El presidente Mauricio Macri declaró por decreto la “Emergencia Nacional en Seguridad Pública” por el lapso de un año, medida que contempla la convocatoria a efectivos retirados de las fuerzas y la posibilidad de “hacer uso de la fuerza” contra aeronaves.

La medida, que sería publicada este miércoles en el Boletín Oficial, apunta a poner límite a la “situación de peligro colectivo” que el Gobierno advierte se generó a partir de la proliferación del delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico.

La resolución, que al término del plazo de un año podría ser prorrogada, contempla el refuerzo de los controles en el espacio aéreo para combatir el narcotráfico, para lo cual se permite “hacer uso de la fuerza (como último recurso)” contra aeronaves no identificadas.

“El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino”, informó Presidencia en un comunicado.

Al respecto, se advierte que serán declaradas “hostiles” aquellas naves que tengan entidad suficiente para “perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el territorio nacional, y se deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de “reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos”.

El plan de emergencia es el resultado de diálogo formal encarado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con sus pares provinciales en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad Interior, donde los encargados del área de cada distrito plantearon sus preocupaciones en torno al avance del narcotráfico.

Las provincias serían invitadas a adherirse a ese decreto, por el cual se habilitará una reorganización del esquema de seguridad, se permitirá el cruce de bases de datos entre distintas jurisdicciones y con la Justicia, al tiempo que agilizará el proceso de compras en seguridad.

La medida crea además el “Operativo Fronteras”, que sustituirá al “Escudo Norte” con carácter permanente: en este marco, se adoptan en forma inmediata medidas para “dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la zona de frontera, que incluye una radarización para el eficiente control fronterizo”.

Por otra parte, el decreto autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que “no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias”.

La resolución el Gobierno habilita también “la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional”.

Contempla, además, una propuesta del Ministerio de Seguridad al Poder Judicial para celebrar un convenio con el fin de “interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales”, para mejorar la comunicación interna en operativos de seguridad.

Y, además, plantea establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras”, se informó.

El decreto firmado por Macri y la ministra Bullrich también dispone “el levantamiento del Secreto Militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014”.

A partir de la ejecución del decreto, se creará además el “Gabinete de Seguridad Humana” cuyo objetivo será el “coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la Emergencia”.

Ámbito

Un decreto para derribar aviones

Al declarar la Emergencia en Seguridad Pública, el presidente Mauricio Macri habilitó mediante un decreto el derribo de aviones por parte de las Fuerzas Armadas. Si bien los detalles de la decisión presidencial se conocerían hoy con la publicación del texto en el boletín oficial, en un comunicado de prensa la Casa Rosada anticipó: “el decreto establece la aprobación de las Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino”. Organismos de Derechos Humanos, juristas, especialistas en materia de Defensa y dirigentes políticos advirtieron que esta medida se trata de la implementación de “la pena de muerte sin juicio previo”. “El uso de la fuerza sin control de legalidad previa es grave, nosotros nunca estuvimos de acuerdo ni impulsamos la ley de derribo”, aseguró a Página/12 el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi.

Bajo el argumento de “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”, Macri firmó la Emergencia en Seguridad por el término de un año, prorrogable por otros 365 días. El comunicado oficial sostiene que la resolución adoptada por el líder del PRO “incluye un fuerte control del espacio aéreo”. “Serán declaradas ‘hostiles’ aquellas naves, cuando tengan entidad suficiente para ‘perturbar, poner en riesgo o causar daño’ en el territorio nacional”, agrega el texto oficial. Si bien hace apenas seis días Macri había prorrogado (también por decreto y por un año) el operativo de seguridad fronteriza denominado Escudo Norte, ahora lo reemplaza por la creación del Operativo Fronteras. La resolución firmada por el Presidente “adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el eficiente control fronterizo”.

Página/12 intentó sin éxito comunicarse con los responsables de las carteras de Seguridad, Patricia Bullrich y Eugenio Burzaco, así como de Defensa, Julio Martínez, para clarificar los alcances de la medida dictada por el Gobierno.

“Esto habilita el derribo sin autorización. ¿Por qué se supone que viajan delincuentes? ¿Por qué se supone que son narcos? Lo que se hace es habilitar una forma de matar porque no existe derribo sin muertos”, explicó a este diario Marcelo Saín, ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El ex legislador de Nuevo Encuentro aclaró que Estados Unidos no posee actualmente una ley de derribo.

En la misma línea, Rossi relató que la gran mayoría de los vuelos irregulares detectados en la frontera norte se tratan de vuelos civiles que no tienen el plan de vuelo acordado y suelen ser vuelos de fumigadores. “La posibilidad de cometer un error que se termine derribando un avión que no tenga nada que ver con un ilícito sino una contravención en el tránsito aéreo es una posibilidad alta”, alertó el ex ministro.

Respecto de la lucha contra el narcotráfico, Saín cuestionó la falta de “una estructura nacional de inteligencia criminal”, ya que cada una de las cuatro fuerzas federales trabajan con criterios propios.

En este contexto, el Gobierno también dispuso el “levantamiento del Secreto Militar de las Reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial (REDA), que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014”. Se trata de un decreto firmado por Cristina Fernández para la realización de la Cumbre del Mercosur, en Paraná, en la que se establecía un plan para garantizar la seguridad de los presidentes extranjeros que visitaron la provincia. Desde el kirchnerismo aclararon que se trató de una política de Defensa, no de seguridad interior, que duró un tiempo limitado –durante el transcurso de la cumbre–, fue para un territorio específico y que se viene utilizando ese mecanismo sólo para las cumbres internacionales desde la de Mar del Plata, en 2005, cuando se dijo “No al Alca”.

Tanto Saín como Rossi, así como juristas como Gustavo Arballo o Roberto Carlés consideraron que se podría violar la ley de Seguridad Interior, que prohíbe la intervención de las Fuerzas Armadas en casos como éste. “Se trata obviamente de una política de Defensa Nacional, no de prevención del delito. Las Fuerzas Armadas no pueden ejercer facultades policiales, ni intervenir en cuestiones de seguridad interior”, explicó Carlés.

“Usar mecanismos de defensa extremos para combatir delitos comunes es incurrir en una grave desviación de poder (y viola leyes de FF.AA.)”, afirmó Arballo a través de su cuenta de Twitter.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), recordó ayer el capítulo sobre seguridad y defensa publicado en su último informe anual, en el que señala que las intervenciones punitivistas y las políticas de mano dura de los últimos años significaron un embate contra “el principio de demarcación” entre las esferas de la seguridad interior y la defensa nacional. El organismo de Derechos Humanos recordó que de los países de la región sólo Perú y Venezuela aplicaron la ley de derribo y que ambos tuvieron experiencias muy negativas que incluyeron la pérdida de vidas inocentes.

Página 12

“Vamos a empezar una nueva era en las relaciones con el Reino Unido”

El presidente Mauricio Macri aseguró que su gobierno va a continuar con “el reclamo de que las Islas Malvinas son argentinas”, pero que intentará “empezar una nueva era en las relaciones” con el Reino Unido a partir del próximo jueves cuando se reúna en Davos con el primer ministro británico David Cameron.

Así lo aseguró el Presidente en una entrevista conjunta con medios internacionales (El País, The Guardian, Le Monde y La Stampa) que realizó ayer en Casa Rosada, donde además repasó otros puntos de su breve gestión presidencial antes de viajar hoy a Suiza para participar del Foro Económico Mundial, donde intentará lograr “tener buenas relaciones con el mundo”.

Argentina y el Reino Unido mantienen una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; y hace décadas que este país reclama que el conflicto se solucione a través del diálogo.

El 3 de enero la Cancillería emitió un comunicado con motivo del 183 aniversario de la “ocupación ilegitima” en el que destacó que “el pueblo y el gobierno argentino reafirman una vez más los imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina” sobre ese territorio.

Además recordó que en el 2015 se cumplió el 50º aniversario de la adopción de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primera referida específicamente a la Cuestión de las Islas Malvinas, ratificada por todas las resoluciones posteriores de la Asamblea General y de su Comité Especial de Descolonización.

Argentina logró que su posición fuera respaldada por presidentes de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, de la Unasur, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Cumbre Iberoamericana.

También otras regiones se han manifestado a favor de la reanudación de las negociaciones tales como la Cumbre de Países Sudamericanos y Países Árabes (ASPA) y la Cumbre de Países Sudamericanos y Africanos (ASA).

“Asimismo, el Grupo de los 77 y China ha reconocido expresamente el derecho que le asiste a la República Argentina de emprender acciones legales, con pleno respeto del Derecho Internacional y de las resoluciones pertinentes, contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en sus espacios marítimos, lo cual incluye la plataforma continental”, había recordado la Cancillería.

Télam