Miles de personas reclamaron justicia por activista asesinado en protesta contra las elecciones en México

“Toño, murió; el gobierno lo mató”, gritaron más de 3 mil personas que salieron a las calles para exigir justicia cargando el féretro de Antonio Vivar Díaz, el estudiante y activista asesinado a tiros durante un desalojo realizado por la Policía Federal y el Ejército el domingo 7 en contra de los opositores al proceso electoral.

Al respecto, miembros del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), responsabilizaron de este crimen al presidente Enrique Peña Nieto y criticaron la complicidad del gobernador Rogelio Ortega Martínez, a quien calificaron como “el principal incitador de la violencia” en este lugar considerado como el corazón de la Montaña.

Cerca de las 13:30, el contingente conformado por familiares, profesores, estudiantes y amigos, así como los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, partieron en marcha del domicilio donde velaron durante dos días al joven de 28 años conocido como “El comandante Toño”, ubicado en la colonia San Antonio.

Luego, la indignación y rabia cimbró este lugar considerado como El corazón de la Montaña, donde las lágrimas y el coraje se transformaron en consignas contra autoridades y políticos.

El funeral prácticamente se convirtió en una manifestación pública donde señalaron que el gobierno impuso a sangre y fuego una elección blindada por soldados y policías “sin legitimidad popular”.

En la marcha también participaron miembros del magisterio que participaron en el movimiento de 1979, cuando el exgobernador Rubén Figueroa Figueroa envió a policías estatales a Tlapa para desalojar a profesores que exigían mejoras laborales.

Este episodio violento gestó la conformación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y marcó una serie de hechos trágicos en la región de la Montaña y el resto de la entidad.

El ataúd iba al frente de un río de personas que se desbordó en las principales calles entre música interpretada por una banda de viento, canciones de protesta y un enérgico coro antigubernamental.

Ciudadanos y comerciantes miraban con asombro y respeto la dramática escena que contrasta con la indiferencia gubernamental para investigar, aclarar el hecho y castigar a los responsables de la ejecución extrajudicial.

Los restos de Antonio Vivar fueron llevados en hombros a la sede del ayuntamiento, donde el estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y líder MPG, fue uno de los principales impulsores de las acciones de protesta para exigir justicia por el caso Ayotzinapa.

En el lugar se realizó un mitin improvisado donde recordaron pasajes del “comandante Antonio”, un orador nato de espíritu solidario que decidió estudiar “para defender a su pueblo” en esta región, donde la población en su mayoría es indígena y se caracteriza por la pobreza y marginación que contrasta con la riqueza de políticos acusados por presuntos actos de corrupción y nexos con la delincuencia.

Luego se realizó una misa en la catedral de San Agustín y el recorrido culminó en el panteón de San Diego, donde fue sepultado el “comandante Toño” entre rezos y el grito de “No has muerto camarada”.

El colectivo de jóvenes rockeros interpretó una canción que compuso Antonio Vivar y que coreó la multitud, para culminar con el himno “Venceremos”.

Después, representantes de los padres de los 43 desaparecidos, integrantes del magisterio disidente, del MPG y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, alertaron sobre el ambiente de represión, impunidad y violencia que prevalece en este lugar.

Al respecto, el profesor Ubaldo Segura, dirigente del MPG, denunció que Ortega alentó la represión contra los ciudadanos que impulsaron el boicot electoral para exigir justicia por el caso Ayotzinapa, al respaldar al grupo de choque conformado por simpatizantes partidistas que desalojaron el plantón que mantenían los docentes en el zócalo y permitir que actuaran en contubernio con policías estatales para golpearlos.

También acusó al gobernador interino de asumir una actitud omisa frente a la brutal represión policiaco-militar que dejó un muerto, cuatro heridos de gravedad y sembró el pánico y terror que mantiene dividida a la población de Tlapa.

Segura calificó como “aberrante y estúpida” la actitud asumida por Ortega, quien justificó la ejecución de Antonio Vivar al argumentar que los manifestantes tenían la intención de linchar a los agentes federales retenidos en la iglesia de la colonia.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera, exigió al gobernador Ortega que fije una postura sobre su apoyo a los grupos de choque que han desatado una cacería contra miembros del MPG, ya que están suplantando a la autoridad para imponer un régimen de terror avalado por policías estatales y que se han fortalecido por la coyuntura electoral.

El antropólogo consideró que se trata de una “guerra de baja intensidad” orquestada por Ortega y el gobierno federal, donde están usando grupos vinculados al narco y los partidos políticos para golpear a ciudadanos que se oponen al régimen establecido al amparo de las armas.

El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, advirtió que la ausencia de una investigación ministerial para esclarecer el crimen de Antonio Vivar evidencia la intención de las autoridades de proteger a los agentes federales que participaron en el desalojo.

Por ello, anunció que van a interponer recursos legales para que las autoridades admitan su responsabilidad en este asesinato y se castigue a los responsables.

Proceso