Colombia y la lucha contra el feminicidio – Por Maximiliano Pedranzini

América Latina viene mostrando un crecimiento en los índices de feminicidios a nivel mundial y construir una legislación que ampare este hecho aberrante constituye una urgencia en la que Colombia se ha convertido en un paradigma para toda la región.

El 2 de junio de este año, Colombia a través de la Cámara de Representantes aprobó por mayoría la Ley Nº 1761 que condena este crimen atroz contras las mujeres. Esta ley que lleva el nombre de “Rosa Elvira Celis” en homenaje a su figura, quien fuese víctima de violencia de género, tipifica los feminicidios con penas de entre 20 y 50 años de cárcel.

Una ley que define el feminicidio como “la muerte violenta a una mujer por su condición de ser mujer, ya sea en el ámbito público o privado”, tipificándolo penalmente como delito autónomo. Esto sin duda es un avance en la lucha que viene llevando adelante la mujer colombiana, no solo en su país, sino en todo el continente.

Despojarse del mal de la violencia de género es una tarea irrenunciable que las coloca como luchadoras de una causa muchas veces ninguneada por las instituciones e invisible a los ojos de una sociedad de fuerte raigambre patriarcal.

No fue sino la ex senadora Gloria Ramírez perteneciente al Polo Democrático Alternativo quien llevó este tema al centro del debate nacional, presentado un proyecto de ley que tuvo un fuerte respaldo de distintos sectores de derechos humanos y esencialmente el movimiento de mujeres de todo el país quienes comenzaron a tener un rol protagónico decisivo para que esta ley fuera aprobada y sancionada un mes más tarde por el presidente Juan Manuel Santos el 6 de julio.

La notoriedad pública de esta lucha atravesó de punta a punta el vasto territorio colombiano y en el que la única bandera fue la de la movilización. La mujer comenzaba a entrar desde otro lugar en el escenario de los derechos humanos. A mostrarse como una víctima proclive a la violencia y lo que es peor, a la muerte. Otro relieve la constituía en la geografía de los derechos humanos y civiles en una Latinoamérica que ve morir a una mujer cada 35 horas por violencia de género y que ha significado que muchos países empiecen a tomar un poco más en serio la cuestión del feminicidio desde el punto de vista, tanto legal como en materia de derechos humanos.

La cuestión de la violencia de género en sociedades machistas y patriarcales como la nuestra se mezcla con los conflictos armados que vienen amenazando la paz del país desde hace décadas. La guerra, lo paramilitar, el narcotráfico y la violencia cotidiana se combinan en un coctel difícil de digerir para cualquier país y donde la violencia de género particularmente ha venido teniendo un crecimiento preocupante, producto del clima de violencia permanente que acosa a la sociedad en su conjunto. Los conflictos en el que la violencia es moneda corriente lo que hace es generar violencia, y ésta se transmite a la vida doméstica en el que las principales víctimas son los grupos más vulnerables, en este caso las mujeres.

En este sentido, los números para Colombia siguen siendo alarmantes. Según estadísticas, una mujer muere por caso de feminicidio cada tres días y lo coloca como uno de los países de Sudamérica con las cifras más altas de asesinatos de mujeres, la mayoría vinculados con relaciones de pareja. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia en marzo de este año, caratulando el asesinato de mujeres como feminicidio, dando un giro trascendente en la visión, tanto jurídica como ideológica que tiene la sociedad colombiana sobre este tipo de crímenes y que pone al desnudo el poder que ejercen los hombres sobre las mujeres en una relación de claro sometimiento físico y psicológico que las lleva a la muerte. Esto representó, en consecuencia, un paso fundamental para lo que será la elaboración de la ley sancionada el pasado 6 de julio.

Sin embargo, el contexto de paramilitarismo en Colombia empaña la reivindicación de las mujeres, donde este tipo de organizaciones ha tenido prácticas sistemáticas de asesinato, violaciones y desaparición forzada de mujeres como parte de su lógica beligerante. Muchos responsables de crímenes contra las mujeres han salido en libertad y esa es una contradicción que debe ser revisada por el Estado. Ergo, el feminicidio se ha tornado constitutivo de la guerra que se lleva adelante desde hace varias décadas y que haya una salida pacífica a este largo conflicto significará, en buena medida, el final de este proceso criminal a gran escala. Por eso la paz es una necesidad y una urgencia para Colombia. Porque sin paz, jamás habrá justicia.

*Ensayista. Miembro del Centro de Estudios Históricos, Políticos y Sociales “Felipe Varela”, de Argentina.