Presidente peruano se reúne con autoridades de Suecia y Luxemburgo

En el año 2009, la Policía Federal de Sao Paulo intervino las oficinas del grupo Camargo Corrêa y las casas de sus principales directivos, en marco de la operación “Castillo de Arena” en contra de las empresas que trabajaban con créditos y subvenciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), vinculado al escándalo de Petrobras.

Según informó el portal “Convoca”, la intervención policial permitió la incautación de documentos, correos y USB que revelan el pago de coimas que realizó la empresa brasileña a políticos y funcionarios, a cambio de la entrega de licitaciones de obras, una de ellas la carretera Interoceánica en su tramo 4, que une al Perú con Brasil.

De acuerdo al reporte de la Policía Federal de Sao Paulo, en uno de los USB incautados a Pietro Gavina Bianchi, ex director y consultor del Grupo Camargo Corrêa, aparecen pagos vinculados a la Interoceánica Sur entre el 2005 y 2008. Es decir, en el tramo final del gobierno de Alejandro Toledo y en el inicio del segundo quinquenio de Alan García.

En un documento del USB de Gavina Bianchi, figura un cuadro detallado con montos, que según la Policía brasileña, registra una hoja de cálculo bajo el título “Previsão de Capilés Tramo IV – Interoceânica”. Para los agentes, este nombre es “sugestivo” porque “Capilés” son las “propinas (coimas)” que se pagan en Brasil.

De acuerdo al informe policial, Camargo y Corrêa debía pagar US$ 5.411.207 de coima por la rúbrica general de la obra y otros US$ 901,868 a “JR”, a quien no se identifica en el documento.

El sábado 21 de enero, el entonces presidente Alejandro Toledo inauguró el puente de integración que unía el estado brasileño de Acre la región peruana Madre de Dios, como preámbulo a la construcción de la Interoceánica Sur. (Foto: AP)

¿Toledo recibió dinero?
La Policía brasileña también señala que ya había “solicitudes de pagos aprobadas por un valor de US$106.944”. De los cuales, US$15.277 serían pagos al contado y los US$91.667 restantes serían depositados a una cuenta del Banco Citibank de Londres.

Este dinero es vinculado, por un archivo con fecha 23 de mayo del 2006, con un apellido escrito a mano: “Toledo” y junto a él “Max Vanderlei”, quien no sería otro que Marcos Moura Wanderle, el representante legal de Camargo Corrêa durante las negociaciones de la Interoceánica con el gobierno peruposibilista.

Cabe mencionar, que en el Citibank de Londres, según el programa de TV “Panorama”, el empresario peruano israelí Yosef Maiman tiene parte de sus ahorros.

Maiman, como se recuerda, dio los fondos para la formación de la empresa Ecoteva, con cuyos fondos la suegra de Alejandro Toledo compró dos inmuebles por más de US$4 millones en Surco.

El reporte de la Policía brasileña contiene otro documento con más anotaciones, que detallan que el pago de los US$106.944 se hizo en tres partes. El último, de US$31.667 se hizo el 25 de julio del 2006, un día antes de que el entonces viceministro de Transportes Néstor Palacios firma la tercera adenda solicitada por el consorcio Intersur, del que formaba parte Camargo Corrêa, beneficiándolo con el Certificado de Reconocimiento de Derechos sobre el Pago Anual por Obras. Tres días después, Toledo dejó Palacio de Gobierno.

Pagos por más de 1 millón en el aprismo
Los informes de la Policía Federal de Sao Paulo respecto a la Interoceánica no solo están vinculados al gobierno de Alejandro Toledo, también al segundo quinquenio de Alan García, período en el que se dieron los incrementos de la inversión de la carretera. En uno de los documentos del 25 de octubre de 2007, se detallan pagos mensuales de US$175 mil durante seis meses.

En total, se desembolsó 1’050.000 dólares, el 0,5% de los 198 millones de dólares que el monto inicial fijado por el tramo 4 de la carretera, que tenía a su cargo Camargo Corrêa y sus socios.

Precisamente en el 2007, las empresas concesionarias negociaron con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el aumento de los costos de las obras, lo que finalmente se dio durante la gestión del aprista Enrique Cornejo.

El Comercio