La extracción de litio en los grandes salares del norte argentino generó en los últimos años dos graves problemas que están unificados y podrían crecer al rítmo de la industria mundial asentada en el lugar: el impacto ambiental por el uso excesivo del agua y las quejas de las comunidades indígenas por los cambios que afectan a sus vidas.

El elevado consumo de agua para la obtención de litio vía evaporación es el impacto ambiental más significativo que denuncian los activistas ecológicos. No sólo ello: el impacto ambiental por este tema llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2010 de la mano de una mesa de 33 comunidades originarias para la Defensa y Gestión del Territorio (Salta y Jujuy) que presentó una acción de amparo exigiendo la consulta previa sobre los proyectos extractivos en Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes. Hubo una audiencia pública convocada por la misma Corte, pero el tema no prosperó. Ahora los abogados de las comunidades indígenas del Norte irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer sentir allí sus protestas.

Según un informe de esta fundación, “las comunidades indígenas que habitan las zonas no necesariamente se oponen a la explotación del mineral, sino que quieren que se garanticen sus derechos y la posibilidad de poder decidir su modelo de desarrollo”. Para la fundación que integra Marchegiani hay “escasos controles provinciales y falta información sobre los elementos químicos que agregan las empresas para la extracción del litio”. Este es uno de los factores determinantes en toda la industria minera. De hecho, la empresa Barrick fue denunciada por el impacto ambiental de su proyecto (ver aparte).

La Nación