Si con CMPC y SCA los supermercados fueron cómplices pasivos, en el caso de los pollos, el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica los hace protagonistas.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al TDLC que aplique a cada cadena la multa máxima contemplada en la ley para casos de colusión: esto es, 30 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA, equivalentes a US$ 22,9 millones).

La FNE acusa a SMU, Cencosud y Walmart de coordinarse con proveedores para fijar precios. Los tres supermercados, que controlan el 93 % de la industria, habrían mantenido, a través de estos proveedores, un acuerdo para fijar precios mínimos de venta de la carne de pollo fresca, al menos entre 2008 y 2011, y restringir así la competencia en ese mercado.

“Las cadenas adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas con el objetivo de regularizar el mercado y evitar guerras de precio”, señaló la FNE en un comunicado.

El organismo dijo que el caso es “de gravedad” y afectó “a un mercado sensible con el que se obtuvo beneficios económicos”.

Cabe recordar que, en el caso del cartel de los pollos, el TDLC multó a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo tras comprobarse que acordaron los precios de sus productos durante quince años, con un perjuicio para los consumidores cercano a los US$1.200 millones.

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, afirmó que la situación es “indignante” y pidió celeridad al Congreso para que apruebe un proyecto de ley que aumenta el castigo en los casos de colusión.

“Creo que todos los chilenos debemos mostrar toda nuestra indignación ante este tipo de situaciones. Es un producto básico para los chilenos, quizás la fuente más importante de proteínas. Como Gobierno, mostramos toda nuestra indignación”, expresó en una rueda de prensa.

“Tenemos que dar una sanción muy clara como sociedad a este tipo de situaciones (…) tenemos que hacer que nuestros mercados funcionen de la mejor forma para beneficiar finalmente a los consumidores, a los chilenos y no para beneficiar a empresas que se coluden, que renuncian a competir y que afectan a los consumidores”, añadió.

Los supermercados otra vez en el banquillo

El caso es una nueva afrenta a la libre competencia en el mercado chileno y pone nuevamente el rol de los supermercados en el tapete a propósito de la colusión. Se suma, asimismo, a los de las farmacias, asfalto, navieras y la colusión del papel tissue, poniendo una vez más al sector privado contra las cuerdas.

El documento de la FNE insinúa otros productos en que las cadenas cooperarían en su política de precios, pero no da detalles, aunque este medio entiende que la investigación apuntaría a posible colusión en productos de abarrotes, además de artículos de limpieza.

En el requerimiento ante el TDLC por el caso del papel, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) no plantea a los supermercados como actores centrales, sino solamente alude a ellos en función de la información de precios y volúmenes de venta recabados por la consultora AC Nielsen.

Sin embargo, sí deja claro que los involucrados coordinaban las modificaciones en sus listas de precios informadas a los supermercados, “los que eran similares a los definidos en razón de posicionamientos acordados”.

Lo anterior –dice la FNE–, era factible dado que las requeridas conocían el margen frontal que los retailers buscaban para cada una de las categorías de productos tissue, lo que se consideraba para fijar alzas de sus precios y los posicionamientos de precio de sus productos equivalentes.

Es decir, se coordinaban los proveedores coludidos e informaban a los supermercados modificaciones de precios, sin que jamás las cadenas detectaran algo extraño.

En el caso presentado ayer contra los supermercados, el fiscal Felipe Irarrázaval se inhabilitó, debido a que asesoró en el pasado a Cencosud y porque su hermano es ejecutivo de Tottus, la cadena supermercadista de Falabella que al final no fue acusada de ser parte del esquema.

La línea de acción de la FNE apuntó a acuerdos de supermercados con proveedores para obtener descuentos en precios de productos que luego vendían a niveles superiores a los consumidores.

En mayo pasado la FNE citó a declarar a ejecutivos de las cadenas supermercadistas, lo que se suma a la solicitud de antecedentes a las mismas compañías.

Cencosud advirtió a sus accionistas

Cencosud ya venía advirtiendo en sus estados financieros de esta investigación. La firma de Paulmann lo hizo en su última memoria. “Si la FNE concluye que realizamos prácticas anticompetitivas, podríamos ser objeto de una sanción máxima de US$30 millones. No podemos garantizar que esta investigación o futuras investigaciones no terminen afectándonos gravemente, incluso provocándonos un perjuicio financiero y dañando nuestra reputación”, se señalaba al respecto.

Y eso fue precisamente lo que pasó ayer en la Bolsa de Comercio. Las acciones de Cencosud revirtieron sus ganancias y cerraron con una baja de más de 2% tras denuncia por colusión de la FNE.

Respuesta de Walmart

El gigante norteamericano dijo, a través de un comunicado, que están ”analizando el requerimiento presentado por la FNE a fin de determinar los cursos de acción. Desde el inicio de esta investigación en el año 2011 hemos cooperado activamente con las autoridades y continuaremos haciéndolo mientras el Tribunal analiza este caso”. Y agregó que “como empresa estamos comprometidos con la libre competencia y por eso contamos con procesos certificados para que todas nuestras acciones se apeguen a sus principios y normativas”.

Los lapidarios correos

El mecanismo utilizado por las cadenas quedó al descubierto en el marco de la investigación del denominado Caso Pollos. Los ejecutivos de las cadenas de supermercados se comunicaban vía correo electrónico o por teléfono con sus pares de las empresas proveedoras de pollos, con el objetivo de que los proveedores –que eran Agrosuper, Ariztía y Don Pollo– actuaran como intermediarios, alertando a la otra cadena sobre el incumplimiento para que se ajustara a las directrices acordadas.

“Santa Isabel está saliendo a un precio demasiado bajo en Temuco!”, detalla un correo electrónico enviado por un representante de Cencosud. “OK subo todos los precios ahora mismo”, se lee posteriormente.

Otro ejemplo de estas conversaciones es de un ejecutivo de Ariztía en el que le tira las orejas a SMU: “La cadena Bigger hoy salio [sic] con un precio de venta a público en el pollo entero Ariztia CIM a $ 999 kg. Este precio NUNCA ha sido autorizado por nuestra Gerencia Comercial y tampoco hemos ofrecido ningún descuento adicional o distinto a /os entregados a Rendic. En este momento estamos informando a nuestras distintas sucursales que deben suspender /os despachos de pollo entero CIM a /a cadena Bigger debido a que el precio está bajo el costo” (correo electrónico de fecha 28 de noviembre de 2009, del KAM de Ariztra para SMU a un personero de SMU, asunto: “Precio Pollo entero Ariztía”).

Rechazo de los gremios

A diferencia de casos anteriores, los dirigentes empresariales salieron rápidamente a condenar la posible colusión de supermercados y exigieron “todo el rigor de la ley”

El Presidente de la CPC, Alberto Salas, aseguró que “condenamos y rechazamos terminantemente la colusión y todo tipo de práctica que atente contra la libre y leal competencia que debe existir en los mercados, la cual constituye la principal garantía para que los consumidores accedan a los productos y servicios a precios competitivos”.

Explicó que, en caso de confirmarse esta denuncia de colusión por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, “en que por acuerdo de precios entre las empresas se haya obtenido ganancias por sobre lo que correspondía a un mercado competitivo, deberá aplicarse todo el rigor de la ley a los responsables y estudiar los mecanismos de compensación a los afectados”.

Finalmente, sentencia que “el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso permitirá perfeccionar las normas de libre competencia, al contemplar el aumento de las sanciones y la creación de la figura del delito de colusión”.

Desde la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), su presidente Ricardo Mewes aseguró que “condenamos categóricamente cualquier práctica que atente contra la libre competencia porque afecta directamente a las personas y al país en su conjunto. Tenemos la convicción de que la ética empresarial, las buenas prácticas y la transparencia son fundamentales para el sano funcionamiento de los mercados y el resguardo de los derechos de los consumidores”, concluyó.

El Mostrador

Colusión: Revelan correos entre cadenas de supermercados para fijar precios de pollos

Los correos son parte del requerimiento que la Fiscalía Nacional Económica presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, denunciando colusión entre las cadenas SMU, Walmart y Cencosud.

“Cencosud dejó el precio del pollo entero a 1490 el kg tal como lo conversamos ayer. Necesito que lo iguales para que no sigan con esta pelea que todos perdemos plata (sic)”, se lee en uno de los correos publicados por T13.

El mecanismo utilizado para presionar a los supermercados de la competencia a igualar los precios del pollo fresco, habría consistido en avisar a los proveedores de pollo para que estos suspendan las entregas a las sucursales que hayan vendido bajo los precios acordados, según se aprecia en los mails.

“En este momento estamos informando a nuestras distintas sucursales que deben suspender los despachos de pollo entero a la cadena Bigger debido a que el precio está bajo el costo”, señala un ejecutivo de Ariztía en noviembre de 2009.

“La próxima semana vamos a salir con la Chuleta Vetada a $1.990. No puedo ir más caro”, escribió otro ejecutivo.

En febrero de 2011, con el asunto “Precio Tutro Entero Granel”, se insiste en regular los precios:

“Desde hace 3 años que estamos intentando regularizar el precio de oferta de los productos Pollos y Pavos, evitando vender bajo costo para que las Cadenas NO entren en una guerra de precios (sic)”.

“Te pido evitar vender Trutros Enteros Bajo Costo como pasó hoy en Bigger Concepción”, continúa el mail.

La situación fue condenada este miércoles por parte del Gobierno, donde el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, habló de sinvergüenzura de parte de las cadenas.

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