En busca de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspenda el acuerdo que fija salarios mínimos diferenciados en cuatro municipios, fue interpuesta una acción de incostitucionalidad por el Movimiento Sindical Indígena Campesino Guatemalteco ante la máxima corte.

La medida surge del rechazo que desató la ratificación del acuerdo de salarios diferenciados emitido el pasado 30 de diciembre por el presidente Alejandro Maldonado con la firma de Rolando Figueroa nombrado viceministro de trabajo por el presidente especialmente para firmar el acuerdo, tras sustituir a Marlon García García quien se negó a participar en dicha aprobación.

La inconstitucionalidad presentada por el Movimiento Sindical Indígena denuncia los salarios diferenciados como discriminatorios en donde el salario mínimo fijado sería de Q1,950 mensuales para los trabajadores de San Agustiín Acasaguastlán y Guastatoya El Progreso, Masagua Escuintla y Estancuela, Zacapa.

Al llamarles salarios diferenciados es porque son inferiores a los Q2,705 y los Q2,496 para actividades agrícolas y no agrícolas y de maquilas respectivamente, establecidos en el resto del país, que tampoco satisfacen el valor de la canasta básica vital.
Habrá batalla

Esta es la primera de una serie de acciones que se prevén surgirán en los próximos días para revertir la disposición presidencial. El año pasado la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales los salarios diferenciados tras emitir un fallo sobre una acción promovida por la Procuraduria de los Derechos Humanos (PDH).

De momento la PDH emitió un pronunciamiento sobre la disposición en la que señala la necesidad de promover fuentes de empleo pero no a costa de abaratar los salarios de los y las trabajadoras.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió una declaración en la que señala, que la decisión de aplicar un salario mínimo diferenciada es contraria a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, la cual es regresiva y aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores.

Por su parte otros movimientos sindicales como la Federación Sindical de Empleados Bancarios a través de Adolfo Lacs, señalaron que analizan las acciones legales a tomar para lo cual cuentan con 30 días tras la publicación de la medida.
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