Dictan prisión preventiva al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y tesorero de la FIFA

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Carlos Chávez, acusado por estafa agravada, deberá cumplir detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, según dispuso ayer el juez Quinto de Instrucción en lo Penal de Sucre, Roberto Valdiviezo. Por su parte, el secretario ejecutivo de la FBF, Alberto Lozada, tendrá detención domiciliaria en la misma capital con guardia permanente, arraigo y deberá pagar una fianza personal de 150.000 bolivianos.

Chávez y Lozada fueron aprehendidos el viernes en Sucre por orden del Ministerio Público en el marco de un proceso de investigación sobre presunta corrupción en el manejo de los recursos que ingresaron a nombre del país al fútbol boliviano.

La audiencia de medidas cautelares de ambos se llevó a cabo entre el lunes —cuando se abrió un cuarto intermedio— y ayer. El motivo de la aprehensión fue una supuesta estafa en un partido amistoso Bolivia vs. Brasil jugado el 6 de abril de 2013 en Santa Cruz.

La Fiscalía sustentó que ese partido era de beneficencia y que la recaudación del mismo debía ser destinada a la familia del joven hincha Kevin Beltrán, fallecido por impacto de una bengala lanzada desde una tribuna en el partido San José vs. Corinthians por la Copa Libertadores, jugado en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro.

Según el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, citado en un comunicado oficial del Ministerio Público, en lo que hace a Chávez, tomando en cuenta que lo recaudado económicamente en ese cotejo internacional “debía ser destinado a la familia del niño Kevin (Beltrán)”; durante la audiencia, el fiscal superior, Iván Montellano, que encabeza la comisión que investiga el caso, reveló que el dinero del partido de beneficencia fue utilizado en pago a trabajadores de la FBF. “La realidad es que Brasil jugó gratis para ayudar a la familia de Kevin y Carlos Chávez y otros dirigentes abusaron de esa buena voluntad y de la gente que pagó su entrada”.

Asimismo, se dejó en claro que hubo contradicción en las declaraciones de Chávez y Lozada. “Respecto a las cuentas, Lozada afirma que la FBF tiene dos, Chávez señala que son tres, pero el banco da cuenta que son cinco y una inactiva”. De la misma forma, Montellano reveló que los derechos televisivos fueron firmados en Argentina según Chávez, pero la realidad es que se lo hizo en Santa Cruz.

El Fiscal Superior hizo conocer de la existencia de cheques que fueron emitidos a nombre de Alberto Lozada y de éste a su hijo sin ninguna justificación. También se conoció que Chávez presentó documentación falsa en su declaración informativa, ya que la supuesta notaria de fe pública que nombra, lo ignora.

Por último, Montellano indicó que la Comisión de Fiscales analizará una posible apelación de la determinación del juez sobre las sustitutivas otorgadas a Lozada. Las medidas serán “siempre resguardando que ambos no se den a la fuga y tampoco obstaculicen la averiguación de la verdad”, manifestó Valdiviezo.

Informó que en el caso de Chávez “se ha demostrado en esencia la mayoría de los delitos que le ha atribuido el Ministerio Público. En concreto, que existe cuando menos la intención de parte de los directivos de anquilosarse en las estructuras de la FBF y eso no está destinado a cumplir los fines de la federación, es decir, promover el fútbol, sino existen indicios de que esa conducta personal, no como entidad de fútbol, está ligada a presuntos actos de corrupción”.

También fue demostrado “el riesgo de fuga y obstaculización, y eso permite aplicar la medida de seguridad de la detención preventiva para garantizar la investigación, además la presencia del imputado en el juicio”.

En lo que hace a Lozada “no se ha demostrado elemento de autoría por aspectos formales en esencia, por lo tanto, al no estar acreditada la autoría no procede la detención preventiva, sino las medidas sustitutivas”. El presidente de la FBF irá a Palmasola considerando que “en Santa Cruz tenemos un penal que reúne mejores características de seguridad que en Sucre y porque el imputado tiene su residencia en esa capital”.

Traslado a Santa Cruz será hoy

Directo al penal

Está programado que hoy, en un vuelo comercial, Carlos Chávez y Alberto Lozada sean trasladados de Sucre a Santa Cruz. Una vez allí, el presidente de la FBF será recluido en el penal de Palmasola; mientras que el secretario ejecutivo será conducido a su detención domiciliaria.

Azkargorta

Xabier Azkargorta declaró ayer durante la audiencia de medidas cautelares. “Yo solo hablé de fútbol. No tengo nada de qué hablar de los manejos económicos porque yo era entrenador. Me preguntaron si era amigo de Chávez y Lozada. Chávez era mi presidente y con Lozada llevamos una amistad de hace mucho tiempo”, expresó el exseleccionador nacional.

Donación

Al conocer las condiciones que hay en las celdas de la FELCC de Sucre, que están vacías (ahí están detenidos Chávez y Lozada), Azkargorta donó ayer cuatro colchones de plaza y media y seis sillas. Antes de ello solicitó la autorización del comandante de esa repartición policial.

Defensa apelará la decisión del juez

La defensa prepara la apelación a la resolución que dictó la detención preventiva para el presidente de la FBF, Carlos Chávez, y será presentada dentro el plazo de 72 horas que fija la ley. El abogado Jaime Tapia dijo que “la calificación jurídica que ha hecho el Ministerio Público fue absolutamente grotesca en términos de técnica legal y el juez se ha adherido a ella, se ha adscrito en todo”.

En su criterio, “ha sido una decisión absolutamente ajena a las garantías y derechos constitucionales que tiene cualquier persona en nuestro país, donde tenemos un principio de legalidad que justamente impide que las personas podamos hacer cualquier tipo de aplicación penal a cualquier persona”.

Según Tapia, “la ley menciona que los delitos contra la función pública solo se deben aplicar a funcionarios públicos, pero el juez ha entendido que esto puede ser extensivo a cualquier autoridad privada del deporte, y ha dicho que la FBF tiene funcionarios públicos, hecho que es totalmente falso y es un contrasentido completo”. Las pruebas presentadas por la defensa “no han sido analizadas por el juez, (quien) casi se ha adherido inextenso al requerimiento del Ministerio Público, del cual nosotros hemos discrepado desde un principio. Esto corrobora la hipótesis que teníamos”.

La Razón