La declaración de Emergencia en Seguridad del gobierno de Mauricio Macri volvió a aglutinar a un vasto grupo de intelectuales, investigadores, dirigentes políticos y organizaciones de la sociedad civil identificados con el espacio multisectorial conocido como Acuerdo de Seguridad Democrática y el grupo Convergencia, que salieron a alertar sobre los peligros del decreto presidencial que trata de instalar la idea de que el narcotráfico es la base del delito y la violencia en general y que –según explican en un documento colectivo– en lugar de reconocer a las Fuerzas Armadas y de seguridad como parte del problema les termina dando más poder. Eso se advierte en la autorización para derribar aviones, lo que equivale, interpretan, a una “pena de muerte encubierta”. Entre quienes firman hay una mezcla de personalidades de un abanico ideológico grande: el ex ministro y camarista León Arslanian, el constitucionalista Roberto Gargarella, Beatriz Sarlo, el radical Manuel Garrido, el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el socialista Hermes Binner, el massista Felipe Solá, el especialista Marcelo Sain, Dante Caputo, Nilda Garré, Leo Grosso, Juan Manuel Abal Medina, Juan Pablo Cafiero, entre cerca de un centenar de nombres.

La semana pasada, con el argumento de que existiría “una situación de peligro colectivo”, el Gobierno declaró la Emergencia en Seguridad, medida que durará un año y que incluye posibles acciones conjuntas de fuerzas militares y de seguridad y hasta la convocatoria de personal retirado (que no esté implicado en crímenes de lesa humanidad) si es considerado necesario. Ese “peligro” descripto es atribuido por las autoridades nacionales al “delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”, y entre las medidas más virulentas, autoriza el derribo de aviones ante alguna situación considerada sospechosa. El texto colectivo de dirigentes y especialistas advierte especialmente que el decreto de Macri no está fundado en ningún análisis o seguimiento concreto que permita definir el escenario del narcotráfico como lo hace. “Las políticas de seguridad en general y de drogas en particular deben surgir de diagnósticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática. La emergencia en seguridad declarada por el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para dar un debate serio sobre las formas en que un Estado democrático debe abordar los problemas del delito y la violencia”.

El grupo conocido como Acuerdo de Seguridad Democrática nació en diciembre de 2009 y cuestionaba, principalmente, la política del entonces gobernador Daniel Scioli, que multiplicaba los castigos, restringía excarcelaciones y agravaba penas, aunque esto no modificaba los índices de delito. Por entonces esa alianza multisectorial logró instalar una discusión sobre cómo buscar respuestas ante el problema de la seguridad, que sean respetuosas de los derechos y las libertades. Armaron una plataforma con diez principios democráticos para encarar el tema. La “mesa chica” de entonces vuelve al ruedo ahora, con algunos expertos como Arslanian, Alberto Binder, Sain y Enrique Font, aunque el puntapié lo dio el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Luego se sumaron cerca de un centenar de firmas y organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Pensamiento Penal, la Comisión provincial por la Memoria, entre otros.

Algunos de los conceptos claves del texto que comenzó a circular el fin de semana son éstos:

La emergencia declarada es un “anuncio efectista”, una estrategia que busca “impacto comunicacional” pero de lo que carece es de eficacia y conlleva el riesgo de multiplicar la violencia.

El narcotráfico es mostrado como explicación de los problemas de seguridad y de ese modo se intentan justificar medias excepcionales con el argumento de que hay que detener el ingreso de drogas.

Esas medidas excepcionales van desde dar amplias facultades de revisar cualquier bulto que se considere sospechoso a personas que viajan por transporte comercial hasta el derribo de aviones dudosos, algo que los firmantes definen como una pena de muerte. “Es una medida inconstitucional porque es una pena de muerte sumaria encubierta”, dice el documento.

“Ya se ha demostrado que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales, ni su tejido con las instituciones estatales involucradas en las redes de ilegalidad. En cambio, sobran pruebas de su capacidad para incrementar los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos”.

El narcotráfico es asimilado a una agresión militar, se lo describe como una violación a la soberanía y el Gobierno plantea las políticas para enfrentarlo dentro del modelo de las “nuevas amenazas” que “Estados Unidos prescribe para América latina, pero que no aplica en su propio territorio”. Se coloca el narcotráfico por encima de otros delitos “más violentos como la comercialización de armas de fuego”.

Las Fuerzas Armadas, en ese contexto, reciben nuevas “facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional”. Entonces, además de controlar el espacio aéreo, ahora podrán derribar aviones sin siquiera avisar a la autoridad política.

La emergencia no hace ningún reconocimiento de la falta de profesionalización de las fuerzas policiales ni esboza reforma alguna para que dejen de ser parte de los mercados ilegales. Al revés, al habilitar medidas como la contratación de personal retirado, nunca se supera el viejo modelo corrupto.

Queda habilitada la posibilidad de incrementar gastos en tecnología y armamento pero se debilitan los sistemas de control.

Gastón Chillier, director del CELS, dice que la Emergencia “no propone medidas para atacar el funcionamiento de los mercados ilegales, que apunten al lavado de activos proveniente del narcotráfico, que es un núcleo duro de esta actividad”. El documento, en esa línea, también precisa que no se ha hecho nada para cambiar la “relación promiscua entre fútbol y política” como fenómeno “vinculado al narcotráfico y a los crímenes mafiosos”.

Para Sain –ex titular de la Policía Aeroportuaria– plantea que la falta de diagnóstico en realidad es un síntoma de que “el Gobierno actúa con mucha improvisación; no veo una gran maniobra detrás de esto; es más, creo que el gobierno quedó debilitado por la fuga (de los hermanos Lanatta). El derribo de aviones el único aspecto operativo del decreto, y encima está copiado de las reglas elaboradas solo para defensa aeroespacial en los casos de cumbres presidenciales. La traspasan al narcotráfico como si fuera lo mismo. Eso es incapacidad de gestión”.

La aspiración de máxima de este grupo es que haya marcha atrás con el decreto y apostar a modificaciones que no estén destinadas a multiplicar el delito y la violencia. Es posible que en febrero el Acuerdo de Seguridad Democrática y el Grupo Convergencia, promuevan un debate profundo, que tenga entre sus protagonistas a los firmantes del documento.

Página 12