Costa Rica: critican el desalojo a 100 familias campesinas
El desalojo de unas 100 familias de la finca La Chánguina en Palmar Sur (Puntarenas), el sábado anterior, dio lugar a críticas contra el gobierno, mientras que éste aseguró que se vio forzado por una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y aseguró estar atendiendo la situación de las familias afectadas.
El desalojo fue ordenado por esa instancia judicial en el marco de un proceso planteado por el empresario Oscar Echeverría Heigold, que reclama la propiedad de los terrenos.
“No es posible que los únicos emisarios que el gobierno envió a la zona hayan sido los antimotines. El gobierno protege a este empresario tan cuestionado y violenta a las familias campesinas”, afirmó el diputado Gerardo Vargas, jefe de bancada del Frente Amplio.
Vargas dijo que los policías cortaron el agua y la luz y sacaron de manera violenta a los campesinos, incluyendo a mujeres embarazadas, niños y adultos mayores.
Los campesinos se fueron a instalar al puente sobre el río Terraba, en señal de resistencia.
“Cuando los antimotines sacaban a los niños a la calle, no había nadie del PANI para protegerlos, pero ahora que están en el puente, sí andan allí presionando a los padres”, agregó el legislador.
Un empresario cuestionado
De acuerdo con Vargas, Echeverria Heigold tuvo hasta hace poco deudas millonarias con la Caja del Seguro Social y, a pesar de haber recibido créditos cuantiosos de bancos del Estado, se declaró en quieba.
“Este señor tiene un historial de denuncias de violaciones a derechos de trabajadores en sus empresas, estafó a las cooperativas que tenían las tierras y ahora descaradamente quiere arrebatárselas a los mismos trabajadores que explotó durante años”, señaló el dputado Vargas.
Echeverría Heigold también es recordado por haber sido quien regaló un auto a Oscar Arias, a los pocos días de haber ganado las elecciones.
Acción obligada
Mientras tanto, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, viajó el sábado a Palmar Sur para escuchar personalmente a las familias desalojadas de la finca Chánguina y tratar de atender la situación de emergencia de los afectados.
En un comunicado difundido por la Presidencia, el gobierno dijo estar comprometido en la búsqueda de una solución integral al problema de vivienda y tierras de estas familias.
El Instituto Mixto de Ayuda social (IMAS) ofreció a las familias los recursos para que paguen un alquiler de vivienda por un plazo no precisado, mientras son reubicadas en un espacio definitivo.
Asimismo, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) evalúa varias opciones de propiedades para reubicar a las familias residentes en Chánguina en un proyecto agro productivo nuevo que diseña desde hace varias semanas la Universidad Nacional.
Según explicó el Ministerio de Seguridad Pública el desalojo no fue practicado por su voluntad, sino por una orden del Tribunal Contencioso Administrativo que las autoridades estaban obligadas a cumplir.
