Caso Curuguaty: Tribunal rechaza pedido de libertad de los campesinos acusados

En la mañana de este jueves se reinició el juicio oral a los once campesinos acusados por la masacre de Curuguaty en el Palacio de Justicia de Asunción. El tribunal de sentencia del caso Curuguaty –presidido por el juez Ramón Trinidad e integrado Benito Ramón González y Samuel Silvero– rechazó el pedido de libertad ambulatoria de los labriegos señalando que el pedido era improcedente, pues ya contaban con medidas alternativas a la prisión, a excepción de Rubén Villalba, quien fue condenado por el caso Pindo.

Asimismo, a pedido del fiscal Jalil Rachid el tribunal remitió las actuaciones de los abogados defensores Albino Ramírez, Víctor Azuaga, Amelio Sisco y Pablo Aguayo en el caso a la Oficina de Auditoría de Gestión Jurisdiccional a raíz de las sucesivos recursos y recusaciones presentadas ante las irregularidades de las garantías procesales de los acusados. Además, dos abogados presentaron renuncia, por lo que se estableció un plazo de 48 horas para que nuevos profesionales asuman la defensa de Fanny Olmedo y Arnaldo Quintana o de lo contrario se asignaría directamente defensores públicos.

Los abogados reiteraron a los integrantes del tribunal que se aparten de la causa si es que están actuando bajo presiones. Por último, se volvió a convocar a las partes para el próximo 28 de octubre, a las 8:00 horas, para retomar el juicio oral y público.

Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fanny Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.

El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.