Según informe, la tala ilegal amenaza la principal reserva forestal de Centroamérica

Unos 48 mil metros cúbicos anuales de madera, el 96 por ciento de la tala ilegal, proviene del extremo oriental de la provincia de Darién, la principal y más grande reserva forestal de Panamá y Centroamérica.

Según un informe del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) que circula hoy, en esa zona fronteriza con Colombia hay dos mil 638 especies de flora, que representan 27,7 por ciento del total registrada en el país, y de las cuales 189 son endémicas nacionales.

Para el director de Cuencas Hidrográficas, Noel Trejos, esa delicada situación responde a problemas que van desde la pobreza que agobia a pobladores en más de un millón de hectáreas de tierra, hasta fallas institucionales.

En Darién hay mucha pobreza y el dinero más fácil sale del derribo de los árboles, apuntó el funcionario, al tiempo que reconoció la falta de controles y vigilancia en los permisos de extracción de madera, y del cumplimiento de las normas.

Entre las especies más afectadas, por su valor comercial, destacan la caoba, cocobolo, espavé, pino amarillo, bálsamo, cedro y cedro espino, refiere el reporte del MiAmbiente, que también alude a árboles longevos de hasta 50 años de vida, que son derribados por los traficantes de madera.

De continuar esta situación el impacto negativo se extenderá a más plantas, pues para sacar las especies comerciales es necesario abrir trochas que eliminan a otras, advirtió Trejos.

A esta realidad se suman los problemas que enfrentan actualmente las autoridades, debido al incumplimiento con la normativa de los permisos comunitarios que la ley concede a los indígenas y agricultores para su subsistencia.

Coincidentemente, la mayoría de los bosques de esa zona están en las comarcas indígenas o en las áreas protegidas, por lo que allí acuden los empresarios madereros, explicó el director regional del MiAmbiente en Darién, Hermel López.

Al referirse al tráfico ilegal informó sobre la confiscación de unos 200 camiones, aunque admitió que el sector maderero se las ingenia para evadir los controles, y una de las formas empleadas es el llamado “blanqueo”, que permite legalizar madera a través de los permisos de aprovechamiento para indígenas y agricultores.

Activistas señalan que además de reformar esa normativa, se debe fiscalizar más las actividades de los comerciantes, porque no solo están en juego los bosques más importantes del país, sino una de las reservas naturales declarada por la Unesco Patrimonio Mundial de la Humanidad.

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