Tras la suspensión del antejuicio por corrupción al presidente Otto Pérez Molina, guatemaltecos se manifiestan hoy en la Plaza Mayor

Movimientos civiles invitan al pueblo al 20J para recordarle a los corruptos que: “Con los chapines no se juega”.

Los movimientos ciudadanos #RenunciaYa, #JusticiaYa y #GuatemalaBastaYa han convocado este viernes a la población para participar hoy sábado, a partir de las tres de la tarde, en otro plantón contra la corrupción del gobierno, en la Plaza Mayor de la Constitución.

En mensajes colgados en las redes sociales, los tres frentes populares exhortan a los ciudadanos guatemaltecos “a manifestarnos una vez más, para que todas nuestras voces le recuerden a los corruptos que Con los chapines no se juega”.

Asimismo, califican como burla la aprobación del proceso de antejuicio contra Otto Pérez Molina, la integración de una comisión pesquisidora del Legislativo, la renuncia de Baudilio Hichos a presidirla y la suspensión de lo actuado al ser amparada ayer por la CC la abogada Karen Fischer.

“Instamos a toda la población de Guatemala a que se una al reclamo e invite a sus familiares, conocidos y amigos” para asistir este sábado 20 de junio a las 3:00 p.m. a la Plaza de la Constitución, indica la convocatoria referente al 20J para exigir la renuncia del gobernante.

No obstante, recuerdan las reglas siguientes a quienes a la cita acudan:

1) Pacíficamente, sin caer en las provocaciones de la autoridad.

2) Sin banderas políticas.

3) Sin recolección de firmas.

4) Sin plataformas ni micrófonos.

5) Sin discursos ni proselitismo.

6) Sin capuchas.

7) Respetando la propiedad pública y privada.

8) Sin licor, y

9) Recogiendo nuestra basura al retirarnos.

Las manifestaciones antigubernamentales comenzaron el sábado 25 de abril, tanto en la capital como varios puntos del interior del país, luego que el jueves 16 de abril el Ministerio Público y la CICIG desmantelaran lo que consideraron una organización de evasión fiscal adentro de la SAT.

La Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala procedieron a la captura de al menos 25 personas –entre funcionarios de la Superintendencia, exfuncionarios, jefes y vistas de aduanas- sindicados judicialmente de varios delitos.

Entre los implicados figuran las excabezas de la SAT Omar Franco y Carlos Muñoz, así como el, en ese momento, secretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón –actual fugitivo- circunstancia que provocó la renuncia de Roxana Baldetti, el 8 de mayo último.

A lo anterior se sumó poco después el descubrimiento de otra red de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que dio por resultado las capturas del presidente Juan de Dios Rodríguez, el resto de miembros de la Junta Directiva y los de la Junta de Licitación.

La CICIG y el MP denunciaron graves anomalías en el otorgamiento de un contrato por Q116.2 millones entre la institución y Droguería Pisa, dirigido a prestar servicios de hemodiálisis a 530 pacientes renales, sin que la empresa adjudicada tuviera capacidad e instalaciones para ello.

El Periódico

“Estamos ante el peligro de un rompimiento institucional” Roberto Molina Barreto, magistrado de la CC

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¿La resolución de la Corte podría generar más confrontación en la sociedad?
– Somos también parte de la ciudadanía y estamos indignados por todos esos desmanes que ocurren en el país. Sin embargo, nuestro trabajo es muy especial porque es la defensa del orden institucional, y aún sabiendo que una resolución va a ser rechazada popularmente no podemos dejar de emitirla porque es nuestro deber.

¿Reconocieron algún peligro de romper el orden con cualquier decisión que ustedes tomaran en ese caso?
– No solo fue ese día que se visualizó ese riesgo, yo creo que es desde que existe esa información tan contundente que motivó la CICIG, el país ha estado en una crisis institucional.
Lo que no sabemos es cómo vaya a terminar, ya se habla mucho de que no hayan elecciones, de atrasarlas, de renuncias. En fin, se sabe cómo empieza pero no se sabe cómo va a terminar, mientras tanto solo hay un riesgo de que se rompa ese orden.

De ser comprobada su vinculación a los hechos señalados, el Presidente tendría que ser investigado. ¿Eso rompería de igual forma el orden institucional?
– Solo aclaro que el rompimiento no solo se identifica como un Golpe de Estado, eso era antes, ahora son actitudes de orden político que ponen en riesgo el funcionamiento institucional del país. Si tiene que ocurrir que ocurra, pero con fundamento. Porque, entonces, si es que realmente el Presidente tiene una acusación fundada va a tener que ser separado de su cargo y actuaría la Vicepresidencia, pero con fundamento.

En este caso, los actos delictivos son denunciados en contra de terceras personas, no en contra del Presidente, y a él se le atribuye únicamente que él las nombró, y ese nombramiento lo hizo por ley. No hay un razonamiento coherente que fundamente el trámite del antejuicio.

¿Qué es lo que dejó de hacer la CSJ en el trámite de antejuicio contra OPM?
– La CSJ dejó de cumplir en su dictamen con los mandatos del artículo 4 y 16 de la Ley de Antejuicios. Y lo ha hecho en otras ocasiones, que de igual forma se ha amparado a la persona y en otros no. En algunos casos el análisis está bien hecho y la CC no ha dicho nada y procede.

¿Puede la CSJ reparar el omiso y rectificar su análisis?
– En el proceso que la Ley establece, a partir de este momento la CSJ puede enmendar el procedimiento. Porque recuerde que el amparo provisional es un análisis primario y el análisis de fondo es una sentencia, después de tener la participación de todas las partes.
Entonces, la CC va a tener más elementos para decir si procede o no el amparo de forma definitiva.

¿La permanencia de Otto Pérez en el cargo puede debilitar la institucionalidad del país?
– Sobre eso, yo como magistrado, no puedo opinar porque ya son apreciaciones políticas y algunas veces subjetivas. Creo que si hay pruebas de un acto delictivo del Presidente, el ente investigador debe presentarlas y si corresponde debe iniciarse un proceso penal.

¿Cuál fue el argumento de los magistrados que votaron en contra del amparo?
– En el pleno del jueves el fundamento toral de ellos era de que dudaban de la legitimación activa de la abogada Fischer, porque decían que ella no tenía un daño personal o directo en ese caso, y se les explicó de que la CC ha determinado que cuando son situaciones que son de interés de todos los habitantes del país, cualquier guatemalteco tiene legitimación.

¿En cuánto tiempo se podría tener la resolución definitiva de la CC?
– Depende de muchos actos procesales del amparo, hay que dar una audiencia por 48 horas dependiendo de cuando lo vayan a notificar, es posible que sea necesario de abrirlo a prueba.
Creo que con un buen interés en unos dos meses se podría estar tomando la decisión en definitiva y también en el camino puede revocarse el amparo si hay motivos que puedan cambiar las circunstancias originales.

¿Peligra el orden que usted menciona debido a la situación que vive el país?
– Estoy muy preocupado, creo que lo que empezó como una propuesta genuina en contra de los desmanes y la corrupción puede desbordar en situaciones que pongan en peligro el orden institucional y el funcionamiento de las instituciones del país.
Situaciones similares provocaron el Serranazo, y la CC de oficio puso orden y no permitió que pasara algo peor. No soy yo quien pueda dar una opinión, pero a partir de todo esto estamos ante el peligro de un rompimiento institucional.

El Periódico

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