Ayotzinapa: relatores de la ONU piden que se investigue a autoridades

Relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron al presidente Enrique Peña Nieto “ahondar en los distintos grados de participación de todas y cada una de las autoridades” involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del año pasado.

Juan Méndez y Christof Heyns, relatores especiales sobre Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales, respectivamente, también solicitaron que el gobierno mexicano instrumente “todas las recomendaciones” incluidas en el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A esa petición se sumaron Ariel Dulitzky, Bernard Duhaime, Jeremy J. Sarkin, Tae-Ug Baik y Jasminka Dzumhur, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

En un comunicado fechado en Ginebra, resaltaron la conclusión de que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero –versión presentada por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como “la verdad histórica”–, y coincidieron con los expertos de la CIDH en la necesidad de hacer un replanteamiento general “a partir de los déficit”, como la búsqueda de estudiantes, la dispersión de las investigaciones, la calificación de los hechos y las alegaciones de malos tratos y torturas.

Al ofrecer su cooperación y asistencia técnica en el caso, los expertos de la ONU apuntaron que la investigación sobre los hechos de Ayotzinapa “debe ser exhaustiva y ahondar en los distintos grados de participación de todas las autoridades que por acción u omisión estuvieron involucradas en lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre de 2014, así como el desarrollo de las investigaciones y actuaciones realizadas con posterioridad”.

Luego de puntualizar que todos los funcionarios que obstruyeron la investigación del caso de Ayotzinapa deben ser sometidos a indagatorias, alentaron al Estado mexicano a “implementar todas las recomendaciones del GIEI”.

Ello, dijeron, “favorecerá la adecuada investigación y sanción de los responsables, el esclarecimiento de los hechos, así como la búsqueda, reparación y atención a las víctimas”, apuntaron.

Asimismo, recordaron que las observaciones de los expertos de la CIDH “son relevantes no sólo para el caso de los estudiantes normalistas, sino también para los grandes retos que el Estado mexicano enfrenta en materia de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones”.

Finalmente, los expertos de Naciones Unidas ofrecieron su cooperación y asistencia técnica al gobierno de Peña, y enviaron “un mensaje de reconocimiento, solidaridad y aliento a las víctimas, a las familias y a los estudiantes normalistas”.

Proceso

Instituyen el 26 de septiembre como el día contra la desaparición forzada

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobará el próximo martes una reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales con el propósito de instituir el 26 de septiembre como Día nacional contra la desaparición forzada. En esa fecha se izará la bandera a media asta en edificios y plazas públicas.

Por iniciativa de los grupos parlamentarios de PAN y Morena, la iniciativa de ley por la cual se conmemorará la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, sería aprobada este jueves, pero optaron por diferir la votación para el martes con la finalidad de consensuar un título para ese día.

Así, la Cámara de Diputados aprobará su primer trabajo legislativo, que coincide con la presentación del informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que propone nuevas líneas de investigación sobre la tragedia.

César Camacho Quiroz, presidente de la junta, anunció que los grupos parlamentarios representados en San Lázaro aceptaron la propuesta de su partido (PRI) de reducir 50 por ciento los recursos disponibles para los órganos de gobierno de la Cámara, la Junta de Coordinación Política, el comité de administración y la mesa directiva.

Así, de septiembre a diciembre la Cámara de Diputados ahorrará 58.8 millones de pesos por gastos de operación de sus órganos de gobierno.

Durante los tres años la 63 Legislatura se prevé un ahorro de 500 millones de pesos.

Durante la reunión en la Junta de Coordinación Política, el grupo de Morena propuso que esos recursos (500 millones de pesos) se destinen a actividades educativas. Los integrantes del órgano de gobierno aceptaron la propuesta y corresponderá a la Secretaría de Hacienda disponer de esos fondos para destinarlos al rubro educativo.

Camacho Quiroz expuso que este jueves, durante la sesión ordinaria, cada grupo parlamentario fijará su posición acerca del informe de los expertos de la CIDH, que ha sido compartido por el gobierno federal. “Se ha recibido con sentido de responsabilidad a efecto de enriquecer la investigación, que se mantenga abierta y esté en curso.

“Tenemos como punto de convergencia el deseo vehemente de que la investigación, técnicamente rigurosa, respetuosa de los derechos de las personas, pueda desembocar en la obtención de evidencias suficientes que, llevadas a la consideración de un juez, imparta justicia con recto juicio y que se evite la impunidad, que lastima a las familias, a las instituciones y a la convivencia social, y afecta el estado de derecho”.

La Jornada