La reforma más urgente: adiós represión (Chile) – Por Víctor Alonso Rocafort

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

En poco más de una semana nos hemos encontrado con dos estudiantes, Diego Guzmán y Exequiel Borvarán, muertos a manos de un civil armado que disparó contra ellos tras una marcha en Valparaíso. Ese mismo día en Santiago otro estudiante, Luciano Debrott, quedó herido de gravedad por un bote de gas lacrimógeno tirado por carabineros. Y en Valparaíso otro estudiante, Rodrigo Avilés, ha quedado en estado de extrema gravedad por un chorro arrojado desde un carro lanzagua, mientras las cámaras de televisión captaban en otro lugar cercano cómo la espeluznante agresión de un funcionario policial acababa con una joven inconsciente. Son además numerosos los estudiantes heridos de diversa consideración. Las escenas contempladas y este balance parecen llevarnos a otros tiempos.

Es preciso que se entienda que cuando los estudiantes realizan un trabajo político también se están formando cívicamente. Buscan llegar a acuerdos, aprenden a manejar conflictos, se reúnen y organizan de manera autónoma, crean vínculos de solidaridad al trabajar juntos, al repartirse tareas. Maduran y adquieren responsabilidades. Aprenden a expresarse adecuadamente en público, a escuchar. Se estimulan vocaciones de estudio, y así las ansias por comprender mejor la sociedad e intervenir benéficamente en ella suelen conducirlos de uno a otro libro, documental o acto cultural. El aprendizaje se vuelve genuino, no forzado.

La universidad no es una academia y, como se nos dice desde instancias oficiales, ha de estar vinculada a la sociedad. De ahí que en un momento político como el actual, donde Chile emprende la reforma de su Constitución y de su Educación, es comprensible que el movimiento estudiantil quiera participar de manera protagónica. Es lo mínimo en democracia. Más aún cuando la actual coyuntura política de reformas debe mucho precisamente al movimiento estudiantil de 2011 y sus demandas.

Es preciso explicar bien a la sociedad en qué consiste esta intervención política de estudiantes que apenas cruzan la veintena y que, con el ánimo de mejorar su país, se juntan para organizar jornadas, conferencias, asambleas, creación de lienzos, marchas, panfletos, debates. La sociedad habría de estarles agradecida y, en lugar de esto, lo que observamos es una criminalización social creciente, de trágicas consecuencias, con una represión oficial igualmente terrible.

Chile, al igual que otros países que pasaron por procesos de transición de una dictadura militar a un sistema representativo de libertades, arrastra diversos legados autoritarios. Varios de ellos se están tratando de enfrentar, pero otros siguen sin abordarse. Entre ellos el más urgente de tratar es el referido a las fuerzas policiales. No puede ser que veinte años después tras cada marcha haya que salir huyendo de golpes, gases lacrimógenos y chorros de agua. Cuando llegué recientemente al país y me instruyeron sobre lo que había que hacer en cada manifestación —ir con varios elementos de protección contra el gas o salir pronto de la marcha, porque sí o sí los carabineros agredían—, cuando me contaron de qué manera entraba la policía en los recintos universitarios, no pude más que asombrarme. Y eso que vengo de España, donde hemos tenido que afrontar una dura y creciente represión los últimos años.

Precisamente el gobierno conservador del Partido Popular español ha adquirido recientemente, en medio de una fuerte polémica, una tanqueta de agua. Entre los argumentos más escuchados en contra destacaba el que esta era el arma favorita de los represores policiales durante el régimen de Augusto Pinochet.

Pues bien, en el Chile de la Presidenta Michelle Bachelet —socialista y resistente contra la dictadura, quien a pesar de todas sus fallas, vacilaciones y ambigüedades conserva un talante y una altura política que ya quisiera el presidente español, Mariano Rajoy— resulta que tras cada manifestación estudiantil hemos de temer heridos de gravedad e incluso muertos. Persiste en las calles el olor a gas de hace más de 20 años, los golpes fatales de agua, el miedo y el odio a los “pacos”. Ahí podemos encontrar las razones de que haya una minoría de jóvenes que opte por una respuesta no exclusivamente pacífica. Un error ético y estratégico que magnifican los medios y que pretende justificar para algunos la formación de espirales tan peligrosas como la actual.

La institución de Carabineros precisa de una urgente reforma, y las maneras de abordar desde el gobierno las manifestaciones populares han de girar 180 grados. Hay grandes avances, teóricos y prácticos, de los que echar mano para abordar estos cambios, por lo que por aquí no pueden venir las excusas. Se precisa una policía sin vestigios militares ni fuertes jerarquías, donde se respire y aprecie la democracia cotidianamente. Con esta otra generación ha de ser posible. Ha de cesar la impunidad para aquellos carabineros que transgredan las normas. Asimismo, debería prohibirse el material antidisturbios procedente de la dictadura, capaz de causar la muerte o lesiones permanentes a quienes ejercen sus derechos civiles de manera legítima en las calles. Hay modos de conformar estrategias no violentas a la hora de abordar las marchas, colaborando con los organizadores, apareciendo solo cuando sea estrictamente necesario, asumiendo que cualquier tipo de violencia policial en ellas es un fracaso.

En la Universidad nos dicen que enseñemos democracia a los muchachos, ética a la hora de formarlos profesionalmente y de relacionarse con lo público, respeto a la hora de manifestar opiniones políticas, sean o no compartidas. Muchos profesores sentimos que son las propias instituciones las que nos sabotean el trabajo, no solo con su mal ejemplo en materia de corrupción sino también con aquellas órdenes que muestran intolerancia, violencia y ataque a los derechos humanos. Mientras, sus declaraciones públicas dicen ir por otro lado.

Algunos no estamos dispuestos a observar cómo las sonrisas y el brillo en la mirada de muchos jóvenes, mientras trabajan por mejorar su país, se troca en sangre, llantos y tristeza por las acciones policiales ordenadas desde el gobierno.

Hagan algo, de manera urgente, o esta democracia se les escapará de entre las manos. La reforma que a día de hoy no puede esperar es la de acabar con la represión policial, la de reformar radicalmente a Carabineros. A partir de ahí, entonces sí, podremos decir que el pueblo chileno puede hablar en libertad, en paz, para decidir su futuro.

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