Guatemala: presentan nueva denuncia contra exvicepresidenta por lavado de dinero

Los abogados Alvaro Ernesto Carías Medina, Maurico Enrique Pérez Ubieto, Rony Eduardo Secaida Cerón, Ángel Bonifacio Ixcayau Ambrocio y Manuel Mauricio Coronado Girón, presentaron una denuncia ante Ministerio Público (MP) contra la exvicepresidenta por la comprado del 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias por un monto de Q20 millones.

Los denunciantes piden al MP que investigue y se comience las acciones de extinción de dominio de bienes y dinero que pudo haber invertido al comparar esa empresa, dinero que se presume es producto de una actividad ilícita por lo que le tipifican el delito de lavado de dinero.

Los abogados se basan en publicaciones del diario elPeriódico, según dicha publicación Víctor Hugo Hernández figura como accionista y socio fundador de Inversiones y Proyectos Profesionales Marbella, S. A. y Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S. A., empresas que en junio de 2013 pagaron Q20 millones por el 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, S. A., casa editora de los periódicos Siglo 21 y Al Día.

Hernández se desempeña como empleado de las empresas de limpieza y mantenimiento de canchas deportivas de Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de Baldetti y, quien se presume es el cabecilla de la estructura criminal la Línea y que está prófugo.
Bajo investigación
Siete cuentas bancarias de Baldetti fueron congeladas por un juzgado de Extinción de Dominio, además de tres propiedades también a su nombre. Al exposo, Mariano Paz se le embargaron ocho fincas que suman más de 11 hectáreas de terreno y las que habrían sido compradas por unos Q3 mil.

La investigación en contra de la pareja Paz Baldetti se da por las dudas en cuánto a la adquisición de todos esos bienes con los sueldos y ahorros que ambos pudieron llegar a tener de forma lícita.

La fiscalía expuso que el embargo de los bienes debe mantenerse porque no corresponden los montos reportados al valor real de las propiedades y que ninguno de los dos tiene el perfil económico para haberlas adquirido legalmente.

Prensa Libre