El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, firmó ayer la Ley de Reforma Procesal Laboral, la cual calificó como un “gran acuerdo nacional” que modernizará el Código de Trabajo de 1943 y beneficiará los derechos de los trabajadores.

“Costa Rica tiene una potente historia de conquistas y acuerdos. La firma de la Reforma Procesal Laboral, que se llamo hoy como un gran acuerdo nacional, es la herencia que con responsabilidad proyectamos, para las generaciones de hoy y de mañana, tengan mejor garantizados sus derechos laborales”, declaró Solís en un acto oficial.

La reforma, que entrará en vigencia dentro de 18 meses, introduce los juicios laborales orales, con lo que se espera que se reduzca el tiempo de duración de los procesos que en la actualidad pueden tardar más de tres años.

Otro punto de la nueva legislación garantiza asistencia legal gratuita en los juicios laborales para los menores de edad y los trabajadores cuyo salario no supere los 902,000 colones (unos 1,660 dólares).

La ley también indica que en caso de despido, el empleador solo podrá alegar como hechos justificantes de la destitución los indicados en la carta de despido entregada a la persona trabajadora.

La Reforma establece la prohibición expresa a todo tipo de discriminación, ya sea por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical y situación económica.

Junto a Solís firmaron la ley el ministro de Trabajo, Víctor Morales, y el de la Presidencia, Sergio Alfaro, y como testigos de honor estuvieron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarella Villanueva; el presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortiz; así como representantes sindicales, empresariales.

También acudió al evento la directora subregional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Centroamérica y República Dominicana, Carmen Moreno.

El ministro de Trabajo agradeció a los diputados por el trámite de la ley, así como a los representantes sindicales y empresariales por su “apertura al diálogo y compromiso” para conseguir una legislación “acorde a las características actuales del mercado laboral”.

El presidente Solís aprovechó el acto oficial para insistir en la necesidad de que se sigan construyendo acuerdos como el que permitió contar con la Reforma Procesal Laboral, para temas como el déficit fiscal, que en 2015 cerró en un 5.9 % del Producto Interno Bruto (PIB).

“Debemos a la patria seguir fortaleciendo los acuerdos necesarios como el que hemos postergado en materia fiscal. Es imperativo este acuerdo para garantizar una sociedad que tenga la fuerza necesaria para seguir impulsando bienestar, desarrollo, educación, salud, seguridad, vivienda; que tenga las condiciones para generar empleo de calidad y reducción de la pobreza”, dijo Solís.

El Gobierno impulsa proyectos de ley para aumentar los ingresos como uno para la introducción de la renta global y otro para convertir el impuesto de ventas del 13% en uno de valor agregado del 15%.

El Nuevo Diario