Declaración de Medellín. Documento firmado por 101 periodistas de Iberoamérica, respaldando la demanda de la periodista Carmen Aristegui contra el Estado mexicano por censura
DECLARACIÓN DE MEDELLÍN
APOYO A DEMANDA DE LA PERIODISTA MEXICANA CARMEN ARISTEGUI ANTE LA CIDH
Los periodistas abajo firmantes reunidos en Medellín, Colombia, en ocasión del Festival de Periodismo Gabriel García Márquez 2015, más otros colegas de distintos países que se han sumado, hemos decidido suscribir junto al equipo de reporteros, redactores, comentaristas y productores mexicanos, encabezado por nuestra colega Carmen Aristegui, una demanda contra el Estado mexicano por obstrucción y denegación de justicia. Lo hacemos en calidad de peticionarios, acorde a lo que establece el artículo 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ese equipo periodístico fue el ganador del Premio Gabriel García Márquez 2015 en la categoría Cobertura, porque un jurado internacional independiente, integrado por destacados profesionales, todos reconocidos como maestros de la profesión en el continente, consideró que “La casa blanca de Enrique Peña Nieto” es el trabajo que mejor reúne los requisitos de excelencia y ética profesional entre 337 postulaciones de toda Iberoamérica.
La información recogida en Medellín por todos los firmantes nos permite decir que esta es la historia:
En noviembre de 2014 un grupo de periodistas mexicanos, entre los que se encuentran Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta, Sebastián Barragán y Carmen Aristegui, culminaron una importante investigación periodística que tomó varios meses en torno a una millonaria residencia en posesión del Presidente de México Enrique Peña Nieto, avaluada en más de 7 millones de dólares y cuya propiedad legal estaba registrada a nombre de un próspero contratista del gobierno mexicano. La residencia, ubicada en Lomas de Chapultepec, la zona de más amplia plusvalía en la Ciudad de México, fue diseñada por un renombrado arquitecto al gusto y necesidades del hoy Presidente de la República.
La investigación reveló que antes, durante y después de la construcción de esa casa, ocupada por Peña Nieto, el grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario legal de la casa, fue beneficiado con contratos millonarios de reparticiones del Estado, algunos obtenidos en cuestionados procesos de licitación y otros por asignación directa. La investigación demostró que los contratos millonarios en obras públicas del empresario Hinojosa Cantú, amigo del Presidente, habían crecido de manera considerable precisamente durante las gestiones políticas del mandatario.
En el desarrollo de esa investigación, los periodistas solicitaron información del tema a la presidencia de México -vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información- para incorporarla al reportaje. La respuesta del gobierno mexicano fue no entregar ninguna información sobre las interrogantes planteadas por los periodistas, y poner en conocimiento del contenido de esa investigación a los concesionarios de la radio donde trabajaba ese equipo periodístico.
Los empresarios Joaquín, Ernesto y Alejandro Vargas, propietarios del grupo MVS Comunicaciones, concesionario del espacio radiofónico, fueron presionados por el poder político, que buscó impedir que los periodistas dieran a conocer en sus frecuencias esta investigación. De hecho, los dueños de MVS Comunicaciones pidieron ex profeso a la directora del grupo periodístico, Carmen Aristegui, que esa información fuera omitida de sus frecuencias. El argumento principal que expusieron fue que divulgar un reportaje de ese calibre pondría en riesgo su relación con el gobierno y los permisos y autorizaciones gubernamentales necesarios para la operación de sus frecuencias concesionadas, particularmente la relacionada con la banda 2.5 para explotar Internet de alta velocidad y la más rentable.
En ese contexto, los periodistas enfrentaron el dilema de aceptar la censura y guardar el reportaje en sus cajones para no afectar millonarios intereses empresariales, o bien buscar una salida alterna que les permitiera mantener al aire su programa y, a la vez, garantizar una amplia cobertura para un tema de claro interés público. Eligieron la segunda opción. Convocaron a colegas corresponsales de los más importantes medios de comunicación internacionales y les adelantaron el contenido del reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto” que fue difundido simultáneamente en el sitio web “Aristegui Noticias”, en la revista Proceso, en los diarios La Jornada y Reforma, y en el sitio web “Sin Embargo”.
El reportaje nunca fue difundido en las frecuencias de Noticias MVS. Aún así, esa empresa escaló un conflicto artificial hasta llegar al punto de pretender sustituir el modelo de libertad editorial, contemplado en el contrato suscrito por la periodista Aristegui y la empresa MVS Comunicaciones, por uno de control editorial y censura previa. El intento de imponerle al equipo de “Noticias MVS, primera emisión”, nuevos mecanismos de censura y control de contenidos, fue rechazado por el equipo de ese noticiero radiofónico. El desenlace de ese episodio significó el despido fulminante y masivo de todo ese equipo. Esa ruptura también significó que la empresa de comunicación desconociera unilateralmente los términos del contrato suscrito con la directora del informativo.
En 2009, Carmen Aristegui había suscrito un contrato civil con la empresa MVS Comunicaciones, en el cual se establece que la periodista es directora y responsable de los contenidos editoriales del noticiero radiofónico “Noticias MVS, primera emisión”. En dicho contrato se incorporó un código de ética mediante el cual se asumen compromisos mutuos entre la periodista y la empresa de comunicación frente a su audiencia. También se incluyó un árbitro al cual se recurriría en caso de un diferendo editorial que no pudiera ser resuelto a la luz de la interpretación de ese código de ética.
Ese modelo de avanzada en la regulación de la relación profesional entre periodista y concesionarios, basado en la libertad editorial, funcionó durante seis años y permitió a los periodistas desarrollar un trabajo profesional e independiente que generó contenidos editoriales que, a juzgar por su creciente audiencia, fueron altamente apreciados. Ese exitoso modelo editorial resultó también un rentable modelo de negocios.
En respuesta a la violación de contrato y censura cometidos por MVS Comunicaciones contra los periodistas, miles de oyentes y algunas organizaciones no gubernamentales relacionadas con la libertad de expresión, no solo se manifestaron en la calle y recolectaron firmas de apoyo a los periodistas, sino que promovieron recursos legales para buscar el amparo de la justicia ante la arbitraria acción que los sacó abruptamente del aire. El público, que había establecido lazos de identificación y pertenencia con el noticiero, reclamó su derecho a ser tomado en cuenta. A su vez, la periodista buscó el amparo de la justicia para tratar de revertir el golpe de censura.
Simultáneamente, en un documento firmado por 114 organizaciones se hizo pública la “preocupación sobre acciones de censura previa, sobre la utilización de medios indirectos para restringir la libertad de expresión y sobre la implementación de medidas de control editorial para eliminar la pluralidad informativa y la difusión de información crítica”.
El juicio de amparo interpuesto por Carmen Aristegui fue admitido en primera instancia por el juez Fernando Silva García, lo que encendió las alarmas no solo del poder político. En efecto, la posibilidad de que ese juicio prosperara puso en alerta a la industria concesionada de radio y televisión ante el peligro de que un juicio devele las malas prácticas editoriales en esa industria. Fue así como la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión le pidió al juez que escuchara sus argumentos sobre por qué el amparo demandado por Aristegui no debía ser acogido. La presión ejercida sobre el Poder Judicial fue de antología. No se permitió siquiera que el juicio se realizara ya que un tribunal colegiado, que actuó en sentido contrario a la jurisprudencia aplicable, dio el tiro de gracia a un proceso con el que se buscaba dilucidar un punto crucial para la libertad de expresión y de información: dirimir si las empresas privadas de comunicación concesionarias de un bien propiedad de la Nación, tienen derecho a censurar o imponer modelos editoriales contrarios a la libertad editorial y a lo que establece el marco de la ley.
“La denegación de justicia a una periodista que pedía amparo por un hecho de censura y violación a sus derechos fundamentales no sólo es una aberración jurídica, sino un signo muy preocupante de regresión autoritaria en este país. El juez podía darnos o no la razón, pero teníamos derecho -mis abogados y yo- a que se nos escuchara y a presentar nuestras pruebas y alegatos”, afirmó Carmen Aristegui. “La justicia nos cerró la puerta. Nos dejaron, literalmente, en la banqueta”, señaló el connotado jurista Javier Quijano, representante del cuerpo de abogados que lleva el caso, al conocer la sentencia.
Aniquilar de esa forma la posibilidad de un juicio por la libertad de expresión impidió, entre otras cosas, que se analizara y resolviera sobre uno de los alegatos jurídicos principales: que en un litigio por censura, la empresa de comunicación no puede ser tratada como si fuera solo un ente empresarial, sino como autoridad responsable, dado que, con sus acciones, viola el derecho fundamental de la libertad de expresión.
Un grupo empresarial que explota un bien propiedad de la Nación y opera con frecuencias concesionadas, está obligado a cumplir la ley como el Estado mismo. Al practicar la censura y hacer mal uso de la concesión que le brindó el Estado, debe responder ante la justicia como autoridad responsable y no solo como empresarios que amordazan a los periodistas.
En este caso, la periodista buscó el amparo de la justicia para tratar de revertir el golpe de censura que la había sacado del aire a ella y a todos los periodistas de su equipo. Desde el poder político y el poder empresarial concesionado de la radio y la televisión se ejerció una fuerte presión para que un juicio de esta naturaleza no se llevara a cabo. Los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado, Pablo Domínguez Peregrina, María Elena López Rosas y Marco Antonio Bello Sánchez fueron los encargados de enterrar el juicio de amparo al denegar justicia a la periodista mexicana.
Esa es la razón principal por la cual firmamos esta “Declaración de Medellín“, convencidos de dar esta batalla por nuestras libertades, y sabedores de que en el continente en el que vivimos estamos poblados de historias de censura, auto censura y graves ataques a la libertad de expresión. Es tiempo de que los periodistas y las audiencias no solo sepamos que tenemos derechos refrendados por leyes y constituciones, sino que debemos encontrar los caminos para que esos derechos se respeten y los hagamos valer.
Medellín, 2 de octubre de 2015.
