El gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA) firmarán hoy en Washington, Estados Unidos el acuerdo fundacional de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) para depurar el sistema jurídico.

El acuerdo bilateral tiene su génesis en un proceso de diálogo nacional que el presidente Juan Orlando Hernández convocó a mediados de 2015 en respuesta a reclamos de sectores de la sociedad para adecentar a los operadores de justicia y que se sancionaran casos emblemáticos de corrupción, que recibió el acompañamiento de la OEA.

La Organización de Estados Americanos demandó de Honduras “compromiso y seriedad” para que la Maccih tenga independencia para cumplir su plan de fortalecer el endémico músculo de la justicia y desarticular redes de corrupción.

“Esperamos, por supuesto, compromiso, seriedad y determinación por parte de las autoridades del gobierno de Honduras para que podamos dar resultados específicos y concretos a la sociedad”, dijo a EL HERALDO Francisco Guerrero, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA y negociador principal del convenio de ese ente con el gobierno hondureño.

La Maccih, que durará cuatro años, entre sus nueve líneas de acción contempla seleccionar y certificar un grupo de fiscales para que investiguen redes de corrupción. Es así que coordinará investigaciones para que el Ministerio Público presente requerimientos fiscales.El convenio constitutivo de la Maccih establece que tendrá independencia operativa, por lo que será la que decidirá los casos que se investigarán. Guerrero dice que está confiado que Honduras respete esta facultad.

“Es central la independencia y la neutralidad y la imparcialidad de la Maccih es fundamental”, acotó.La unidad de investigación de la Maccih tendrá acceso total a documentos privados y públicos, confirmó Guerrero, quien explicó que los demás detalles operativos de la misión se darán a conocer por sus coordinadores.Los acusadores públicos de Honduras serán capacitados en novedosas técnicas de investigación, un aspecto en el que el país ha estado rezagado.

“Tenemos que revisar las prácticas de excelencias que existen en el mundo, ver en qué países ha funcionado correctamente los esfuerzos anticorrupción y va a ser importante conocer estas experiencias”, destacó.

Además de crearse un equipo élite de investigadores, la Maccih asesorará a la Corte Suprema de Justicia para que se conformen juzgados especiales en materia de corrupción, explicó Guerrero.

“La intención es que se tenga la capacidad del Estado hondureño a través de las instituciones que se han establecido en su Constitución para poder articular estos trabajos”, indicó.

Del apoyo que reciba la Maccih dependerá que gane credibilidad y la ciudadanía se anime a presentar denuncias que en la actualidad no hace por desconfianza, dijo.

“Yo creo que es muy importante fortalecer el trabajo de fiscalías, jueces, a efecto de que un ciudadano cuando presente una denuncia presienta la garantía de que va a ver resultados inmediatos”, remarcó.

Guerrero califico como valiente la decisión que tomó el presidente Juan Orlando Hernández de aceptar la llegada de la misión a Honduras.La Maccih representa la primera vez que la OEA se involucra en un convenio de acompañamiento para reformar el aparato jurídico de uno de sus países miembro, destacó Guerrero.

“En el continente latinoamericano es sabido que el tema de la impunidad es un gran problema, es decir, se cometen delitos y no hay consecuencias, creo que en ese sentido hay ya un consenso social que comparten los partidos políticos, el gobierno, el sector privado, las iglesias, en el sentido de que hay que avanzar en medidas concretas”, expresó.

Respeto a la institucionalidadEl mediador aclaró que la Maccih no tendrá un papel injerencista, ya que la aplicación de medidas siempre serán avaladas por la institucionalidad hondureña.

“Todas las acciones y todos los avances que existan van a ser producto, por supuesto, del acompañamiento técnico que dará la misión, pero las decisiones finales quedan en manos del pueblo hondureño”, enfatizó.

“La OEA no persigue un planteamiento intervencionista, sino que piensa que a través de acompañamiento activo, de colaboración, podemos proponer y sugerir medidas”, reiteró. Las nueve líneas de acción de la Maccih se resumen en cuatro áreas: investigación de casos de corrupción, certificación de operadores de justicia, cumplimiento de convenios internacionales contra la corrupción y asesoría para que el sistema jurídico cumpla sus metas. Cada área contará con un coordinador y la misión será dirigida por un vocero o coordinador que cada seis meses presentará un informe de trabajo al secretario general de la OEA.

Guerrero anunció que la primera actividad que realizará la Maccih es una socialización de sus funciones.“En las próximas semanas, una vez que sean presentados los especialistas, vamos a acompañar a estos expertos para que tengan contacto con la sociedad hondureña, pensamos que va a hacer central que las personas que informan esta misión tengan la posibilidad de dialogar con todos los sectores”, acotó.

La instalación de la Maccih podría tardar algunas semanas, ya que se requiere, después de la firma, hacer la contratación de los coordinadores y demás funcionarios, revisar medidas de seguridad, ubicar una sede y demás aspectos logísticos.

Duras negociacionesLa firma de la Maccih estaba prevista para finales de diciembre de 2015, pero la OEA y el gobierno demoraron más de lo previsto para aprobar aspectos como la creación de la unidad de investigación y sus alcances. El diplomático confirmó que fue necesario un “diálogo político muy intenso” para que el convenio constitutivo de la Maccih fuera “aceptable para ambas partes”.

“Al ser un proceso de tal tamaño, de tal dimisión, se ha requerido de un diálogo político muy intenso, un diálogo político muy profundo que nos ha tomado aproximadamente seis meses porque hemos tenido, en primero lugar, que conocer de primera mano cuál es la situación que pasa el país”, expresó.

“Quiero decir que en este proceso, el trabajo que se ha hecho con la Cancillería, con Arturo Corrales, ha sido un trabajo franco, honesto, con un diálogo abierto y finalmente estamos llegando a buen puerto al firmar el martes este convenio”.

El Heraldo

Exministro peruano dirigiría la MACCIH

El abogado y político peruano, Juan Federico Jiménez Mayor, será el encargado de la Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), durante el periodo que tenga vigencia en el país.

Fuente de entero crédito confió ayer a LA TRIBUNA que en pláticas sostenidas con altos funcionarios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), fueron informados sobre la identidad del encargado de la Misión.

Se conoció que Jiménez Mayor es un personaje de suma experiencia, y goza de la confianza de las autoridades de la OEA y que desarrollará un papel trascendental al frente de la MACCIH.

La fuente indicó que Jiménez Mayor nació en Lima, Perú, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de ese país, presidente del Consejo de Ministros y en la actualidad es el embajador de Perú ante la Organización. El togado participó en importantes proyectos de reforma de la justicia en Perú, como el Plan Nacional de Reforma de Justicia (Ceriajus).

Así también fue el asesor principal de la Misión de Observación Electoral de la OEA para las elecciones generales en Guatemala (2007) y en Paraguay (2008).

El funcionario de la Organización ha sobresalido en diversos cargos en su país, entre ellos como asesor jurídico de la primera vicepresidencia del Senado de la República (1990-1992); asesor adhonorem del Consejo de la Prensa Peruana, consorcio de medios de comunicación peruanos que velan por la libertad de expresión y viceministro de Justicia durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000-2001).

También, ha sido presidente de la delegación peruana que participó en el Décimo Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que se realizó en Viena, Austria, en mayo de 2001.

Como togado constitucionalista ejerció la defensa de diferentes casos importantes de demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de Perú.

La Tribuna