Rafael Pardo acaba de asumir como ministro para el Posconflicto y, según le dijo a EL TIEMPO, su principal desafío es que a partir de la firma de los acuerdos de paz se generen condiciones para un mayor crecimiento de la economía.

¿Cómo entiende usted el posconflicto?

El posconflicto es Colombia sin conflicto. Durante el último medio siglo, casi todos los alcaldes, gobernadores o presidentes tenían que dedicarle una parte de su esfuerzo, tiempo y energía a saber cómo manejar una conflictividad armada y violenta. Si este elemento desaparece, el país todo, los sectores público y privado van a poder concentrarse en construir un mejor país.

¿El posconflicto será una fase de muchos años?

Lo que está planteado es que la construcción de la paz en Colombia tarde no menos de 10 años. Un ejemplo: Colombia ha abandonado históricamente el sector rural, que es donde ocurre buena parte del conflicto. Según el Censo Agropecuario, solo el 10 por ciento de las unidades productivas rurales tienen crédito y solo el 10 por ciento tienen asistencia técnica. Esto quiere decir que el 90 por ciento de los campesinos medianos, pequeños, incluso grandes, no tienen ni crédito ni asistencia técnica. Así, el campo no es buen negocio para nadie. Lograr que el sector rural sea parte de la economía debe ser parte del posconflicto.

¿Esa nueva etapa conduciría a mejores resultados económicos para Colombia?

El posconflicto va a reactivar la economía. Colombia sin conflicto generará confianza en la empresa privada y habrá algunas que irán a regiones que nunca han estado en su radar con el fin de hacerlas productivas. En esa etapa se tiene que superar la ilegalidad de la economía en algunas zonas y todo esto redundará necesariamente en un mayor crecimiento económico. En otros países donde ha habido procesos de paz, en los cinco años siguientes a la firma de los acuerdos las economías han crecido entre 1,5 y 2 por ciento. Desde el Gobierno vamos a trabajar en estímulos tributarios para que las empresas se comprometan con la generación de ingresos en zonas deprimidas.

¿Habrá zonas prioritarias?

El posconflicto no es un tema que se pueda restringir geográficamente a unos municipios; tampoco son beneficios para los desmovilizados ni para las zonas donde hoy día hay conflicto, pues hay lugares donde hoy no hay conflicto, pero hace 5 o 10 años atrás sí lo hubo.

¿Será transversal, comprometiendo a diversos sectores de la vida nacional?

Es totalmente transversal. La mayoría de la propiedad y de la producción rural no es formal, no tiene títulos de propiedad de la tierra, no tiene crédito, es una producción agropecuaria que no está plenamente incorporada a los canales de productividad que tiene Colombia en los grandes centros urbanos. Además, el posconflicto no está restringido a quienes estén alzados en armas.

¿Entonces habrá acciones en zonas urbanas?

Un país en posconflicto es un país en el cual todo el mundo está en las mismas condiciones de oportunidad. Por ejemplo, hay zonas urbanas que están estigmatizadas: mucha gente de Ciudad Bolívar, en Bogotá, se queja de que si dice que vive en esa área no le dan empleo en determinadas empresas. En el posconflicto se deben abordar realidades como esa.

¿Cuáles serán algunas prioridades suyas?

Tenemos claro que una primera etapa es la creación institucional. En la reforma del Ministerio de Agricultura se acaba de crear la Agencia de Desarrollo Territorial, encargada de ejecutar los temas del posconflicto.

¿Esa agencia dependerá del Ministerio de Agricultura o de su cartera?

Por ahora, de Agricultura, pero va a depender de la Presidencia y es la agencia ejecutora del posconflicto. Servirá como un paraguas del fondo que recibirá recursos nacionales e internacionales. Ahí llegarán los recursos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, uno que está creando Naciones Unidas, otro de la Unión Europea y uno más del Presupuesto Nacional que permite que haya una fuente propia de recursos.

¿El Ministerio del Posconflicto va a tener una parte estructural, operativa?

Sí, será esta agencia. Pero muchos programas de posconflicto estarán en otras entidades nacionales, y otros más a cargo de gobernaciones y alcaldías.

¿Habrá problemas inmediatos por resolver en la etapa posterior al conflicto?

Hemos identificado 18 líneas de proyectos para desarrollar a nivel inmediato. Serán líneas para estar en operación en el momento de los acuerdos. Algunos de ellos operarán en 300 municipios, otros en 50, de acuerdo con la intensidad de cada uno.

¿Cuáles serán las prioridades que habrá dentro de esas líneas de acción que usted menciona?

Vamos a hacer un gran esfuerzo para fortalecer mecanismos de justicia alternativa como resolución de conflictos, jueces e inspectores de policía. También tenemos que hacer un gran trabajo en generación de ingresos. En este sentido, por ejemplo, vamos a trabajar con el Ministerio de Agricultura para concentrar su esfuerzo del programa Colombia Siembra en 250 municipios. Se va a crear una gerencia para el posconflicto en el Banco Agrario, que es la entidad financiera que está presente en la mayoría de los municipios y la que más ayuda a los campesinos. La Superintendencia Financiera va a trabajar en unos elementos de todo el sistema financiero para que el crédito llegue a estos municipios. En estas mismas poblaciones vamos a articular cadenas de compra y concentraremos el desminado en 20 de ellas. Estas serían algunas de las acciones inmediatas.

¿El acuerdo que se suscriba en La Habana será una fuente que indique las acciones por seguir en el posconflicto?

Los acuerdos están siendo diseccionados por todas las entidades del Gobierno de manera que podría haber un proyecto por cada punto del acuerdo. Hay unos 280 ítems distintos que implicarían proyectos y acciones y que tendrán algún soporte en el presupuesto del 2017.

¿Pero las acciones del posconflicto solo se limitarán a los acuerdos?

No. El plan de acción inmediata no tiene que ver con los acuerdos de La Habana. Pero claro que, como dije antes, los puntos del acuerdo sí tendrán desarrollo y recursos.

¿El privado que ayude en el posconflicto podría tener alivios tributarios?

Sí, eso lo podemos mirar en la reforma tributaria y estamos trabajando, pero hay cosas que no requieren de reforma tributaria.

¿Hay riesgo de que aumente la violencia tras la firma de los acuerdos?

Donde ha ocurrido es porque ha habido o debilitamiento o desmantelamiento de las instituciones militares y policiales. Aquí estamos en la línea contraria, pero tenemos que trabajar para evitarlo. La firma de acuerdos de paz no significa reducir la Fuerza Pública, sino fortalecerla.

¿Recomendaría reducir los recursos de la seguridad?

No, sería un error. Si no se elevan, por lo menos hay que mantener los que hay.

¿Cómo hacer para que las zonas donde las Farc han tenido el poder por décadas no sean copadas por otros actores criminales?

Eso tiene que ver con la presencia de Fuerza Pública y de justicia. Serán dos de los principales esfuerzos que hay que hacer en el posconflicto. A corto plazo vamos a concentrar nuestro esfuerzo en acciones de justicia alternativa.

El Tiempo