El sábado 6 de enero, la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, giró orden de captura contra 14 militares retirados que estarían involucrados en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la década de 1980 en el marco del conflicto armado interno guatemalteco.

A pesar que defensores de derechos humanos, activistas políticos, hombres y mujeres progresistas y de izquierda han venido insistiendo durante años en la necesidad de realizar tales juzgamientos, la cuasi destitución de la anterior Fiscal General, Claudia Paz y Paz, que había hecho importantes avances en esa dirección, y que fuera sindicada por el ex presidente de la república, ex general Otto Pérez Molina, y la cúpula del empresariado guatemalteco como izquierdista, había empañado las esperanzas en este sentido.

Además, la actual Fiscal General llegó a su puesto después de afirmar públicamente su filiación “de derecha”, lo que en Guatemala significa, para cualquier buen entendedor, que no continuaría los esfuerzo realizados por su predecesora.

Es por eso que las capturas de estos delincuentes de alto rango, que manejaron los hilos del poder durante la primera mitad de la década de los 80 en el país, ha causa revuelo y sorpresa.

Los apresados son personajes que tuvieron un protagonismo de primer orden. Benedicto Lucas, por ejemplo, hermano de quien fungiera como presidente del país entre 1978 y 1982, Romeo Lucas García, fue jefe del Estado Mayor del Ejército, y reconocido en el altiplano occidental guatemalteco como uno de los más sanguinarios militares de los muchos que contribuyeron al genocidio perpetrado en los años de la presidencia de su hermano y más allá.

El caso particular por el que en esta oportunidad se le pretende abrir una causa tiene relación con los crímenes cometidos en la Base Militar de Cobán en el departamento de Alta Verapaz, en donde la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) ha descubierto este año 78 fosas y exhumado 486 osamentas, y siguen realizando macabros descubrimientos. Al respecto, la Fiscal General Aldana dijo que: “Los casos que hemos documentado son contra población civil, no combatiente, entre ellos niños”, y es una “de las mayores desapariciones forzadas en América Latina”.

No se trata solamente de él. Testimonios de sobrevivientes señalan que las torturas de las víctimas las ejecutó personal de la Dirección de Inteligencia del Ejército; en esa unidad trabajó Byron Barrientos, quien se desempeñó como ministro de Gobernación durante la gestión del ex presidente Alfonso Portillo entre 2000 y 2004, y que también ha sido apresado.

En medio de esta turbulencia, el lunes 11 dará inicio el juicio por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, quien en un primer juicio que fue posteriormente anulado, ya fue condenado a 80 años de prisión, y que ahora se realizará sin su presencia por haber sido declarado con demencia senil y, por lo tanto, incapaz.

Entre los apresados se encuentran también quienes se les achaca responsabilidad de la desaparición forzada del niño de 14 años Marco Antonio Molina Theissen, quien fue secuestrado por venganza de la Inteligencia Militar ante el hecho que su hermana, Emma Molina Theissen, logró escapar del lugar en donde la torturaban y vejaban sexualmente luego de ser capturada acusada de subversiva. Este caso ya recibió condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero falta aún que los responsables directos rindan cuentas ante la justicia guatemalteca.

Se trata, por lo tanto, de un mes de enero en el que, por fin, algunos de los más importantes asesinos colectivos de América Latina son sentados en el banquillo de los acusados. No se trata, como algunas personas han dicho, de “un regalo de Reyes”; se trata del resultado de años y años de presión del movimiento popular, de los familiares de los miles de asesinados y desaparecidos, de la inclaudicable lucha porque se haga justicia.

*Rafael Cuevas Molina. Escritor, filósofo, pintor, investigador y profesor universitario nacido en Guatemala. Ha publicado tres novelas y cuentos y poemas en revistas.
Es catedrático e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad de Costa Rica y presidente AUNA-Costa Rica.