Bolivia: indígenas deciden frenar planes energéticos en áreas protegidas

La prohibición del ingreso de empresas petroleras y energéticas a áreas protegidas, y la suspensión de los procesos de consulta previa son las primeras medidas que tomará la APG en rechazo a la aprobación de proyectos hidrocarburíferos e hidroeléctricos en estas zonas.

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) no permitirá que empresas que quieran realizar proyectos hidrocarburíferos o hidroeléctricos en áreas protegidas ingresen a esas zonas, advirtió Domingo Julián, presidente de la organización indígena, que rechaza el Decreto Supremo 2366 del 20 de mayo, el cual da luz verde al desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas del país. “Bloquearemos las entradas y llamaremos a las comunidades y miembros de la APG para hacer efectivo este rechazo y esta restricción. Estamos en emergencia”, dijo a La Razón.

Fernando Vargas, presidente de la subcentral Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y dirigente de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia, aseveró a su vez que la Cidob presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 2366. “No podemos dejar que esto afecte la vida y manera de vivir de los indígenas”, subrayó.

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) está presto a acudir al llamado de la APG para no permitir el ingreso de empresas a las áreas protegidas del país, afirmó el aymara David Crispín. Estos proyectos “terminan afectando a la gente que vive del mismo ecosistema de las áreas protegidas”, remarcó y agregó que el Decreto 2366 “atropella” los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas de 2007.

El 8 de junio, YPFB Corporación reveló a La Razón que las siete primeras áreas protegidas donde se desarrollarán actividades hidrocarburíferas hasta 2016 serán Iñau en Chuquisaca, Carrasco en Cochabamba, Amboró Espejos en Santa Cruz, Aguaragüe y Tariquia en Tarija, Pilón Lajas en Beni y al este de La Paz y Madidi en La Paz. Bolivia cuenta actualmente con 22 áreas protegidas.

El martes, los dirigentes de la APG se reunieron para determinar las medidas que asumirán para dar mayor contundencia a su rechazo, ya que afirman que no fueron atendidos por los ministerios de Hidrocarburos y Energía, y Medio Ambiente y Agua.

Ayer, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, el viceministro de Desarrollo Energético, Willy Rios, y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, evitaron referirse al tema.

“Mientras no se pueda hablar con el presidente (Evo Morales), no se va a permitir ni una consulta previa más, hasta que lleguemos a un acuerdo”, subrayó Julián, quien aseguró que inicialmente se suspendieron “dos procesos de consulta”: el primero en Alto Parapetí, con la francesa Total, para la instalación de un gasoducto y una planta de procesamiento de gas en el campo Incahuasi; y el segundo en Parapetihuasú, con la argentina Pluspetrol, para la ejecución de los estudios de símica 3D en Itaguazurenda.

La consulta previa es un requisito esencial para la obtención de la licencia ambiental de cualquier proyecto hidrocarburífero o hidroeléctrico.

DECISIÓN. El lunes, el Gobierno suscribió un contrato con la empresa italiana Geodata para la ejecución del proyecto hidroeléctrico El Bala, que generará entre 1.400 y 1.600 megavatios (MW) y cuya área de influencia está ubicada 16 kilómetros aguas arriba de las poblaciones de San Buenaventura (La Paz) y Rurrenabaque (Beni). Según información de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), una parte del proyecto se encuentra en un área protegida compartida entre La Paz y Beni.

El 24 de mayo, dirigentes de las 12 comunidades que habitan dentro del Parque Nacional Madidi y el Territorio Comunitario de Origen Pilón Lajas emitieron un voto resolutivo de nueve puntos, entre los cuales se encuentra el rechazo al proyecto hidroeléctrico El Bala, porque según ellos afectará al medio ambiente y al desarrollo sostenible de la región.

El 18 de marzo, el Ministro de Hidrocarburos y Energía informó que el Gobierno tiene una cartera de 25 proyectos hidroeléctricos para generar 16.000 MW con una inversión que supera los $us 50.000 millones.

Explicó que el sector eléctrico es uno de los cuatro principales pilares de la economía boliviana, junto a los sectores de hidrocarburos, minería y agropecuario. El Gobierno boliviano prevé exportar hasta 2025 aproximadamente 8.000 MW de electricidad.

Acción defensorial

La Defensoría del Pueblo informó que presentará un recurso legal contra el Decreto 2366, que autoriza las actividades petroleras en áreas protegidas.

La Razón