Organizaciones indígenas de todo el país y de todos los pueblos originarios reclamaron el “cese inmediato” de la privación de libertad de “la hermana Milagro Sala” y denunciaron “gravedad institucional y falta de garantías” de un proceso al que juzgan “ilegal e impuesto” por el Ejecutivo y el Poder Judicial jujeños.

El comunicado lleva la firma de decenas de organizaciones territoriales y que está encabezado por la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de la Argentina (ONPIA) y, por citar algunas, la Comunidad Huarpe de Mendoza; Ocastafé (originarios de Santa Fé); y comunidades wichí de Salta, de Chaco, de Formosa; y comunidades guaraníes de Salta, Jujuy.

“La realidad de Jujuy hoy nos quiere mostrar lo que nos puede pasar si nos atrevemos a luchar por nuestros derechos a través de la detención de la hermana Milagro Sala. Se trata de un proceso ilegal en contra de una hermana indígena, que está en estado absoluto de discriminación y desigualdad” indica el pronunciamiento de los indígenas.

Además, añade que la detención de la dirigente social fue “impuesta por el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy en absoluta y pública connivencia con el Poder Judicial de la provincia, en acto de juzgamiento político con abuso y arbitrariedad” por lo que consideran “ilegal” el proceso.

Al rechazar el “sojuzgamiento público, la provocación y discriminación” a Milagro Sala, los originarios presentaron cinco puntos: en primer lugar exigen la libertad inmediata; en segundo lugar anticipan que acudirán en “defensa y protección de Milagro Sala por la vía legal que según derecho corresponde” y en tercer lugar “declaran el estado de alerta, emergencia y movilización de todas las organizaciones e instituciones” de pueblos originarios.

En el punto cuatro, instan al estado provincial a “desistir y deponer su actitud de generar enfrentamientos violentos entre pueblos originarios y la ciudadanía, situación probada y de público conocimiento, que se ejerce diariamente” y en el último punto responsabilizan al gobierno provincial “por presiones” a las cooperativas legalmente constituidas.

Télam