Corte de Apelaciones de Valparaíso pide informe a Venezuela por caso de Leopoldo López

La semana pasada, los gobierno de Chile y Venezuela tuvieron un impasse por la condena de 13 años de cárcel que se dictó para el líder opositor Leopoldo López, quien fue declarado culpable de instigar a la violencia en las protestas realizadas el 12 de febrero de 2014.

La administración de Nicolás Maduro criticó que en Chile se hayan pronunciado sobre la sentencia y la Cancillería replicó que “bajo ningún concepto puede considerarse como una intervención en los asuntos internos una expresión respetuosa sobre los derechos humanos y garantías fundamentales en otro país”.

Ahora, a través de la vía judicial, el país vuelve a mostrar interés por el caso. Esto, porque la Corte de Apelaciones de Valparaíso solicitó, a través de la Cancillería, que se oficie al embajador de Venezuela en Chile para que emita de un informe sobre la situación de López.

El tribunal de alzada realizó este requerimiento en el marco de la tramitación de un recurso de protección que se presentó en favor de López y del diputado Daniel Ceballos, quien desde el mes pasado está con arresto domiciliario en Venezuela.

El origen de esta inusual causa se remonta al 25 de mayo, cuando John Londregan y María Victoria Villegas, ambos residentes de Concón, presentaron la acción judicial poco después de que López iniciara una huelga de hambre.

El escrito indica que López y Ceballos “son prisioneros políticos, detenidos de conciencia del gobierno de Nicolás Maduro” y que solicitan a la Corte de Apelaciones de Valparaíso “en base a la doctrina de la jurisdicción universal de los Derechos Humanos reclamados, acoja el recurso y ordene se resguarde la vida e integridad física de los protegidos, poniéndoles a inmediata disposición de la Asamblea General de la OEA en pleno y total ejercicio de sus derechos”.

La respuesta del tribunal de alzada de Valparaíso vino el día siguiente. Estableció que se declaraba incompetente, ya que sólo podrían pronunciarse si el hecho denunciado quedaba dentro de su jurisdicción.

Tras conocer la decisión, Londregan y Villegas acudieron a la Corte Suprema. La resolución del máximo tribunal, del 6 de julio, estableció que el argumento que había dado la corte porteña “no puede ser resuelta en etapa de admisibilidad del recurso” y que “se declara que la Corte de Apelaciones de Valparaíso proveerá la presentación del recurrente”, o sea, ordenó su tramitación. De esta forma, el 15 de julio, los jueces de la V Región emitieron una resolución indicando que “a objeto de obtener antecedentes que permitan resolver, ofíciese al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, por su intermedio, se solicite al Señor Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, si lo tiene a bien, pueda brindar información sobre los antecedentes del recurso”.

El 3 de septiembre, la corte emitió un nuevo oficio a Cancillería, indicando que en dos ocasiones anteriores habían insistido con la petición, pero que aún no recibían noticias. Hasta ayer en la tarde, el gobierno de Venezuela aún no respondía este requerimiento. El jueves se resolverá el recurso de protección.

La Tercera