido es que el proyecto Tía María se suspenda de manera indefinida. Eso aún no ha ocurrido. Espero que estos intentos de diálogo encuentren una salida.

¿Qué es dialogar: que Tía María se paralice? El alcalde de Cocachacra es de Tierra y Dignidad.

Quienes toman las decisiones son los dirigentes agrarios en coordinación con sus alcaldes. Para dialogar, ellos plantean la suspensión del proyecto, la revisión del estudio de impacto ambiental por la Unops y realizar un proceso de consulta.

¿Tierra y Dignidad respalda esa posición?

Sí, porque las relaciones con la empresa están muy afectadas. El nivel de impacto que Southern ha creado en la macrorregión sur es sumamente grande y hay una legítima desconfianza. El primer EIA para Tía María, en el 2011, mostró que la empresa no tenía ninguna seriedad. Además, el Ministerio de Energía y Minas ha concesionado dos terceras partes de la provincia de Islay. Cocachacra está prácticamente concesionada. El inicio de Tía María establece una duda legítima sobre la participación de otros proyectos y sus impactos ambientales.

El gobierno y el ministro del Ambiente afirman que el EIA de Tía María ha cumplido la ley y que no se revisará. Tampoco habrá consulta alguna.
Por eso los conflictos sociales están vinculados a la minería. Está fallando el marco constitucional y jurídico para promover una minería social y ambientalmente responsable…

¿Pero si no se revisa el EIA?

No sé qué decisión tomarán las organizaciones sociales…

¿Quién tiene el liderazgo en Islay?

Los actores más importantes, la Junta de Usuarios de Riego, los productores, el Frente de Defensa Ambiental y el conjunto de organizaciones sociales que va hasta el club deportivo de Cocachacra, que tiene como lema de deporte: agro sí, mina no. Es todo un tejido social.

¿Pero quién representa este tejido?

Están sus autoridades, los alcaldes y dirigentes sociales.

¿Qué escenario se presenta? ¿Continuar con el paro?

Acabo de leer que el mensaje del presidente ha sido rechazado, que se mantienen firmes y que la población de Islay continuará con el paro indefinido.

¿El alcalde de Cocachacra, de su partido, está de acuerdo con ello?

El alcalde Helard Valencia sostiene que la población debe ser escuchada y que el proyecto debe ser suspendido de manera indefinida. Y nosotros respaldamos su posición, por supuesto.

Entonces, en esta pausa de 60 días no habrá diálogo.
Lo que Southern no ha hecho en cinco años se ha deteriorado con el conflicto. No creo que lo arregle en 60 días.

¿No hay un doble discurso?

Piden revisión del EIA y, por otro lado, que se vaya la mina porque la relación está deteriorada…
No. La propia gobernadora regional dijo que hay una grave responsabilidad de la empresa y un deterioro de la relación. Si es así, el gobierno no puede imponer un diálogo…

¿Qué diálogo puede haber si solo se quiere que salga Tía María, no se quiere debatir sobre aspectos técnicos, hablar con los ministros…?

Lo mismo le puede preguntar al gobierno, que solo mira por la empresa. El gobierno tiene que restablecer la relación con la población. No lo hará militarizando la zona e imponiendo el proyecto. Esas son las consecuencias de un torpe manejo del gobierno y de las pésimas prácticas de la empresa. No se lo achaquemos a los alcaldes.

¿Su partido se siente responsable de los desmanes en Arequipa?

De ninguna manera. Hemos señalado lo importante que era prevenir el conflicto, que las declaraciones del gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, Julio Morriberón, el primer día del conflicto, afirmando que los alcaldes son terroristas antimineros presagiaban una situación de violencia.

¿Condena la violencia de los pobladores de Islay?

De manera absoluta. Tanto de quienes en la ciudadanía hayan cometido actos de violencia y vandalismo como los actos delictivos de la policía, sembrando armas. Que se investigue. He sido claro.

El Comercio