Una cadena de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dividió a los familiares y amigos de militares retirados, de los activistas que pedían un juicio justo para los 14 altos jefes castrenses capturados por la desaparición de personas en Alta Verapaz, ocurrida entre los años 1981 y 1986, pero a pesar de ello, se dieron fricciones y cruces de palabras entre ambos grupos.

El encuentro se produjo ayer por la tarde en la Plaza de la Constitución, donde culminó la marcha de unas mil personas que gritaban consignas de “liberen a los grandes héroes de la nación, lo único que hicieron fue crear un mejor país”, la que fue recibida por quienes apoyan el proceso y pedían “juicio justo para las personas que fueron masacradas por los militares”.

La posición antagónica de ambos grupos provocó que de las agresiones verbales se pasara a las físicas, por lo que intervinieron miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

La postura de los marchistas fue que se libere a los 14 exmilitares detenidos, entre ellos Benedicto García Lucas, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y hermano del fallecido expresidente Romeo Lucas García.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público los acusa porque la mayoría ocupó altos cargos en la antigua Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, en cuyos terrenos fueron encontradas 558 osamentas de indígenas, de las que 97 han sido identificadas.

La fiscal Hilda Pineda señala que dichos militares ordenaron la muerte de niños, mujeres y hombres en la época del conflicto armado interno.

Otros detenidos: son Raúl Dehesa Oliva, Byron Barrientos Díaz, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Carlos Humberto Rodríguez López, Carlos Augusto Garavito Morán, Gustavo Alonzo Rosales García, Ismael Segura Abularach, Juan Ovalle Salazar, Juan Antonio Vásquez, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Edilberto Letona Linares y Édgar Hernández Méndez.

Siglo 21