La demolición de las instituciones: Chile hoy vale menos que ayer – Diario El Mostrador, Chile

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

La política nacional parece moverse a ciegas. Sin razonamientos acerca de lo que está ocurriendo en todo el sistema político y económico; sin ver el peso real de los factores intervinientes ni menos el daño objetivo a la imagen corporativa del país y la demolición de sus instituciones. Parece una república de zombies en pos de dominar el arte crudo de la amenaza o la omisión, con llamados casi pueriles pero indignantes, para la mayoría de la ciudadanía, acerca de lo necesario que es “sincerar las cosas”.

No se trata de “pontificar” sobre conductas públicas, como dicen personeros políticos que se sienten escrutados precisamente en su vida pública. Tal acto no corresponde al periodismo sino a las iglesias u otras entidades morales de la sociedad que predican modelos de conducta. La prensa debe poner el foco informativo basada en el interés público de conocer y transparentar todo lo posible la crisis y evidenciar las responsabilidades no cumplidas. Porque ello está afectando el núcleo del pacto social, que es la confianza, y afecta la calidad de vida y convicción democrática de los ciudadanos.

En democracia, la selección de los representantes es uno de los actos fundamentales del pacto constitucional. No hay institución más significativa de la igualdad que el derecho a elegir de manera igual y libre. No es necesario repetir conceptos como soberanía, mandato constitucional o representación, para entender que la veracidad de los procedimientos de elección es uno de los requisitos indispensables de la salud política pública.

Lo que la crisis del Chile actual nos entrega como dato duro es que el financiamiento ilegal de la política se disparó, en manos de candidatos de todo tipo, como una regadera enloquecida que moja a todos los sectores políticos, si no por igual, al menos con idéntico fin: obtener posiciones de privilegio en los sistemas decisorios del Estado.

Que el poder económico ha operado como un mecanismo censitario frente a la ciudadanía, oculto en el pacto entre la elite política y las empresas, generando posiciones dominantes y ganancias ilegales de ellas y con la omisión de quienes deben regularlas y fiscalizarlas, es un hecho de la causa. El lucro no es ilegítimo ni es siempre ilegal la organización de recolección de dinero para la política. Pero su clandestinidad, su origen poco transparente, no solo esconde ilegalidades sino que además será siempre ilegítimo.

¿Cuánto valen las instituciones de todo el mecanismo electoral y de generación de representación política? En más de algún lugar, sobre todo en países dominados por oligarquías corruptas o dictaduras, valen hasta una guerra civil. Tal es su valor para el ejercicio de la libertad.

Desde la A a la Z los dirigentes políticos del país son responsables, por acción u omisión, de la demolición de las instituciones que permiten el funcionamiento de la representación política.

¿Cuánto vale para una sociedad abierta y de libre mercado la salud de las instituciones económicas? Qué significa para ellas que su actuación esté siendo auscultada no por los entes reguladores, lo que sería lo normal, sino por la Justicia y la investigación criminal?

Es una respuesta que debieran dar los propios empresarios y los gremios a los cuales ellos pertenecen. Es verdad que ha habido voces que repudian las prácticas corruptivas, pero han sido las menos. Lo que más se ha visto es una expresión de victimización, de amparo social o simplemente de omisión y silencio.

En la sociedad moderna la confianza es un bien público perfecto que influye desde la base en el funcionamiento de toda la sociedad. La vergüenza y el desprestigio en política son fluidos que nacen de la calidad de este bien público cuando es mala, que trascienden las fronteras físicas y psicológicas e impregnan mercados y banderas, que una vez caídas cuesta mucho levantar.

Es imposible que, luego de los escándalos del sistema financiero chileno y la promiscuidad empresarial con la política, haya algún ministro de Hacienda o alto funcionario diplomático que se pare con la misma seguridad que hace apenas cinco años en las sedes internacionales de la economía. Difícilmente hoy somos un ejemplo de economía y democracia transparente y sana.

Parte importante de los principales órganos superiores del Estado están en situación de tránsito. Indefinición acerca del nuevo Fiscal Nacional, indeterminación del nuevo director de la PDI, ambos organismos estrechamente vinculados a los procesos investigativos de corrupción política en curso. La Contraloría General de la República y el Servicio de Impuestos Internos en interinato y, pese a la conmoción de las últimas semanas en este último organismo, además del director general, el único cambio significativo fue la cesación del subdirector jurídico, único funcionario que abiertamente deseaba que se investigaran los ilícitos de financiamiento ilegal de la política.

En ese cuadro, la Presidencia de la República no solo se omite de optar por un programa de fortalecimiento de las instituciones o referirse a la crisis, sino que se concentra en el arte del “buen Gobierno”, pese a que su credibilidad respecto de ello se encuentra desfondada según señalan las encuestas.

Todo el entorno palaciego y de los partidos gira en torno a la verdad de una precampaña presidencial, como si ello fuera importante para algo o cambiara en algo del escenario, cuando lo certero es que el roce frontal entre la Presidenta y sus principales ex asesores tiene tambaleando al Gobierno.

Cuánto valen las instituciones y cuál es el fondo institucional que le queda al Estado de Chile, se convierten en preguntas legítimas. Lo único cierto es que –hablando en materia de imagen corporativa– Chile vale hoy mucho menos que ayer, debido a la demolición de sus instituciones generada por su elite política y empresarial. Pérdida neta para todos los ciudadanos.

El Mostrador