La persecución política contra Milagro Sala tomó ayer nuevo impulso. Los abogados de la líder de la Tupac Amaru habían solicitado la libertad de la dirigente que fue detenida el pasado 16 de enero. Sin embargo, la fiscal de la causa, Liliana Fernández de Montiel, consideró que hay “elementos suficientes” para que la dirigente social continúe detenida. Milagro –se sabe– está imputada por tumulto y por supuesta instigación a cometer delitos. Ambas acusaciones se basaron en el ejercicio de la protesta que la diputada del Parlasur llevó adelante al encabezar el acampe que varias cooperativas de trabajo, entre ellas la Túpac, comenzaron el pasado diciembre en la Plaza Belgrano, frente al edificio de la gobernación jujeña.

El juez a cargo de la causa, Gastón Mercau, por su parte, confirmó que está analizando el dictamen de la fiscal, y que en los próximos días resolverá la situación procesal de la dirigente social. En diálogo con radio La Red, el magistrado reiteró que Milagro “enfrenta cargos que contemplan penas de hasta seis años”.

Uno de los elementos llamativos de toda la situación es que en una conferencia de prensa brindada el domingo pasado, el mismo juez ratificó que hubo “cuatro personas imputadas por las mismas causas” que ya fueron liberadas. Mercau se desligó de la responsabilidad de esas liberaciones. En concreto, al ser consultado por  periodistas sobre por qué sólo Sala sigue detenida señaló: “No sé lo que consideró el doctor (Raúl) Gutiérrez al dar la orden. Hay distintos indicadores de peligrosidad procesal: puede ser ante una posible fuga o potencial entorpecimiento del proceso.” Gutiérrez fue el magistrado que ordenó la detención de Sala. Estaba a cargo del juzgado de Mercau durante la feria de enero.

El principal impulsor de la persecución política es el mandatario provincial, el radical Gerardo Morales. Se ha propuesto acumular la mayor cantidad de denuncias posibles contra la dirigente. El gobernador remarcó que el próximo lunes, cuando se levante la feria judicial, presentará un pedido para “unificar todas las causas contra Sala”. Además, Morales volvió a ratificar que su accionar cuenta con el respaldo explícito del presidente Mauricio Macri.

La detención de Sala ha sumado una enorme cantidad de críticas de distintos organismos de Derechos Humanos. Desde el CELS, hasta Amnistía Internacional (AI) y un nutrido grupo de parlamentarios europeos. De hecho, Amnistía lanzó hace días una “acción urgente” y exigió garantías para la integridad física de Sala, que se ordene su liberación y se ponga fin a la persecución de las organizaciones sociales. “Estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, había declarado Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina que, junto al CELS y otras entidades, formuló la semana pasada un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Sala.

En sus últimas declaraciones, el abogado de la Túpac, Luis Paz, había remarcado: “Cuanto más tiempo pase más se agrava su situación de detención arbitraria.”

El arresto de la líder de la Tupac se produjo el pasado 16 de enero. La dirigente social se encontraba en la plaza Belgrano, lugar en el que aún sigue el acampe que las organizaciones sociales comenzaron el pasado 14 de diciembre. Uno de sus hijos le avisó que había una orden de arresto y que la estaban esperando en su casa, entre otros el propio ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer. «

Respaldo desde Canadá y México

Entidades y dirigentes de Canadá y México brindaron su apoyo al pedido de liberación de Milagro Sala, detenida en Jujuy por “instigación a cometer delitos y tumulto”.
Desde México ofrecieron su solidaridad dos dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la senadora y fundadora de esa fuerza política, Dolores Padierna Luna, y la encargada del departamento de relaciones internacionales, Xadeni Méndez Márquez.

“Mediante el presente, nos solidarizamos con la diputada Sala y exigimos a la justicia argentina su inmediata libertad, así como el respeto a sus derechos humanos plenos. Rechazamos la criminalización de la protesta social y sumamos nuestra denuncia a las muestras de solidaridad que diversas organizaciones sociales y políticas han manifestado en favor de su libertad”, señala el comunicado de Padierna Luna.

El mismo sentido se expide el comunicado del PRD donde se pronuncia “en contra de la arbitraria detención de la diputada Sala” y acusan al gobierno provincial jujeño de “sostener una campaña de persecución política”.
Desde Canadá sumó el pedido la Confederación de Sindicatos Nacionales, entidad que exhorta a las autoridades de la provincia de Jujuy a que “garanticen la integridad física de Sala y ordene su inmediata liberación”, poniendo fin a la “persecución” contra las organizaciones sociales.

También se manifestó en el mismo sentido el partido “Quebec Solidario” al repudiar el “intento de criminalizar -en la persona de Milagro Sala- las acciones de protestas pacificas”.

Tiempo Argentino

La política del marche preso por protestar

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Negro, Rodolfo Aguiar, estuvo detenido durante casi diez horas ayer junto a otros dos dirigentes por participar de un reclamo por despidos en la Universidad del Comahue. Desde los gremios repudiaron la “injustificada y violenta” detención, a la que consideraron “un ejemplo más del avasallamiento hacia la libertad de la protesta y el reclamo” en un contexto de creciente conflicto social por pérdidas de puestos de trabajo. “Es una medida ejemplificadora para el resto de los gremios”, entendió Aldo Capretti, el secretario adjunto de ATE Río Negro.

Aguiar fue liberado anoche, cerca de las 22. Permaneció detenido casi diez horas en la comisaría número 31 de la localidad de General Roca junto a Jorge Alarcón y Jorge Ríomar, otros dos gremialistas, luego de una discusión con el representante de Litoral Cleaning SRL, una empresa a través de la cual la Universidad de Comahue terceriza el servicio de limpieza de sus dependencias y que hace una semana echó a 12 empleadas que reclamaban salarios atrasados. “Los compañeros salieron en defensa de puestos de trabajo, los detuvieron por defender a las compañeras despedidas”, advirtió Manuel Hermida, secretario adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma.

“Nos preocupa”, admitió Capretti sobre la situación. “Sabemos que somos un sindicato que siempre está al frente de las protestas. Tenemos un antecedente de 14 paros generales y Aguiar está procesado en ocho causas por cortes de ruta nacionales, pero nunca hubo intención de la policía o de la Justicia de detener a alguien”, mencionó y relacionó el “cambio de actitud” con “una clara intención de judicializar y de perseguir la protesta social”. “Entendemos que esto es una consecuencia de la política desplegada por el gobierno nacional, que tuvo su primera muestra en Jujuy con la detención de Milagro Sala. Aguiar es el segundo preso político por reclamar en un conflicto laboral en un momento en donde se visualizan muchos de esos conflictos en un futuro cercano. Son medidas ejemplificadoras”, concluyó.

Aguiar, Alarcón, Ríomar y otros miembros de CTA y ATE mantenían ayer por la mañana una protesta en la puerta de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue, en Viedma, para que Litoral Cleaning SRL reintegre a las 12 mujeres que despidió el 16 de enero pasado. Según el telegrama que les envió, la empresa consideró “justa causa” de despido los reclamos que las empleadas estaban haciendo entonces por salarios atrasados y mejoras en las condiciones de trabajo.

“En una acción de solidaridad con las compañeras despedidas, desde ayer (por el lunes) manteníamos un cerco en la facultad para impedir el ingreso de las nuevas personas que la empresa había contratado”, explicó a este diario Hermida. Sobre lo que ocurrió ayer contó que “en una clara provocación, apareció este tal Fernández (Santiago Fernández, indicado como el representante de la empresa) con un escribano para certificar que las compañeras impedían el paso, y comenzamos a discutir fuerte”. Entonces, intercedió la policía, que “se llevó demorados a Fernández y a Aguiar” a la Comisaría 31, informó Matías de la Fuente, abogado de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) que está representando a los dirigentes detenidos. “Nos sorprende este operativo montado por el empresario, que apareció en la universidad, frente a una protesta legítima, con 20 policías y un escribano, y matones que decían ser empleados, queriendo violentar la situación”, describió el secretario adjunto de ATE Río Negro, Aldo Capretti.

En la comisaría, los ánimos se “alteraron aún más”. Capretti denunció que “hubo agresión física del empresario hacia Aguiar”. Pero Fernández quedó en libertad y el sindicalista, detenido. Alarcón y Ríomar corrieron la misma suerte tras intentar averiguar qué había pasado con el dirigente de ATE. Los tres quedaron encerrados por “averiguación de antecedentes”. Pasadas las 21, los trasladaron a la sede judicial para notificarles su liberación. En la puerta de la comisaría los aguardaron militantes de la CTA, de ATE y de otros gremios locales que se sumaron al repudio. De la Fuente había presentado a las 14 un pedido de excarcelación. Para definir, el juez de feria a cargo de la causa, Jorge Chirino, aguardó la opinión del fiscal Juan Carlos Luppi, que “sospechosamente se retrasó”, advirtió Capretti. Desde ATE, no obstante, mantienen el estado de asamblea y alerta y ofrecerán una conferencia de prensa este mediodía en el Superior Tribunal de Justicia. “Estamos recordando viejas épocas nefastas y oscuras de nuestro país, hoy más que nunca saldremos con firmeza y convicción a defender lo que por derecho nos corresponde”, expresó Capretti.

Página 12