¿Renuncia o antejuicio del Presidente? – Diario El Periódico, Guatemala

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El régimen de Otto Pérez se encuentra bajo fuego después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) desmantelaran una red de contrabando y defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), incriminara a magistrados, jueces y abogados sindicados de tráfico de influencias y soborno con motivo del caso de La Línea, así como imputara penalmente a funcionarios, empleados y personas particulares sindicados de una contratación anómala en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que supuestamente fue determinante en el fallecimiento de varios pacientes con insuficiencia renal crónica.

Las investigaciones de la CICIG han desatado vientos huracanados en el sector público, a tal punto que Roxana Baldetti renunció al cargo de Vicepresidenta de la República, antes de que prosperara un antejuicio en su contra en el Congreso, el ex secretario privado de la ex vice presidenta Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, es prófugo de la justicia, y varios ministros y secretarios de la Presidencia han renunciado o han sido destituidos. Los “cuentazos” han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en cuyo seno una magistrada, gravemente señalada, se ha visto obligada a pedir permiso y ausentarse temporalmente de sus labores diarias.

Aparentemente, hasta el ex pre candidato presidencial oficialista, Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones durante el régimen de Pérez, ha decidido alejarse de la competencia electoral, a raíz de la denuncia de anomalías e irregularidades en el Micivi durante su gestión.

Sin embargo, el presidente Pérez hasta el momento ha salido bien librado de la “tormenta perfecta” que ha azotado al sector público guatemalteco. La CSJ, cuya integración fue obra de operadores del oficialismo, no autorizó que el Congreso lo antejuiciara en función de levantarle la inmunidad presidencial. Como tampoco existe en nuestra legislación la figura del referendo revocatorio, solo ha quedado la petición ciudadana de renuncia del presidente Pérez, a la que este no ha accedido reiteradamente.

No obstante, una nueva denuncia ha sido presentada contra el presidente Pérez, esta vez por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, además de asociación ilícita y encubrimiento propio. Por tanto, la CSJ nuevamente deberá determinar si existe o no mérito para que el Congreso decida, mediante el procedimiento de antejuicio, si ha lugar o no a formación de causa penal contra el presidente Pérez. En este caso, si el presidente Pérez resultare procesado penalmente, solo si se decreta prisión provisional en su contra quedaría suspenso en sus funciones.

El Periódico