Puerto Rico: el plan de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno recorta 60 millones al área de justicia

La rama judicial tendrá que hacer malabares para continuar ofreciendo sus servicios y garantizar el acceso a la justicia con una reducción presupuestaria que supera los $60 millones, si se toma en cuenta el dinero que se supone recibieran por la fórmula presupuestaria que se congeló luego de aprobada la Ley 66.

La jueza administradora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Isabel Llompart Zeno, reconoció que se evalúan ajustes que incluyen el cierre de más tribunales, congelar puestos y cambiar la manera en que se dan los servicios en las cortes especializadas de violencia doméstica y cortes de droga que por ley deben existir en todos los tribunales. Habló además de reducir la jornada laboral de los empleados de esta rama, aunque sea un día al mes.

“La realidad es que es un reto muy grande poder financiar todos nuestros proyectos emblemáticos cuando hay menos recursos económicos”, dijo Llompart Zeno en un aparte con este rotativo. “Nos hemos dado a la tarea de poder identificar alternativas que no requieran una inversión tan grande. Hay que reconocer que cuando uno está en proyectos nuevos, hay una inversión inicial. Por ejemplo, el proyecto de radicación electrónica, para poder ahorrar tengo que invertir”.

Llompart Zeno compareció ayer a la vista de presupuesto de la Comisión cameral de Hacienda donde reiteró que consideran cerrar más salas judiciales, además de las 12 que cerraron este año fiscal.

El presupuesto de la OAT para el próximo año fiscal es de $315 millones. Los recortes a este presupuesto incluyen $28.1 millón, que se supone recibieran por la fórmula y que no van a recibir, y otros $33 millones del fondo general que tampoco llegarán.

Esto, dijo, implicará además que no puedan abrir las salas especializadas de violencia doméstica en los siete tribunales donde todavía no las han establecido. Explicó que busca mecanismos alternos para ofrecer el servicio sin incurrir en los miles que implica crear estas salas en un tribunal.

“Tengo seis salas especializadas en violencia doméstica y no tengo los fondos para poder invertir $300 mil en una remodelación y un personal de apoyo que yo requiero. Tenemos un proyecto que requiere llevar el servicio sin hacer la remodelación”, dijo Llompart Zeno.

La última de estas salas especializadas en violencia doméstica se abrió en la región judicial de Caguas en 2014. La OAT comenzó el Proyecto de Especialización de los Servicios para Casos de Violencia Doméstica para reemplazar las salas especializadas. El primero de estos proyectos se inauguró en la región judicial de Guayama.

Sobre las cortes de droga, o “drug Courts”, Llompart Zeno dijo que no han sido implementadas en Aibonito, Aguadilla y Utuado.

“La continuidad del proyecto está sujeta a la disponibilidad de fondos, federales o estatales, que identifique el Departamento de Justicia. Hasta este momento no se ha planteado la expansión del proyecto a otra región judicial, en vista de la limitación de recursos que enfrenta la rama judicial y los demás componentes gubernamentales del programa”, dijo Llompart Zeno.

Este año, según se informó, la OAT cerró las salas municipales del Tribunal de Primera Instancia de Cataño, Naranjito, Maunabo, Naguabo, Moca, Las Marías, Jayuya, Peñuelas, Aguas Buenas, Cidra, Gurabo y Juncos. Las que están bajo evaluación y que podrían ser cerradas son Aguada, Barceloneta, Barranquitas, Corozal, Dorado, Hatillo, Isabela, Lajas, Las Piedras, Morovis, Quebradillas, Sabana Grande, Toa Baja y Trujillo Alto.

“Y vuelvo y repito, no hay ningún plan concreto. No puedo decir cuándo van a cerrar. Cuando sepamos, nos reunimos con el casero y el alcalde para informarles el plan”, dijo.

Llompart Zeno insistió durante la vista que los fondos propios que reciben, como por ejemplo en el pago de aranceles, están pignorados para pagar una línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

“La línea de crédito que nos dio el BGF el año pasado de $50 millones, el año pasado usamos $16 millones y el año en curso $32 millones. Tuvimos unos gastos incrementales. Hay que considerar que ahorré por un lado y tuve gastos incrementales por el otro. Estamos hablando de arrendamiento y la licencia de Microsoft que antes se pagaba por OGP y ahora corresponde pagarla de nuestro presupuesto”, indicó. “Tuve otros ingresos de IVU de $3 millones y una línea especial de $12 millones para pagar la renta del Centro Judicial de Caguas. Los $12 millones en aranceles se pignoraron para el préstamo del BGF”.

La nómina de la OAT, según dijo, se lleva $248 millones, de los cuales $31 millones se van en el pago de 368 jueces.

Los recortes que ya han realizado, dijo, han impactado el acceso a la justicia sobre todo por el cierre de salas

“Las medidas implantadas, inevitable y lamentablemente han tenido un duro impacto en nuestro personal, incluyendo a los jueces y las juezas y en el acceso a la justicia al obligarnos, entre otras cosas, a cerrar tribunales”, dijo en su ponencia. “Es importante destacar que, si bien las medidas adoptadas han afectado de forma directa algunas posibilidades de acceso a la justicia, no hemos cejado en nuestra responsabilidad primordial de atender casos y controversias de forma ágil y eficiente”.

Llompart Zeno dijo además que la Unidad Especializada en Investigaciones, creada en agosto de 2014 para investigar las quejas contra jueces y juezas, ha recibido 150 nuevas quejas.

Según el informe presentado a la Comisión, de estas quejas presentadas, se reasignaron 52 quejas a la atención de la Unidad Especializada que, al 2 de marzo, había atendido 23 de estos referidos.

Se informó además que en este período, la Unidad promovió acciones disciplinarias ante la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal Supremo en nueve de las quejas atendidas. Quedan 29 quejas en etapa de evaluación de esta Unidad compuesta por tres abogados investigadores, dos investigadores de campo y personal de apoyo y administrativo.

Llompart Zeno indicó además que, de la mano con esta Unidad, revisan los reglamentos que rigen la Comisión de Evaluación Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial para “darle más agilidad y alcance a sus operaciones”. Añadió que buscarán cambios a la Ley de la Judicatura “con el fin de reforzar su poder de investigación”.

A la vista cameral de ayer también compareció el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker Ramos, quien dijo que el presupuesto consolidado de la universidad del estado verá un aumento de $9 millones al compararlo con el presupuesto de este año.

Esto incluye fondos federales e ingresos propios.

“Nos mantenemos comprometidos con la agenda de unir los esfuerzos entre los sectores académicos, gubernamentales y privados para fomentar el desarrollo de alianzas que promuevan proyectos de impacto económico y social en el país”, dijo.

Añadió que las solicitudes de admisiones para el próximo año tienen un incremento de 8% al compararlo con el año anterior. En total, 17,482 estudiantes buscan ser admitidos a la UPR. Sobre el fondo dotal, un fondo creado en 1996 con $5 millones ya va por $109.5 millones.

El Vocero