Colombia: continúan las protestas por las detenciones de militantes sociales

Los juzgados de Paloquemao continúan siendo escenario cotidiano de plantones, mítines y batucadas desde hace diez días cuando fueron detenidos líderes sociales del Congreso de los Pueblos, y más recientemente de Marcha Patriótica. Organismos de derechos humanos denuncian seguimientos y amenazas.

Hasta el momento, la Fiscalía General imputó cargos que exponen a los detenidos a penas que van de los 22 a los 30 años de prisión. Por su parte, las 13 personas del Congreso de los Pueblos supuestamente implicadas en los hechos que se le imputan se declararon inocentes aduciendo que se trata de un “falso positivo judicial” y que “se está queriendo criminalizar la protesta social”. Se conoce que el fiscal auxiliar que está llevando el caso solicitó ante el juez 72 de garantías, medida de aseguramiento contra los 13 jóvenes detenidos; mientras que los abogados de la defensa insisten que el proceso se ha desarrollado con irregularidades por parte de la Fiscalía.

“Hay seguimientos ilegales en contra de familiares de los defensores; también de los lugares y oficinas de trabajo de algunas de las organizaciones de derechos humanos vienen siendo vigiladas. Tenemos conocimiento por fuentes de alta credibilidad de un plan de acción en contra de organizaciones y defensores de derechos humanos, en el cual pretende vinculársenos con las insurgencias tanto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- como del Ejercito de Liberación Nacional -ELN-. Es un plan que se extiende a miembros del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos. Esto incluiría la posibilidad de allanamientos, interceptaciones ilegales, seguimientos, e inclusive la posibilidad de atentar de manera violenta contra defensores e integrantes del movimiento social”, advierte Manuel Garzón, abogado de la Comisión Justicia y Paz.

Colombia Informa