En 15 años, Ecuador reduce al 5% la pobreza extrema

Este mes termina el plazo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eran retos que el país asumió en el 2000 en plena crisis económica. Este Diario presenta una referencia de la realidad de cinco provincias en temas de cuatro de estas metas: pobreza, empleo, desnutrición y acceso a servicios.

El empleo adecuado incide en los objetivos globales del milenio

La erradicación de la pobreza extrema y el hambre es el primero de los ocho objetivos del milenio que se trazaron 191 países en la Declaración del Milenio de septiembre de 2000. Entre las metas incluía reducir a la mitad la pobreza extrema entre 1990 y el 2015.

El informe que Ecuador ha presentado para verificar el desempeño de este reto indica que la pobreza extrema fue de 13,6% en 1995. Y en 1999, un año antes de que el país empiece el camino para cumplirlas y en plena crisis económica, era de 20,1%. A los siete años la redujo en 12,9% y en 2014 (último dato disponible) se ubica en 5,7%.

El empleo, dice el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Diego Zorrilla, combate a la pobreza que en el país era del 25,8% (2014). Aquí una muestra de la realidad en 4 de estas metas, en 5 de las provincias con mayor pobreza y la que más la aglutina.

En Guayas

Lenna Arroyo, de 24 años y con tres hijos, dejó de ser pobre el año pasado, al menos para la estadística oficial que dice que lo son quienes viven con $ 84,39 al mes, los que consumen menos de $ 47,56 están en la extrema pobreza. En ese entonces su esposo, Pedro Preciado, ganaba unos $ 400 mensuales como albañil en un trabajo estable, más lo que ella conseguía enlazando trenzas o haciendo peinados en las cabelleras afro de sus vecinas en la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, acumulaban entre ambos hasta $ 500 que se dividió entre los cinco. Con ello, el arroz con huevo, un plato habitual en épocas de escasez en este hogar, fue reemplazado por carne, pollo y, a veces, frutas.

Pero la temporada de “comer bien”, como dice Arroyo, terminó este año, cuenta ella la tarde del martes pasado sentada al pie de su casa de caña, de fachada inclinada, de paredes de plywood y cartón que dividen dos ambientes en el que viven los cinco integrantes de su familia.

Ahora la austeridad gobierna en esta misma vivienda con techos de zinc oxidados que hace cinco años fotografiaron los del Ministerio de Inclusión Económica y Social para constatar la pobreza de Arroyo. Tras ello recibía el bono ($ 50 al mes), pero hace tres años se lo quitaron. Sin dar razones, dice la mujer de tez morena, cuando su esposo aún no tenía aquel trabajo con el que compraron ropa nueva en la Navidad pasada.

Los ingresos del hogar de Arroyo bordearon este año los $ 300 al mes, según el trabajo eventual que Preciado logre obtener, que debe alcanzar para los cinco miembros de la familia.

La misma incertidumbre marca el hogar de María, en la isla Trinitaria. Hay semanas en las que su esposo puede ganar, como conductor de tráiler, entre $ 20 y $ 40, lo que se va en comida para cinco miembros: “Siempre hago el arroz y la sopa, no le hago nada de acompañado al arroz; más me gusta que tomen es sopa”, afirma María.

En Ecuador había 4’090.707 pobres por consumo (25,8% de la población), según la Encuesta de Condiciones de Vida 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Se trata de personas cuyos gastos de consumo total no superan los $ 84,39 (línea de pobreza) al mes. Guayas, por su densidad poblacional, alberga a la mayor cantidad de ellos, un 17,6% de ese total.

Es una pobreza que en el hogar de Ana Galarza, de 36 años, se traduce en almorzar papa y fideos que sobresalían del caldo de lentejas con arroz que comía esta esmeraldeña al mediodía del martes último. Es lo que puede ofrecerle a su hija, de 3 años, que caminaba descalza con la barriga abultada, por el piso de tierra de la casa donde viven desde el 2009 en Monte Sinaí, en Guayaquil.

“En el subcentro me dicen que le falta peso. Hago lo que puedo”, dice. El tipo de vivienda como la suya (paredes de caña y techos de zinc) se replica una seguida de otra en esta zona en la que también viven Helen y María, dos primas que migraron de la provincia de Bolívar. Ambas son madres a sus 16 años, no trabajan y viven en hogares con ingresos de $ 120 al mes.

Un monto que sirve para la manutención de cuatro personas, en el caso de Helen, es decir, cada uno sobrevive con $ 30 mensuales, por lo que engrosan la pobreza extrema. Como consecuencia, en este hogar hacen una sola comida alrededor de las cinco de la tarde que cuenta como almuerzo y merienda. Pasó la tarde del lunes último cuando comieron verde con huevo.

Para huir del desempleo unos se ponen negocios al pie de sus casas como Irlanda Urresto, de 60 años, quien los domingos prepara comida y la vende a sus vecinos de la isla Trinitaria. A otros, la enfermedad los aleja de un empleo. Es el caso de Freddy Salazar, de 52 años, desempleado desde que se contagió de tuberculosis: “El vecino de al frente me pasó, compartí el vaso (mientras tomaba alcohol)”.

En la sierra central

Desde hace casi dos años, Juan Alejandro Sáez sube y baja de buses interprovinciales que paran en la miniterminal de Cajabamba, en el cantón Colta, Chimborazo. Vende bolsas de pan y rosquillas por $ 1 a los viajeros. El riobambeño, de 27 años, trabaja para una señora que le paga $ 62 semanales, por una jornada de lunes a sábado de entre 10 y 11 horas diarias, sin tener seguro social.

Sáez terminó la secundaria, pero cuenta que no ha podido encontrar un trabajo que haga que su esposa y su pequeña hija, Lisbeth, de un año y tres meses, tengan una mejor calidad de vida. Actualmente viven en un cuarto arrendado que le cuesta una semana de trabajo.

A junio de 2015, según el INEC, la provincia de Chimborazo cuenta con una tasa del 71,7% de empleo inadecuado (que incluye a los que ganan menos del sueldo mínimo de $ 354 al mes). Es el tercer porcentaje más alto a nivel nacional. Bolívar, también ubicada en Sierra central, es segunda con 71,8%.

Chimborazo es también la tercera del país con más alto porcentaje de pobres por consumo (53,5%), según la Encuesta de Condiciones de Vida 2014.

La pobreza les impide a ciertas familias cumplir una dieta balanceada como el caso de Manuel Manguia, quien a sus 67 años cuidaba a sus borregos que el 8 de septiembre pasado pastaban en los páramos de la Sierra central del cantón Palmira, en Chimborazo.

Con sombrero y poncho, Manguia pasa el tiempo con provisiones de tostado y habas secas que lleva en los recorridos de 30 km, de ida y vuelta, que hace a pie diariamente desde su casa hasta la zona de pastoreo de sus bienes más preciados: 20 borregos, 2 burros y 1 caballo. Vive en la comunidad rural de Chiripungo con su esposa y una hija no vidente, de 23 años.

En su casa de bloque con agua entubada y sin alcantarillado, la alimentación se basa en lo que cultivan: papas, habas, quinua…

Son familias que comen de lo que siembran como María Cando, de la comunidad Larcaloma del cantón Guaranda, en Bolívar. Ella cuenta que debe esperar cerca de medio año por la cosecha. Mientras espera, la subsistencia de ella y su hijo, que está en décimo año de educación básica, depende de la leche que produzcan las dos vacas que posee. “Ahora con el verano fuerte no hay mucho pasto, por esa razón las vacas no tienen leche (…). Con lo que se vende se tiene $ 2,50 diarios, con eso no se puede vivir”, expresa la mujer.

En la comunidad de Guasumbini Bajo del cantón Sigchos, en Cotopaxi, vive Pablo Pilahuano, un agricultor de 35 años que gana entre $ 300 y $ 400 mensuales de sus sembríos o de la venta de algún “animalito”. Lo que gana solo le alcanza para cubrir lo básico que necesitan los ocho miembros de su familia. La carne de res es calificada por él como un lujo, pues lo habitual en su dieta es una colada de haba, sopa de fideo o papas cocidas con habas o mellocos.

Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar son las tres provincias del país con los más altos índices de desnutrición crónica en la población menor de cinco años, según un mapa de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, la última realizada.

A nivel nacional, un 24% de la población menor de cinco años tenía desnutrición crónica en 2014, según el INEC. En el 2006 era del 25,8% por lo que el problema se mantiene. En la Sierra central, el Gobierno ejecuta el proyecto Desnutrición Cero, que consiste en hacer un seguimiento mensual del peso y talla de niños en las comunidades.

El problema son las distancias. El centro de salud más cercano a la comunidad de Larcaloma está en Quinuacorral, poblado ubicado a una hora a pie por un camino de tierra. La mayoría camina porque no tiene auto.

Zona amazónica

Es la región con la mayor biodiversidad del país y de donde se extrae el petróleo, el principal producto de exportación. Pero las seis provincias amazónicas registran los peores indicadores sociales.

Morona Santiago, por ejemplo, tiene la mayor tasa de pobreza por consumo (58,7%), seguida por Napo (54,2%), según la Encuesta de Condiciones de Vida 2014. Y el empleo inadecuado afectaba a 74,59% de la población económicamente activa en junio pasado, según el INEC, la más alta del país.

Algunos de sus pobladores refieren que se han acostumbrado a ganar poco como Fausto Mayansela, un abogado de 37 años que distribuye pan en el cantón Pablo XI en Morona Santiago: “Pienso que es malo, nos hemos criado así, con esa ideología de no tener mucho, se tiene para comer, para sobrevivir y darle el estudio a los hijos”, afirma.

En esta provincia sus habitantes concuerdan en que se han cansado de esperar obras básicas, por lo que si no les llega el agua a sus casas la sacan con manguera del río; si no hay qué comer, siembran y cosechan. Si no hay transporte público, caminan la distancia que sea, y si el tiempo no apremia, esperan entre una y tres horas por un bus que los acerque a sus hogares.

Saúl Castillo, vicealcalde del cantón Limón Indaza, en Morona Santiago, afirma que este año se han registrado 151 derrumbes en las vías que unen las comunidades rurales con la cabecera cantonal, General Leonidas Plaza Gutiérrez, lo que impide la comercialización de productos. Por esto, asegura, decretó al cantón en emergencia para poder destinar fondos con agilidad.

Estos bloqueos generan pérdidas económicas, dice Luis Antunish, un shuar que es presidente de la Junta Parroquial de El Rosario, que pertenece a este cantón. “Me piden mis comunidades: queremos sacar nuestro producto. Había una vía, cayó un derrumbe, 400 litros de leche no pudieron sacar nuestra gente. Y para eso tenemos que tener acceso de vialidad, para sacar nuestros productos”.

Más al norte, Sucumbíos y Orellana tienen los mayores índices de pobreza por necesidades básicas insatisfechas con 59,8% y 59,4%, en su orden. En esta región, el agua por red pública llega a 53% de los hogares y el alcantarillado a 44,1%, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2014, los porcentajes más bajos del país.

El Universo