Financiamiento irregular de campañas: prisión domiciliaria para exalcalde de Santiago

A las 21.15 de ayer, el UDI Pablo Zalaquett se convirtió en el primer político formalizado por delitos tributarios que deberá cumplir la medida de arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional. Esto luego de que el magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Carlos Valdés, resolviera que se cumplían los presupuestos para aplicar la medida, entendiendo que los argumentos esgrimidos por la fiscalía eran suficientes para considerarlo autor de delitos impositivos en carácter de consumados y reiterados.

Zalaquett, hay que recordar, fue formalizado por los aportes ilegales que realizaron las empresas Soquimich, Ripley, Eurocorp, Alsacia del Transantiago, Corpbanca y Penta para su fallida campaña senatorial de 2013. Las platas, más de 70 millones, fueron entregados a través de las empresas Reactor Spa y Cristina Zúñiga EIRL.

De acuerdo a la fiscalía, Zalaquett fue partícipe necesario para que se consumara el delito, hecho que acreditó con declaraciones, las boletas y facturas emitidas a las grandes firmas antes citadas.

A la salida de la audiencia, el fiscal nacional Sabas Chahuán se manifestó satisfecho con la decisión judicial. “La labor de la fiscalía ha resultado provechosa en este sentido”, apuntó.

En su resolución, Valdés se analizó cada una de las alegaciones de la fiscalía y la defensa de Zalaquett, a cargo de los abogados Cristóbal Bonacic, José Manuel Barahona y Francisco Castillo.

Estos últimos, en síntesis, esgrimieron que Zalaquett no estaba querellado formalmente en la causa y que la sola denuncia del SII con la frase “contra quienes resulten responsables” no bastaba para que le fueran imputados los cargos por el tata fisco y la fiscalía.

Asimismo, indicaron que si bien las empresas ya mencionadas hicieron los aportes, los servicios fueron efectivamente prestados, por lo que el delito tributario no era posible de configurar.

Valdés estimó que los tipos penales que usó la fiscalía eran los acertados, señalando que el sólo hecho de usar una fórmula viciada para obtener platas de campaña, era signo de una conducta que podía constituir el ilícito impositivo y la aplicación de la ya mencionada medida cautelar.

En esa línea, indicó también que Zalaquett era un hombre instruido y que los cargos políticos que había ocupado durante su vida, le hacían exigible “una mayor grado de conciencia”.

Rápido, lento

En tanto, la audiencia de ayer tuvo de todo. Antes de las 07.30 llegaron Zalaquett, Jovino Novoa, como también Iván Moreira, Felipe De Mussy y el RN Alberto Cardemil. Ello con el fin de evitar una funa al ingreso al Centro de Justicia.

Iban acompañados, entre otros, por el gremialista Patricio Melero, quien se retiró del lugar antes que se iniciara la audiencia.

Melero, salió acompañado de poco más de 30 militantes UDI, quienes fueron recibidos y agredidos por un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del Partido Comunista Acción Proletaria que se encontraban en la explanada del recinto agitando banderas y discurseando con un megáfono.

Pues bien, Moreira y De Mussy fueron formalizados por delitos tributarios por los aportes de Penta, pero alcanzaron a estar poco y nada en la sala del tribunal, ya que tienen fuero parlamentario. En este sentido, la fiscalía no podía pedir ninguna medida cautelar, ya que para ello debería solicitar su desafuero.

Por su parte, Cardemil logró a través de su abogado defensor Georgy Schubert que reprogramaran la audiencia de comunicación de cargos para el próximo 6 de julio. Esto, luego que a última hora del viernes de la semana pasada, el Ministerio Público ingresara un escrito incluyendo el delito de apropiación indebida.

Fue precisamente dicho acto procesal que Schubert esgrimió frente al juez Valdés, señalándole que si imputaban a su cliente en esta oportunidad se violaban sus garantías del debido proceso, ya que aún no había podido acceder a toda la información de la indagatoria.

“Aceptar que se inicie una formalización sin cumplir con esto es rebajar los estándares”, enfatizó Schubert.

Valdés, luego de oir a los intervinientes, resolvió postergar la audiencia y fijarla para el 6 de julio, mismo día en que el ex secretario general de RN Claudio Eguiluz será imputado por delitos impositivos, ya que también recibió aportes de SQM por más de $ 100 millones.

Por lo anterior, sólo quedaban en la sala los UDI Jovino Novoa y Pablo Zalaquett. Respecto del primero, el Ministerio Público le imputó una serie de delitos tributarios cometidos por su empresa Inversiones y Mandatos y también como persona natural.

Básicamente, la fiscalía aseguró que Novoa facilitó boletas no sólo a Penta y varias sociedades ligadas al holding, sino también a SQM que superan, hasta ahora, los 50 millones. Además, indicó el fiscal Emiliano Arias,incluyó dichos documentos en su contabilidad, logrando rebajas impositivas al igual que las empresas.

Para confirmar dicha conducta, el Ministerio Público se basó en las declaraciones de los dueños del holding Carlos Alberto “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes en enero pasado reconocieron que nunca hubo servicios a cambio del dinero y que se trató de aportes ilegales.

Así las cosas, a media tarde, cuando los alegatos de la fiscalía habían terminado y sus abogados defensores Francisco Cox y Matías Balmaceda se aprestaban a controvertir los dichos de la fiscalía, Novoa presentó un cuadro descompensatorio.

El juez, luego de conversar largamente con dos paramédicas del Centro de Justicia, determinó suspender la audiencia, atendido el estado de salud de Novoa. Ni la fiscalía, ni el SII, como tampoco la Fundación Ciudadano Inteligente se opusieron a la medida.

Novoa ingresó a la Clínica Las Condes, donde se le diagnosticó una hemorragia intestinal, quedando internado.

Al respecto, el fiscal nacional Sabas Chahuán, indicó que el problema de salud que enfrenta el ex senador gremialista no impedirá su formalización.

Indicó que si Novoa no puede concurrir a la sede judicial, el resto de la audiencia de imputación de cargos por delitos tributarios reiterados y consumados podría realizarse en el recinto asistencial donde se encuentre. Hasta ese lugar debieran trasladarse tanto la fiscalía como el tribunal.

The Clinic

El avance del caso Penta y cómo se llegó a la formalización de cinco políticos

El caso Penta vivirá un nuevo hito este lunes 22 cuando en el Octavo Juzgado de Garantía se formalice a un grupo de actuales y ex congresistas por su participación en el financiamiento ilegal de la política, situación que tiene a los partidos sumidos en una grave crisis institucional.

Se trata del ex senador y ex presidente de la UDI, Jovino Novoa, el ex diputado RN Alberto Cardemil, el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, el actual senador Iván Moreira y el diputado Felipe De Mussy (los tres de la UDI).

Los cinco serán imputados en calidad de autores de delitos contemplados en el artículo 97, N°4, inciso final del Código Tributario, donde se sanciona a quienes facilitan documentación tributaria falsa. Para la Fiscalía, se trata de ilícitos de carácter de consumado y, en el caso de Novoa, también de reiterado.

Por esta razón, el ex timonel del partido de la Alianza arriesga hasta 10 años de presidio en caso de ser hallado culpable, mientras que el resto de los políticos pueden obtener una pena de presidio menor en su grado máximo (hasta cinco años), por lo que podrían obtener una pena remitida.

En tanto, eventualmente podrían ser formalizados por apropiación indebida, pero no por el delito de cohecho.

La génesis

La revelación del caso Penta se debió a otra investigación, el caso FUT, una especie de caja de Pandora que terminó por revelar distintas formas de financiamiento a la política.

Todo comenzó en 2012 cuando al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII) se descubrió que 122 contribuyentes habrían obtenido devoluciones indebidas de impuestos, a través de una mala utilización del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), por lo que se inició una investigación interna.

La operación era liderada por Iván Álvarez, funcionario del SII que encontró una falla en el sistema electrónico del organismo para alterar las declaraciones de renta, utilizándola para que empresas obtuvieran mayores devoluciones de impuestos.

Uno de esos contribuyentes era Hugo Bravo, ex director del Banco Penta. Por esto, el SII presentó una querella en su contra en julio del año pasado, acusándolo de irregularidades que superarían los $260 millones.

Pero eso era sólo la punta del iceberg. Al iniciarse la investigación al interior del Grupo Penta se descubrió que los controladores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, habrían utilizado de forma indebida boletas de honorarios falsas emitidas por sus esposas por trabajos no realizados, esto para pagar menos impuestos a la renta de la sociedad de inversiones Penta III Limitada. Por esto, en agosto de 2014 el SII se querelló en contra de ambos.

La arista política

De ahí la historia es más conocida. En sus declaraciones a la justicia, Hugo Bravo reveló que el mecanismo de las boletas habrían servido para financiar campañas políticas de personajes como Laurence Golborne, Andrés Velasco y Ena von Baer, además de Iván Moreira y Pablo Zalaquett.

La información, revelada en septiembre de 2014, generó un terremoto en la política ya que la aparición de personajes vinculados a estas irregularidades iría in crescendo.

Jovino Novoa, Alberto Cardemil, Felipe de Mussy, Felipe Kast y el ministro Alberto Undurraga fueron otros de los nombres que aparecieron en la indagación, junto con el de Pablo Wagner, subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, quien habría recibido dineros de Penta mientras estuvo en ese cargo. Esto motivo a que el SII también se querellara en su contra.

Lo de Wagner cobra gran trascendencia ya que, al ser investigado por el caso Penta, se descubrió una boleta por $7 millones y medio hecha por su cuñada, María Carolina de la Cerda, a la empresa SQM. Esto motivó a que la Fiscalía pusiera sus ojos en la minera no metálica, hallando una serie de boletas por asesorías que implicaban a miembros de todo el espectro político. El más reconocido es el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, cuestionado por la forma en que se financió la precampaña de la presidenta Michelle Bachelet. Pero esa es otra historia.

El fin del secreto y el inicio de las formalizaciones

El 2015 partió con el levantamiento del secreto de la investigación, lo que llevó a los medios a revelar nueva información sobre el caso Penta. Por ejemplo, se conocieron los correos electrónicos que Von Baer y Moreira enviaron al holding para solicitar dinero.

Ambos, quienes hasta enero de este año habían negado irregularidades en sus campañas, se vieron obligados a reconocer públicamente que solicitaron fondos al holding de Délano y Lavín. La revelación de los secretos de la investigación llevó a que la UDI pidiera públicamente disculpas al país por este hecho.

La indagación, que en primer término fue liderada por el fiscal Carlos Gajardo, pero que desde febrero está encabezada por el fiscal nacional Sabas Chahuán junto a un equipo de perseguidores constituido por el mismo Gajardo más Iván Norambuena y Emiliano Arias, logró sus primeros 10 formalizados en marzo pasado.

Se trata de los controladores del grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, además de Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Álvarez, Juan Alberto Martínez, Manuel Antonio Tocornal, Pablo Wagner, Samuel Irarrázaval y Carlos Bombal. Los cargos que imputó el Ministerio Público fueron los de delitos tributarios, cohecho, soborno y lavado de activos.

La indagación no se ha detenido. Esta miércoles 17 hubo nuevas formalizaciones por la arista de los contratos forward, contratos a futuro que sirvieron para evadir impuestos.

Los que recibieron nuevos cargos por este tema fueron Lavín, Délano, Hugo Bravo, Marcos Castro, Manuel Antonio Tocornal y Pablo Wagner. A ellos se sumaron los ejecutivos de CB Consultorías y Proyectos, Iván Rojas y Edgar Pinto.

Este lunes se vivirá un nuevo episodio de formalizaciones, el más político hasta ahora de todas las investigaciones que se llevan por el financiamiento ilegal de la política, como la de SQM y la de Corpesca. Por lo mismo, las escenas que veremos hoy se repetirán muy pronto con otros personajes públicos, quienes deberán sentarse en el banquillo de los acusados para responder por los actos que se les acusan.

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