Grupos organizados presentaron este lunes una solicitud a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva un recurso interpuesto contra un acuerdo gubernativo que declara de urgencia nacional las obras de expansión eléctrica del proyecto conocido como Trecsa.

Dos años ha dormido el sueño de los justos el recurso de inconstitucionalidad presentado por “comunidades, pueblos y organizaciones” en contra de las operaciones de la empresa Trecsa, la cual fue avalada y autorizada por el ex presidente Otto Perez, con el pretexto de expandir el transporte de energía eléctrica; según dijeron los campesinos, con este reglamento, se les obliga a vender sus tierras sin una consulta previa, lo que ellos consideran un despojo ilegal.

Hacen notar también que existe un serio riesgo de contaminación y devastación de sus bienes naturales, por lo que afirman que seguirán manifestando como lo hicieron hoy ante la CC para que exista una resolución rápida y apegada a derecho

El Acuerdo Gubernativo 145, refrendado por Pérez Molina el año 2013, declara de “urgencia nacional” y de “necesidad pública” el Plan de Expansión de Transmisión Eléctrica (PET).

El PET lo desarrolla desde 2010 la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (Trecsa), subsidiaria de la compañía de Energía de Bogotá (EEB), Colombia, a un costo de 374 millones de dólares.

Según se justificó en su momento, ante el poco avance que tenía el proyecto (alrededor del 20 por ciento), en noviembre de 2013 el expresidente Pérez Molina publicó el Acuerdo con el que declaró de “urgencia nacional” y “necesidad pública” su construcción.

Trecsa debía construir 845 kilómetros de líneas para la transmisión de electricidad a nivel nacional para beneficiar a 75 municipios que aún no tienen luz.

El pasado mes de marzo de 2014, diversas organizaciones presentaron ante la CC un memorial en el que pedían dejar sin efecto la decisión presidencial.

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