México: Presentan informe independiente que desmiente la versión oficial sobre Ayotzinapa

Entregan dictamen sobre ‘Ayotzinapa’

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentará el resultado final de su pesquisa de lo ocurrido en Iguala y mañana se reunirán con las familias de los ‘43’Expertos de la CIDH

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregará el resultado final de su investigación sobre los hechos de Iguala/Ayotzinapa, contenido en un expediente de casi medio millar de hojas, hoy al Estado mexicano en una ceremonia que se realiza en el auditorio “Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ante representantes del cuerpo diplomático y prensa.

Este sábado, los cinco integrantes del GIEI se reunieron con madres y padres de familia de los jóvenes fallecidos, heridos y desaparecidos de Ayotzinapa y con los estudiantes sobrevivientes de la agresión para anticiparles los logros y pendientes de su labor. Pero será hasta mañana lunes que se reúnan en pleno con todo el colectivo en la escuela normal en Tixtla, Guerrero, para explicar en detalle el contenido y los alcances del informe.

Durante los seis meses de trabajo de este primer mandato, prorrogable por ley por un semestre más, los especialistas del GIEI que la Organización de Estados Americanos asignó para el caso de Ayotzinpa hicieron públicos cuatro informes parciales con los avances logrados a lo largo de su investigación.

En este periodo hicieron valer las facultades que fueron definidas en el convenio que firmó el gobierno mexicano con la OEA y que entró en vigor el 2 de marzo.

A lo largo de los últimos seis meses presentaron decenas de recomendaciones a distintas instancias del gobierno mexicano, entre ellas a la Segob, PGR y las procuradurías estatales.

En paralelo hicieron un análisis para evaluar la capacidad del Estado mexicano para prevenir la desaparición, investigar y sancionarla.

En todas sus peticiones y requerimientos recibieron colaboración de las autoridades excepto de parte de la Sedena que, ante reiteradas solicitudes, se ha negado a permitirles el acceso a los militares del 27 Batallón de Infantería que, según consta en distintas pruebas recopiladas, estuvieron activos en los escenarios donde se desarrolló la agresión, con su trágico saldo. La Jornada

Es clara la participación militar en el caso Iguala

MÉXICO.- Integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, jugaron un papel crucial la noche del 26 de septiembre de 2014, en el ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, del cual resultaron 10 normalistas heridos, tres muertos y 43 desaparecidos.

Así lo revelan las declaraciones ministeriales del comandante del 27 Batallón, coronel, José Rodríguez Pérez; del capitán, José Martínez Crespo; y 34 militares más, rendidos ante la PGR los días 3 y 4 de diciembre pasados. Copias de dichos testimonios fueron obtenidas mediante la Ley Federal de Transparencia.

Esas declaraciones desmienten la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que durante casi un año ha sostenido que el Ejército nunca estuvo en el lugar de los hechos y que ninguna instancia federal tuvo conocimiento de lo ocurrido sino hasta varias horas después.

Los militares confesaron lo contrario. Admitieron que espiaron a los estudiantes desde su llegada a la caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla a las 19:30. Conocieron en tiempo real todas las agresiones contra los normalistas y esa información también la tuvo en tiempo real la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, Guerrero, cuyo comandante era entonces el general Alejandro Saavedra Hernández, ascendido en diciembre último a la comandancia de la IX Región Militar, también en Guerrero.

‘Civiles’ dispararon

“Recibimos la orden del (nombre tachado en el expediente por la PGR): ‘Ármense, vamos a salir’. También nos dijo: ‘Pónganse vergas porque hay personal armado que anda matando gente’”, declaró a la PGR uno de los interrogados, a quien se identificará aquí como militar número 13, pues su nombre fue censurado, al igual que el de varias decenas de declarantes más.

Un comandante del 27 Batallón de Infantería admitió que presenció el ataque contra el camión 1531 de la línea Estrella de Oro frente al Palacio de Justicia en la carretera Iguala-Chilpancingo. Los estudiantes que viajaban en el vehículo están desaparecidos.

Rodríguez Pérez reveló la existencia de un grupo especial del Ejército: los Órganos de Búsqueda de Información (OBI), integrado por militares vestidos de civil; sus miembros permanecieron en las calles de Iguala la noche del 26 de septiembre.

Según testimonios de vecinos y de sobrevivientes del ataque de la Policía Municipal, hubo personas vestidas de civil que les dispararon.

Vanguardia


 

Peña Nieto dijo que tomará en cuenta el informe de la CIDH sobre los 43 estudiantes desaparecidos

El presidente mexicano dio “indicaciones” para que las investigaciones del caso “tomen en cuenta” el informe divulgado por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que refutó la “verdad histórica” anunciada meses atrás por el gobierno.

En tanto, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, anunció que el gobierno prorrogará el mandato de los expertos de la CIDH para que continúen investigando el caso.

“He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI” (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la CIDH, escribió Peña Nieto en su cuenta de la red social Twitter.
Tras investigar el caso durante seis meses, los expertos del GIEI presentaron en conferencia de prensa un informe según el cual el móvil del caso pudo haber sido la existencia de droga oculta en un ómnibus que trasladaba a los estudiantes y recomendó al gobierno que siga esa línea de investigación.

Además, el trabajo asegura que “no existe ninguna evidencia” de que los jóvenes desaparecidos fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula, hipótesis que fue anunciada en enero pasado como “verdad histórica” por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo.

Asimismo, el GIEI sostuvo que, pese a que fuerzas municipales, estaduales y federales fueron “testigo del nivel de agresión y violaciones de derechos humanos” que sufrieron los estudiantes, no actuaron “en protección” de ellos.

En una conferencia de prensa posterior a la presentación del informe del GIEI, Gómez anunció, además de la prórroga del mandato de los expertos de la CIDH, que ordenó un nuevo peritaje al basurero de Cocula, a cargo de “un cuerpo colegiado de peritos forentes del más alto prestigio”.

La fiscal general de México dijo también que ordenó que la investigación quede concentrada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, lo que permitirá que los procesos penales abiertos se acumulen y sean resueltos por el mismo juez federal.

La funcionaria prometió que las investigaciones “continuarán hasta sus últimas consecuencias, hasta que el último responsable sea consignado”, porque el caso “indigna y lastima a toda la sociedad y, por supuesto, al gobierno”.

El 26 de septiembre de 2014, ataques armados a varios ómnibus que transportaban a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa y a un equipo juvenil de fútbol dejaron seis muertos y 25 heridos en el municipio Iguala del estado sureño Guerrero.

Además, desaparecieron 43 estudiantes que, según las hipótesis hasta ahora más firmes, fueron capturados por policías locales que los entregaron a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y éstos los mataron y quemaron sus cuerpos en el municipio vecino Cocula.

Télam


 

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