Elecciones y desencanto social (México) – Por Bernardo Barranco V.

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Cada elección es diferente y cada proceso electoral tiene particularidades. Pocas veces he percibido un proceso electoral tan espeso y cargado de reproches. Existe, como pocas veces en el país, una atmósfera de hartazgo e insatisfacción que se hacen nudos o se condensan en el proceso electoral que culminará el próximo 7 de junio. El grupo Reforma en un sondeo señala que casi 70 por ciento de su muestra está insatisfecha con la democracia y que 56 por ciento de los encuestados están preo­cupados porque México va por mal camino. México vive varias crisis que simultáneamente producen un estado de ánimo de descontento que afecta sin duda el ánimo electoral en puerta, pues, se han cultivado en un contexto de confrontaciones extrañas y circunstancias nuevas. José Woldenberg describe muy bien el entorno prevaleciente: “Hay un halo de cansancio y malestar que acompaña al proceso electoral. Un sentimiento de hartazgo y lejanía. En México conviven muchos microclimas anímicos. Pero entre no pocas franjas parece existir un anillo de fastidio con la política, los políticos y los instrumentos que hacen posible a la democracia”. El contexto nacional ayuda muy poco: una economía estancada; violencia desbordada; inseguridad; corrupción de la clase política, principalmente de los funcionarios públicos con tufos de intolerancia intransigente; una suerte de regresión por acallar voces críticas, como la Carmen Aristegui.

La elección del 7 de junio tiene retos propios, como validar la pertinencia de la reforma electoral de 2014, la cual diseñó un instituto electoral centralizado que ha asumido responsabilidades excesivas en el proceso electoral, que incluye muchas funciones de los institutos electorales locales, así como un nuevo modelo de fiscalización y paridad de género, entre muchas otras atribuciones. Sin embargo, el INE no está cubriendo las expectativas que generó al desaparecer el IFE, pues padece la presión desleal de los partidos, los legisladores y los medios de comunicación; llega a la jornada electoral debilitado. Un presidente disminuido por el espionaje y el escándalo de sus dichos son hechos proporcionalmente menores, al pobre desempeño de un Consejo General maniatado por un bloque de consejeros con clara consigna partidaria. En esta recta final ya se escuchan voces críticas que ponen en cuestión todo el andamiaje electoral recién construido; el modelo alcanzado es insuficiente. Para el presidente del Senado, Miguel Barbosa, la reforma “no ha funcionado”, porque el INE no ha sabido operarla y persiste la inequidad de candidatos y partidos con más recursos que otros, rebase de topes de campaña y desvío de recursos públicos. Otros posicionamientos son los de los empresarios: el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, ya está pidiendo una nueva reforma, pero advierte que “ni las mejores leyes funcionan, si no se cumplen o no se hacen cumplir; si hay partidos políticos que hacen trampa o infringen la ley de manera recurrente, como modus operandi”. El problema de fondo son los propios partidos que no acatan sus acuerdos ni sus reformas. Todas las encuestas colocan a los partidos muy por debajo de la línea básica de confianza. El estudio reciente es demoledor. El Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Mexicano para la Competitividad entregaron una investigación titulada México: anatomía de la corrupción, la cual dice que nueve de cada 10 personas consideran que los partidos políticos en México son corruptos. Efectivamente, de los 13 mil candidatos a algún puesto de elección popular sólo 500 han hecho pública su declaración patrimonial, de ingresos al fisco y una declaración de intereses potencialmente conflictivos. Para muchos, más que una nueva reforma electoral es necesaria una reforma de los partidos, pues son ellos, precisamente en esta larga transición, los que más se han quedo rezagados. Una reforma que los transparente, los lleve a una mayor democracia interna y condiciones los cacicazgos personales y clanes familiares.

Otro factor preocupante es la violencia electoral. Pocas veces hemos visto la cantidad de agresiones a los actores electorales, sean candidatos, partidos así como a las instalaciones electorales. Investigaciones de campo reportan más de 70 agresiones violentas a candidatos o miembros de partidos. Estos días hemos sido testigos de embates contra instalaciones electorales del INE en estados como Oaxaca, Veracruz, Pueblas, Michoacán y Guerrero, presumiblemente cometidas por la CNTE. Lamentables también son los hechos encolerizados en San Luis Potosí y en Yucatán, que costaron la vida de varios simpatizantes. Y, por supuesto, del todo reprobable el asesinato del candidato perredista a la diputación federal Miguel Ángel Luna Munguía, baleado ayer.

Con el afán de ofrecer certeza y tranquilidad a la población para la los comicios, las autoridades electorales, federales y estatales se han visto cortas y hasta cándidas para calibrar el delicado momento que se vive, y que por supuesto rebasa lo electoral, expresando reiteradamente que no hay razones para encender focos rojos. Por supuesto que la actual circunstancia es delicada; hay que redoblar acciones preventivas para alcanzar una jornada electoral que permita al ciudadano votar en libertad.

El debate intenso en medios sobre el voto nulo en sí denota la frustración de resultados del sistema de partidos que hemos construido y a un régimen de gobierno que ha tocado fondo en búsqueda de la apertura de nuevos ciclos. Distinguidos intelectuales llaman a anular el voto, como Antonio Crespo o Denise Dresser, de plano Javier Sicilia ha llamado a boicotear las elecciones y ejercer la resistencia civil a la farsa de una cla­se política que ya no goza de la legitimidad moral de la sociedad. Independientemente de la postura sobre la abstención, o voto nulo, flota la exigencia de refundar la nación.

La Jornada