Panamá: en rechazo a proyecto hidroeléctrico, indígenas presentan denuncia contra presidente Varela

Las intenciones del gobierno de Juan Carlos Varela de mantener vivo el proyecto de Barro Blanco lo podrían llevar a enfrentar una denuncia penal por el delito de extralimitaciones de funciones.

Por esta razón, Toribio García, presidente del congreso regional de Codré, en la comarca Ngäbe-Buglé, que compone comunidades de las provincias de Chiriquí y Veraguas, en donde está el proyecto en mención, llegó a la ciudad capital desde dicha lejana área donde reside para interponer la denuncia contra el presidente.

Al llegar a la Asamblea Nacional y percatarse de que no están conformadas las comisiones, los indígenas prefirieron esperar que se instale la Comisión de Credenciales, encargada de investigar al presidente.

Han transcurrido 21 días desde que se instaló la Asamblea y no se ha conformado la Comisión de Credenciales ni ninguna de las comisiones que conforman el Órgano Legislativo.

El cacique regional Toribio García decidió irse hasta la Procuraduría General de la Nación para que fuese escuchado por la procuradora, sin embargo, no fue posible, ya que la jefa del Ministerio Público estaba fuera de la entidad participando de una conferencia de prensa.

“Me voy a mi comunidad decepcionado”, así dijo Toribio García cuando al llegar a la Procuraduría se enteró de que la titular de dicha entidad no se encontraba en su despacho y en su lugar iba a ser atendido por el secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez.

El líder de la etnia ngäbe-buglé aseguró que el presidente Varela no ha cumplido con la promesa de campaña de anular el proyecto de Barro Blanco a petición del pueblo.

“No cabe duda de que la realidad es que esta denuncia no va a proceder porque vemos una injerencia del presidente Varela en los demás órganos del Estado”, dijo García.

Por esta circunstancia, el presidente del congreso regional Codre considera que el presidente Varela ha violado la Constitución y debe ser juzgado por extralimitación de funciones.

García fue acompañado por el grupo de ngäbes y buglés residentes en la ciudad capital y que componen la Asociación Civil de esta etnia indígena.

Este grupo liderado por Javier Selles, secretario general, destacó que hay evidencias de que el presidente de la República viola el artículo 127 de la Constitución Política y la Ley 10, que establece la comarca Ngäbe-Buglé.

Las acusaciones de Selles se fundamentan en que el presidente ha instalado una mesa de diálogo y en lugar de suspender la obra, están haciendo todo lo contrario.

A juicio de este dirigente, la Procuraduría tiene como deber aceptar las denuncias contra el presidente y levantarle un informe y remitirlo ante la Asamblea.

“La Asamblea tiene el deber de investigar al presidente, pero ahora no podemos poner ninguna denuncia porque no se ha instalado la Comisión de Credenciales por culpa de los diputados, que no se ponen de acuerdo”, dijo Selles.

Este grupo tiene casi un mes de vigilia en el Parque Legislativo en protesta para que sea cerrado el proyecto de Barro Blanco.

Demandan nombramiento del jefe de la Autoridad de Innovación

El abogado Sídney Sittón se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para demandar la supuesta ilegalidad del nombramiento de Irvin Halman en el cargo de administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

Sittón sustentó en su demanda que el presidente Juan Carlos Varela no probó en la resolución de nombramiento que Halman cumpliera con los requisitos para ocupar este cargo.

La Ley 65 del 19 de 2009, que reglamenta la AIG, exige que el administrador de la entidad debe tener como requisito experiencia en el uso de herramientas de la informática y la comunicación.

En el Decreto Ejecutivo 792 del 19 de septiembre de 2014, hecho para el nombramiento de Irvin Halman como administrador de la AIG, se establece un ingreso de $10 mil mensuales, desglosado en $5,000 de salario y $5,000 en gastos de representación.

Irvin Halman fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá.

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