Secretario de la Gobernación a familiares de Ayotzinapa: «La investigación continúa»
Después de reunirse durante dos horas con padres de los 43 alumnos desaparecidos y estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el titular se la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que «sigue abierto el expediente. No hay cerrazón ni carpetazo al tema, la investigación continúa».
El funcionario federal agregó que se buscan nuevas líneas de investigación para conocer qué sucedió el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, y pidió dejar a un lado las especulaciones respecto del basurero de Cocula.
«Hay un plan de búsqueda para conocer la verdad, y si en esa verdad entendemos que encontramos a los jóvenes, sería un magnífico resultado. No estamos cerrados absolutamente a ninguna vía ni línea de investigación, esa es la postura del gobierno», manifestó.
Los militares sólo pueden presentarse ante el MP
En relación con las indagatorias en el cerro de Cocula, Osorio Chong pidió «dejar las especulaciones a un lado; que hable la ciencia y en ese proceso estamos por encontrar la verdad, sea la que sea».
En la reunión efectuada en el Centro de Convenciones Mundo Imperial, de la zona Diamante de Acapulco, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos insistieron en su petición de que los organismos internacionales y representantes de los familiares se entrevisten con mandos del Ejército Mexicano para esclarecer lo ocurrido en Iguala.
En respuesta, el secretario de Gobernación puntualizó que, «de acuerdo con nuestras leyes, los militares sólo pueden presentarse ante el Ministerio Público. A todos los que han solicitado, han declarado, algunos en más de una ocasión».
Sostuvo que “si hubiera necesidad de alguna otra petición, no habrá dificultad, siempre por la vía de las leyes de nuestro país.
«Les aclaré (a los padres) que los militares, que son integrantes de nuestras fuerzas armadas y que defienden a los mexicanos, que fue necesaria su declaración, así sucedió, y ahí están en los expedientes que obran en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) y del juez. Sea militar o no, tenemos que sujetarnos al estado de derecho», anotó.
En la reunión se informó que se trabaja en una unidad especializada de la PGR y una calendarización de reuniones con fiscales, así como la participación de todo el equipo humano que se pueda requerir para encontrar la verdad.
Osorio Chong indicó que la reunión fue un buen momento para que se explicaran los avances en las investigaciones de búsqueda de los 43 normalistas, y se pactaron reuniones en enero con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.
Se mantiene el diálogo; piden ampliar la estancia del GIEI y entrevistar a militares
Héctor Briseño, corresponsal
Acapulco, Gro.
La reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, «no fue tan ríspida ni de enfrentamiento como en ocasiones anteriores», señaló Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, tras la reunión que sostuvieron ayer con el funcionario federal.
El abogado del organismo no gubernamental Tlachinollan agregó que la reunión fue positiva y no se rompió el diálogo. Sin embargo, expresó que en el encuentro con Osorio se avanzó, aunque «no hay respuestas satisfactorias como quisiéramos».
Por parte de sus representados, agregó, se pidió que la unidad especializada que participará en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, integrada por especialistas de la Procuraduría General de la República (PGR), tenga independencia, y que la presencia de expertos internacionales nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea por tiempo indefinido y estén facultados para llamar a cuentas e investigar a cualquier autoridad, del nivel que sea.
Otros puntos que se abordaron son que continúe la búsqueda con más expertos y que se complete el número de integrantes de la unidad especializada de 53, pues sólo hay 20. Agregó que este jueves la comisión de padres se reunirá con esta instancia en Chilpancingo.
El cuarto punto es la permanencia en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que su presencia sea por tiempo indefinido: «está por seis meses, pero es necesario ampliar el periodo».
El quinto punto fue la entrevista con militares. Recalcó que hablar del Ejército en México sigue siendo «muy complejo», pero la postura de los abogados de los padres de los 43 es que los expertos internacionales puedan entrevistar a la milicia.
«Quince meses sin claridad»
Aproximadamente a las 12:25 horas llegaron al Centro de Convenciones Mundo Imperial, en la zona Diamante de Acapulco, representantes y padres de los 43 normalistas desaparecidos para reunirse con Osorio Chong.
Antes de comenzar el diálogo Emilio Navarrete, padre de uno de los desaparecidos, expresó: «han pasado 15 meses, el gobierno mexicano no quiere darnos claridad. Nosotros no hemos puesto ninguna barrera, ahí está la investigación. De qué sirve que tengan a 115 detenidos si ninguno sabe nada», reprochó.
El Ejército no intervino, pues no vio que se cometieran ilícitos en Iguala: EPN
El gobierno federal reiteró a la Cámara de Diputados que el Ejército Mexicano no actuó para enfrentar la agresión contra los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, porque «no hubo una petición de apoyo de las autoridades civiles» o una conducta delictiva que fuera presenciada por las fuerzas armadas.
La presidencia de la Cámara de Diputados recibió del Ejecutivo federal las respuestas a las preguntas parlamentarias que sucedieron al tercer Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
En el documento, que consta de 323 páginas, la autoridad federal replica a los cuestionamientos de los legisladores en materia de seguridad, economía, desarrollo social e impacto de las reformas estructurales, entre otros temas.
En el apartado de preguntas y respuestas a la bancada de Morena, que cuestiona el papel del Ejército, los argumentos de la administración federal señalaron: «Las fuerzas armadas no pueden actuar en esa materia (en la agresión contra los estudiantes normalistas), sino a petición y en apoyo de las autoridades civiles o en flagrancia, por lo que esa noche el personal militar del 27 batallón de infantería sito en Iguala, Guerrero, no actuó en el control de los disturbios de los estudiantes de Ayotzinapa, ya que no hubo una petición de apoyo de las autoridades civiles o una conducta delictual en flagrancia que hayan presenciado las tropas».
La respuesta a la interrogante de Morena se desglosó en una bitácora de 10 puntos (con horas incluidas). Y se señala que las tropas pertenecientes al 27 batallón de infantería se encontraban, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cumpliendo tareas acordes con las misiones asignadas, como el Plan DN-III-E, tareas de combate al narcotráfico, adiestramiento y actividades administrativas.
En la citada bitácora se señala que a las 23:45 horas (del 26 de septiembre), «el comandante de la guardia en prevención recibió a ocho integrantes del equipo (de futbol) Los Avispones, quienes refirieron haber sido agredidos con armas de fuego en el entronque carretero conocido como Santa Teresa, por lo que salió nuevamente la fuerza de reacción al mencionado lugar».
Antes, a las 23 horas, la fuerza de reacción Vázquez salió al Hospital General de Iguala con objeto de verificar información relacionada con personas lesionadas por arma de fuego.
Así, el gobierno federal expone a las preguntas del Congreso que en ningún momento se tuvo conocimiento sobre las intenciones de los policías municipales que estaban actuando para contener a los normalistas de Ayotzinapa.
Al comentar sobre el actuar de la Policía Federal, el documento en cuestión señala que el personal de dicha dependencia, que estaba replegado en Iguala, pertenece a la División de Seguridad Regional y está asignado a tareas de vigilancia carretera.
Y «fue hasta que se recibió la llamada de emergencia proveniente del subcentro del C4, en el que se informaba de un ataque perpetrado a autobuses que transportaban deportistas, que se activó a la Policía Federal».
Por tanto, la participación de la Policía Federal en el caso del ataque al autobús del equipo Los Avispones y a una unidad del servicio de transporte público consistió en la coordinación de servicios de emergencia, seguridad y atención a los lesionados, seguridad en instalaciones hospitalarias y preservación del lugar de los hechos.
