Caso Curuguaty: acusados piden cambio de abogado y el juicio se retomará mañana

Los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty pidieron el cambio de sus abogados y juicio se retomará mañana.

Esta mañana en el Palacio de Justicia de Asunción se inició el juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, quienes pidieron el cambio de sus abogados defensores. En lugar de Guillermo Ferreiro y Vicente Morales asumiría el defensor público Joaquín Díaz, quien anunció que solicitará que recién la próxima semana se reanude el juicio debido a la complejidad de la causa y para tener más tiempo para recoger elementos.

Los abogados manifestaron que tomaron el pedido de sus defendidos como un hecho sorpresivo y que no se trata de ninguna estrategia de la defensa. Por su parte, el fiscal Jalil Rachid señaló al respecto que toma lo ocurrido como una manera de dilatar el caso.

Ante el pedido de los acusados, Tribunal de Sentencia –conformado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Víctor Godoy– decidió que el juicio prosiga este martes con los nuevos defensores.

Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.

Entretanto, fueron sobreseídos  Juan Alberto Caballero, Marcelo Trinidad y Miguel Ángel Correa, quienes fueron detenidos cuando fueron al hospital regional para averiguar si había algún familiar entre las víctimas de la masacre.

El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.

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Defensor público solicitará más tiempo para ejercer la defensa

El defensor público Joaquín Díaz solicitará la suspensión del juicio oral y público en un tiempo razonable para poder interiorizarse en los expedientes de la investigación fiscal. Dijo que toma la causa con mucha responsabilidad y cree en la inocencia de los campesinos acusados.

Tras la decisión de los campesinos acusados de la matanza de Curuguaty de renunciar a la defensa de sus actuales abogados, Guillermo Ferreiro y Vicente Morales, la causa quedará en manos del defensor público, Joaquín Díaz.

El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Víctor Godoy, decidió levantar el juicio este lunes y seguir este martes a las 8.00 con los nuevos defensores de los campesinos, informó el periodista de ÚH, César Cabrera.

“Es insuficiente el tiempo dado por el Tribunal porque estarán otros colegas y debemos discutir la estrategia procesal. Además hay varios tomos de expedientes”, expresó Díaz.

Por ese motivo solicitará mayor tiempo y pedirá la suspensión del juicio oral y público, como mínimo, hasta la próxima semana.

“Es una gran responsabilidad porque es caso complejo, importante, pero internamente yo siempre estuve convencido de la inocencia de estas personas”, afirmó el defensor público.

Los abogados Guillermo Ferreiro y Vicente Morales se mostraron sorprendidos ante la decisión de los acusados de la matanza de Curuguaty de cambiar de defensores. Señalaron que hasta este domingo estuvieron hablando y no sabían nada.

Son 13 los campesinos acusados, por delitos que van desde asociación criminal e invasión de inmueble hasta homicidio doloso. Los procesados por esta última causa se exponen a condenas de hasta 25 años de cárcel.

Los acusados están con prisión domiciliaria. Primeramente consiguieron la medida Juan Carlos Tillería Cáceres, Alcides Ramírez Ovelar, Luis Olmedo Paredes y Lucía Agüero Romero.

Luego le siguió Dolores López Peralta y finalmente, tras 58 días de huelga en abril del 2014, lograron lo mismo Adalberto Castro, Felipe Benítez, Rubén Villalba, Néstor Castro y Arnaldo Quintana, aunque Villalba sigue recluido por un caso de ocupación de inmueble en el 2008, conocido como Caso Pindó.

Última Hora

Caso Curuguaty: posponen juicio a adolescente

Sumario a abogados de los campesinos acusados habría sido la razón de la renuncia a seguir siendo defendidos por los mismos.

El proceso a la joven RRVO, quien al momento de ocurrir la masacre era menor de edad, quedó suspendido hasta noviembre, informó una fuente de la Articulación Curuguaty. Como el juicio a los adultos y a la menor se debía realizar de manera paralela, la inminente postergación del juicio a los adultos por la renuncia de estos a seguir siendo defendidos por los abogados Guillermo Ferreiro y Vicente Morales sería el motivo de la suspensión.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que lleva la defensa de la joven, sostiene que la causa abierta contra esta es totalmente nula, pues no se realizó la evaluación sicológica, una diligencia fundamental en el proceso penal adolescente, a fin de determinar el grado de madurez en que se encontraba y si al momento del episodio era consciente de los hechos que se le atribuyen. La omisión de esta diligencia es causal de la anulación del proceso, manifiesta la organización de derechos humanos.

La joven está acusada de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad. El fiscal Jalil Rachid la acusa de haber hecho de “señuelo” con su hijo en brazos para supuestamente crear un ambiente de confianza en los más de 300 policías a fin de tomarlos desprevenidos y proceder a emboscarlos. La acusación fiscal basa su hipótesis en que, ante una supuesta señal dada por Rubén Villalba, la joven corrió poco antes de iniciarse el tiroteo.

Además, RRVO en principio fue asistida por la defensa pública, que tuvo un trato discriminatorio y un negligente desempeño sin haber presentado ninguna prueba a favor de la acusada e incluso haciendo preguntas incriminatorias a la joven y presionándola a confesar a cambio de una pena reducida.

Defensa coaccionada

El sorpresivo anuncio esta mañana de parte de los 11 procesados de que retiraban el poder a sus abogados solicitando la asignación de otro defensor se habría debido al sumario que pesa contra Ferreiro y Morales, lo cual coarta la actuación de estos e impide que puedan realizar sin presión su trabajo, pues pende sobre ellos la amenaza de una sanción que podría llegar incluso a la cancelación de la matrícula.

Los abogados se encuentran sumariados por supuestos incidentes dilatorios que, según los interventores, impidieron la culminación de la audiencia preliminar y la derivación del caso a juicio oral. Sin embargo, la audiencia concluyó en octubre de 2013 y el juicio oral fue suspendido en tres ocasiones, las dos últimas por decisión del propio tribunal. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, decidió mantener abierto el sumario y resolver de acuerdo a cómo termine el juicio, lo cual fue denunciado por los letrados como una abierta coacción al derecho a la defensa.

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