Inicia en Costa Rica encuentro de magistrados de tribunales de América Latina

En San José de Costa Rica inició el XXI Encuentro de Presidentes y Magistrados de Tribunales y Salas Constitucionales de América Latina, en el que se analizarán los retos que enfrenta la justicia constitucional en la región.

En este encuentro participará el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, quien presentará ante sus homólogos diversas tesis jurisprudenciales que han emitido los juzgadores mexicanos.

Entre ellas, en las que se ha determinado que los jueces nacionales, tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamientos protectores de los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que únicamente los órganos del Poder Judicial de la Federación podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma.

Asimismo, explicará que los demás jueces sólo podrán inaplicar la norma cuando adviertan que contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución o los tratados internacionales.

El presidente del máximo tribunal mexicano dará a conocer que en el rubro de protección a los derechos de la población migrante, la SCJN expidió, en 2013, la primera edición del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional.

El Protocolo establece que, al ser las personas migrantes y sujetas de protección internacional un grupo heterogéneo que reúne características muy diversas, la aplicación y efectividad de este instrumento se complementa con los demás Protocolos publicados por la SCJN.

Lo anterior, porque los jueces latinoamericanos analizarán las condiciones que afectan a la población migrante y los mecanismos para asegurar una protección más amplia de sus derechos; así como los desafíos que enfrentan los Estados nacionales en la realidad actual, con el objeto de fortalecer el respeto a las normas y promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

La Jornada