LA PRESIDENTA de la República firmó recientemente los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas, como también un Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, iniciativas que ven la luz tras una consulta a representantes de las nueve etnias reconocidas por el Estado. La Mandataria resaltó que con esta nueva institucionalidad “empezamos a saldar deudas con los pueblos indígenas”; asimismo, planteó que estas iniciativas constituyen “la concreción de un viejo anhelo: elevar al máximo rango institucional la política indígena”.

El paso que ha dado el Gobierno con la creación de un ministerio y el surgimiento de una nueva institucionalidad puede ayudar en el objetivo de lograr una solución política a la problemática indígena. Sin embargo, su dimensión y profundidad difícilmente se agotará en la creación de una nueva institucionalidad, pues el origen del conflicto tiene una raíz política, y avanzar en una solución será también una decisión política, que excede con mucho el campo de acción de un ministerio.

El país, de hecho, ya se dotó de toda una nueva institucionalidad desde comienzos de los años ‘90, cuyo eje ha sido la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). A pesar de los años que lleva en funcionamiento, esta institución ha sido incapaz de articular una política satisfactoria para resolver estos problemas de larga data. Los pueblos originarios probablemente no se sienten bien representados por dicho organismo, y la política de compra de tierras que ha implementado ha devenido en un fracaso, alentando la especulación de tierras y fomentando la creación artificial de comunidades para lograr beneficios económicos.

El mayor problema que vive hoy La Araucanía y algunas zonas del Biobío es la creciente violencia terrorista y de grupos radicalizados, lo que tampoco será resuelto por la acción de un ministerio indígena. Parece obvio que ninguna solución política tendrá efecto en tanto el propio Estado se resigne al abandono del estado de derecho en estas zonas, por lo que la primera gran decisión política que debería tomar el Gobierno es poner todas las capacidades del Estado para enfrentar la violencia de manera frontal, lo que no solo sería un avance en seguridad ciudadana, sino también permitiría aislar a los sectores que rechazan los caminos de entendimiento.

La nueva institucionalidad propuesta por el Gobierno no puede persistir en las fallidas políticas llevadas a cabo por la Conadi. Su oportunidad radica precisamente en que sea posible articular políticas que apunten a una solución integral, lo que va más allá de la restitución de tierras. Algunos pasos que se podrían dar en esa dirección son el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la posibilidad de reservar cierto número de escaños en el Congreso, lo que ayudaría a dar mayor visibilidad y poder de decisión. Sin embargo, una solución de más largo plazo -que involucre la dimensión de reconocimiento, entrega de tierras y seguridad- aún está pendiente, por lo que no cabría limitar a un ministerio la respuesta que el país espera.
La Tercera