Ayotzinapa: transparencia urgente – Diario La Jornada, México

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada ayer en Washington, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido por esa instancia continental para coadyuvar en la investigación de los hechos de Iguala del 26 de septiembre del año pasado, se dio a conocer un acuerdo mediante el cual el gobierno mexicano se compromete a crear en la Procuraduría General de la República (PGR) un equipo que se haga cargo de continuar las investigaciones y ampliarlas de acuerdo con las recomendaciones formuladas por el propio GIEI, entre otras, que se esclarezca la sospecha de que algunos de los presuntos autores de la agresión contra los normalistas de Ayotzinapa fueron sometidos a tortura.

Según el acuerdo, el nuevo equipo investigador será independiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y quedará adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, cuyo titular, Eber Betanzos, estuvo presente en el encuentro. Asimismo, se formalizó la iniciativa gubernamental de realizar un nuevo peritaje sobre fuego en el basurero de Cocula. Se estipuló incorporar a la investigación oficial el informe rendido por el GIEI el pasado 6 de septiembre, así como las nuevas líneas de investigación propuestas en ese documento; además instituir un mecanismo de coordinación entre ambas partes, relanzar la búsqueda de los 43 muchachos desaparecidos, así como crear un marco adecuado de atención a sus familiares, lo que incluye el compromiso de informarles de cualquier avance en la investigación antes que a la opinión pública.

Más allá de estos avances positivos, en el convenio la PGR se reservó de nueva cuenta espacios de opacidad y discrecionalidad, pues “la observancia o participación” de los expertos independientes quedó constreñida a “las cuestiones que estime relevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia”.

Con estos términos se mantiene la ambigüedad que se hizo evidente en el encuentro mismo de ayer, en el que los representantes del gobierno mexicano (los subsecretarios de Derechos Humanos de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa y Miguel Ruiz-Cabañas, respectivamente) fueron cuestionados acerca de la rotunda negativa formulada en días pasados por el secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, a que efectivos del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, fueran entrevistados por los integrantes del GIEI. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, también presente en el encuentro, hubo de ratificar la negativa castrense.

Flaco favor se hace y se le hace a la institución armada porque al colocar a sus elementos fuera del escrutinio internacional se refuerza la sospecha de que hubo alguna responsabilidad de los soldados destacados en Iguala en la agresión contra los normalistas.

Otro tanto puede decirse de la actitud remisa del gobierno en general en torno a este caso, porque hace pensar en ejercicios de encubrimiento. El ex procurador Jesús Murillo Karam dejó pasar la oportunidad de realizar una pesquisa inobjetable. Cuando su “verdad histórica” se derrumbó por su propio peso y el funcionario salió de la PGR, ésta tuvo una segunda posibilidad de esclarecer desde cero tanto los crimenes de Iguala como los extravíos de la investigación oficial; asimismo, con motivo del segundo encuentro entre el presidente Peña Nieto y los padres de los desaparecidos (24 de septiembre) se pudo haber anunciado la conformación de una instancia exclusivamente dedicada a aclarar lo ocurrido en Iguala, como lo han estado pidiendo los familiares de los ausentes; pero, inexplicablemente, apenas ayer se aceptó tal petición.

Mientras tanto, las instituciones del Ejecutivo federal siguen acumulando descrédito y erosión, y ello ha de tener consecuencias sumamente negativas para el país en general y para el gobierno en particular. La audiencia de ayer de la CIDH abre una nueva oportunidad para que las autoridades nacionales dejen de lado ambigüedades y actitudes omisas y asuman un compromiso pleno con el esclarecimiento de los trágicos sucesos de Iguala y el castigo a los responsables. Es urgente y necesario.

La Jornada