Indígenas presentan demanda en la CIDH contra proyecto hidroeléctrico

Para demostrar que no están dispuestos a ceder en su lucha por la cancelación del proyecto Barro Blanco, los indígenas presentaron una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado panameño.

El recurso fue presentado por el Movimiento 22 de Septiembre (M-22) e integrantes de la religión Mama Tata, liderados por la cacica suplente regional Clementina Pérez.

El M-22 le otorgó poder al abogado Víctor Martínez, quien los representará en el proceso ante la CIDH y otras acciones legales que interpongan en el país.

Pérez y Martínez hicieron el anuncio en una conferencia de prensa en la que la dirigente ngäbe reiteró la solicitud de cancelar la obra, a causa de las violaciones a los derechos humanos de los indígenas.

‘Señor Presidente, el pueblo primero, cancele el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que atenta contra la seguridad jurídica y los derechos humanos del pueblo panameño’, recalcó la cacica suplente Pérez.

La dirigente también recordó al Gobierno que los convenios internacionales suscritos por Panamá son de obligatorio cumplimiento.

Entre los convenios citados están el 107 de la Organización Internacional de Trabajo, que establece que para desarrollar un proyecto como Barro Blanco es necesario contar con el consentimiento libre, previo e informado de los habitantes del área influenciada por la obra.

Pérez, además, dijo que el rechazo al proyecto no se originó recientemente, sino desde que se realizaron los primeros estudios.

El Gobierno instaló el febrero pasado una mesa de negociación con los indígenas, pero hasta la fecha no se ha logrado concluir ningún acuerdo.

Los indígenas se mantienen en su posición de cancelar el proyecto, cuya construcción alcanza un 95% de avance, mientras que el Gobierno desea culminar la obra y negociar alternativas que no afecten a la comarca.

La empresa Genisa, que construye la obra, solicitó ayer al Gobierno levantar la medida de suspensión. Genisa adujo que envió al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) su contestación, con la documentación de soporte pertinente y acciones que se han tomado en cada uno de los puntos señalados por la entidad.

Hace referencia a los incumplimientos al Estudio de Impacto Ambiental que MiAmbiente determinó y por la cual ordenó paralizar el proyecto. La empresa solicitó a la entidad terminar el análisis y las recomendaciones del proyecto para atender con prioridad.

En reiteradas ocasiones, Genisa ha reclamado seguridad jurídica.

El abogado Martínez, por su parte, alegó que la empresa no puede exigir seguridad jurídica por violaciones al contrato y fundamentalmente el Convenio 107 de la OIT.

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M-10 SE LEVANTA DE LA MESA

Gobierno elabora hoja de ruta para lograr acuerdo

El Gobierno espera que en los próximos días se puedan reanudar las conversaciones con los indígenas, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al mismo tiempo, el Movimiento 10 de Abril (M-10) anunciaba que se levantaba de la mesa de diálogo como consecuencia de la represión policial del pasado sábado. ‘No habrá más mesa con el Gobierno; el pueblo tomará su trinchera y defenderá la comarca’, dijo el dirigente Manolo Miranda.

El Gobierno, por su parte, anunció que el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco es de ‘interés nacional’ y plantea una hoja de ruta para culminar el conflicto que garantice que la obra genere desarrollo para la comarca y las comunidades impactadas.

Uno de los planteamientos de la comisión gubernamental, dado a conocer a través de un comunicado de la Presidencia, es que la energía que genere el proyecto sea destinada para abastecer de electricidad a la comarca Ngäbe Buglé.

Los indígenas, por su parte, recalcaron que los dueños de tierras afectados por el proyecto lucharán en la calle por la terminación de una obra que ha incumplido las leyes nacionales.

>d< Ivan Saldaña

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ARGUMENTOS Y RECLAMOS

Desde el año 2000 los indígenas se oponen a la concesión

Genisa ganó la licitación pública para la concesión durante el gobierno de Martín Torrijos.

Los indígenas denunciaron que la empresa aumentó la capacidad de generación de 19 a 28 megavatios.

La Estrella