Perú: luego de 30 años, misión de la ONU visita La Hoyada, “el cementerio de los desaparecidos”

Reparación. Después de treinta años, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas volvió a la zona de los hornos, el tanque de combustible y las fosas clandestinas colindantes con el conocido cuartel militar de Los Cabitos. En 1983, 1984 y 1985, allí se torturaron e incineraron a los detenidos. Sobre estos hechos, que hasta hoy no han generado una sola condena, y sus derechos retaceados conversaron los altos comisionados con las autoridades y familiares de las víctimas.

La visita del Grupo de trabajo de la ONU a La Hoyada, en Ayacucho, la mañana del sábado último, 6 de junio, debe haber sido una de sus actividades más tensas de su estancia de diez días en nuestro país que concluyó ayer.

El Grupo de trabajo actuó presidido por Ariel Dulitzky, de nacionalidad argentina, presidente y relator del colectivo. Como vicepresidenta lo acompaña Jasminka Dzumhur, de Bosnia y Herzegovina. Los otros tres miembros secretarios son Osman El-Hajjé (de Líbano), Houria Es-Slami (Marruecos) y Bernard Duhaime (Canadá). Los cinco son expertos independientes en derechos humanos.

Ninguno de ellos estuvo antes en el sitio, pero tenían referencia de la hondonada, ubicada entre en el Cuartel Los Cabitos y el Penal Yanamilla, al extremo sur de la capital ayacuchana.

En 1985 y 1986, representaciones similares de este Grupo de trabajo creado en 1980 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU visitaron Los Cabitos y La Hoyada. Acudieron alertados por dos denuncias: (1) la probable existencia de cementerios clandestinos dentro de ese cuartel; y (2) la presunción de desentierros para esconder cadáveres en los descampados de La Hoyada.

Fueron estos supuestos delitos –que poco después serían confesados por sus propios autores– los que llamaron la atención de la comunidad internacional.

¿Qué trae ahora de vuelta a tan altos comisionados?

CERO CONDENAS

La nota de prensa del Grupo de trabajo define así sus objetivos: “estudiar las medidas adoptadas por el Estado para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, incluidos temas relacionados con verdad, justicia y reparación y memoria para las víctimas de las desapariciones forzadas”.

Las preocupaciones concretas de los comisionados, en lo que a La Hoyada se refiere, se esclarecieron al calor del diálogo sabatino que invitados y anfitriones sostuvieron a lo largo de su recorrido de 9 de la mañana al mediodía.

Los técnicos del Equipo Forense Especializado (EFE) del Ministerio Público, que llevan a cabo la pesquisa de fosas clandestinas en La Hoyada, fueron los guías de la caminata y los expositores de la información básica en cada parada.

Partieron de la zona de las fosas, luego encaminaron al grupo hacia el espacio que ocupaban los cuatro hornos de incineración abastecidos de combustible por un tanque. Finalmente condujeron al grupo hasta muy cerca del abismo por el que se descargaban los residuos de las incineraciones al fondo del río Huataca.

Sumaban 25 las personalidades que acompañaron al Grupo de de trabajo de la ONU. Entre ellas, la fiscal superior Luz del Carmen Ibáñez Carranza, magistrada que contra la oposición del Sistema de Defensa Nacional puso en marcha, a comienzos de los años 2000, el primer proceso judicial sobre desapariciones forzadas ocurridas en ese lugar, caso más conocido como “Cabitos I” (porque comprende las desapariciones de 1983). Juicio que, sin embargo, hasta hoy permanece estancado en la etapa de juicio oral.

Del intercambio de información y opiniones participaron también los fiscales provinciales que investigan los casos Cabitos II (sobre desapariciones de 1984) y Cabitos III (desapariciones de 1985), cuyos procesos marchan aún con mayor lentitud. Ninguno de estos dos ha superado la etapa de investigación fiscal.

Tras 30 años de los hechos y una década del inicio de estos procesos emblemáticos sobre desapariciones forzadas no hay ninguna condena.

Al lado de la misión de la ONU también estuvieron autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos así como de la Cancillería, un regidor del Gobierno Regional de Ayacucho, y muchos más de las ONGs de derechos humanos, así como personeros de los familiares de las víctimas. Quienes brillaron por su ausencia fueron las autoridades castrenses vecinas.

Las investigaciones para constatar la existencia de fosas comunes en La Hoyada empezaron en setiembre del 2001.

Ubicar los lugares de los entierros fue como buscar una aguja en un pajar. A su momento, el equipo de técnicos forenses planteó optar por las excavaciones masivas. Se trazaron 3,031 zonas de excavación en cuadrantes. En cuanto a búsqueda de desaparecidos, debe ser una de las excavaciones más grandes a nivel mundial. Solo en Guatemala se ha trabajado algo similar.

INVASORES

La Hoyada tenía una extensión de 35 hectáreas. Una ola de invasiones la ha reducido a 7. Junto a los traficantes de terrenos, los familiares de las víctimas señalan como autores a personal del Ejército en retiro e inclusive en actividad. Se señala el caso de la Asociación Pro Vivienda “General de Brigada José Orihuela Lavado” y la Asociación La Paz de La Hoyada. Ambas vienen ocupando incluso parte de la zona inmovilizada por la Fiscalía.

“La República identificó a un invasor, ex estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) y licenciado del Ejército Peruano (EP). Su nombre: Juan Carlos Gutiérrez Lunazco, hijo a su vez de otro licenciado del EP.

Una extraña sustracción de las tuberías PBC con cables eléctricos, tubos galvanizados y otros implementos que a su tiempo habrían servido para el encendido y alimentación del “Horno” ocurrió el 16 de agosto del año 2007. De sus autores no se tiene ninguna información hasta la fecha.

EL SANTUARIO

Todas estas acciones afectan la propuesta de creación de un “Santuario en Memoria de las Víctimas de la Violencia” dentro de las 7 hectáreas que comprende actualmente La Hoyada. Se trata de una iniciativa de los familiares de las víctimas, organizados en ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares, Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú), el movimiento de Derechos Humanos de Ayacucho y diversas organizaciones sociales elevada al gobierno central.

El Gobierno Regional, por lo pronto, ha acogido el pedido. El 25 de noviembre del 2013 emitió una ordenanza declarando como Zona de Conservación y Protección el sector de «La Hoyada» de la provincia de Huamanga, en una extensión de 3.7 hectáreas. La extensión ha sido luego aumentada a 7 hectáreas.

El Santuario será un homenaje a las víctimas de las reclusiones ilegales, torturas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales ocurridos en el cuartel “Cabitos”, en la Región y en el país.

OBSERVACIONES

Ayer, al concluir su misión en el Perú, el Grupo de trabajo de la ONU ha publicado un documento con sus observaciones preliminares.

En los 30 años que median de sus anteriores visitas, el Perú ha cambiado radicalmente. “Hay un contexto democrático diferente y se han logrado muchos avances. En particular se ha abandonado la política de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas”, se lee en la introducción.

En sus conclusiones señala avances concretos y destaca la contribución en esos logros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), los familiares de las víctimas, la sociedad civil y algunos sectores estatales.
Aboga por una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa con las víctimas y sus familiares.

“En particular –invoca–, las Fuerzas Armadas deben asumir un compromiso claro de cooperación en la búsqueda de la verdad y la justicia. Todo ello fortalecería las bases de un Estado que no permita que nunca más se cometan estas violaciones gravísimas en su nombre”.

En lo legal e institucional el Grupo de trabajo saluda la ratificación de los principales tratados de derechos humanos por el Estado peruano. En especial, la suscripción de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Se realza la tipificación del crimen de desaparición forzada como delito penal, pero se lamenta que la definición y su interpretación sean restrictivas y, en consecuencia, no todos los actos de desaparición forzada están protegidos por dicha definición.

Reclama estadísticas sobre desapariciones forzadas pero algunos datos nuevos. Entre el 2002 y el 2015 se exhumaron 3,202 cuerpos, de los cuales 1,873 fueron identificados y 1,644 fueron restituidos a sus familiares.

“VIOLENCIA SUBVERSIVA BAJO CONTROL PERO QUEDAN HERIDAS PROFUNDAS”

La delegación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias concluyó que en el Perú aún quedan profundas secuelas y heridas abiertas. De ahí que consideraron:

La urgencia de que el Estado fije como inmediata prioridad la búsqueda de la verdad sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas en razón al largo tiempo transcurrido entre los hechos y la actualidad.

La vigencia de las fuertes diferencias socioeconómicas que fueron causa y consecuencia de la violencia política.

La necesidad de que las Fuerzas Armadas asuman un compromiso claro de cooperación con la búsqueda de la verdad y la justicia.

Dijo que el gobierno debe superar dificultades que impiden tener una cifra exacta de personas desaparecidas, un banco de datos genéricos, un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas y un mapa nacional de fosas. Así como de una ley general sobre desapariciones forzadas.

Encontró pocos procesos judiciales concluidos y avance lento de estos, así como sanciones leves a los victimarios y poca atención psicosocial para las víctimas.

La República